Fueron 187 palabras. Ni una más ni una menos. Cero preguntas, por supuesto. Eso es lo que creyó oportuno y necesario la secretaría de medios para que más de 40 millones de personas estén informados de la salud de la funcionaria más importante del país cuando difundió ayer en menos de dos minutos el nuevo parte médico presidencial. Inexplicable, por no decir penoso. Allí no hay casualidades ni equivocaciones: es todo un símbolo y un modo de entender el poder. En primera persona, sin dar demasiadas explicaciones y, desde ya, sin admitir ningún tipo de cuestionario.
Por fortuna para ella y su familia primero y, casi a la par, para beneplácito de las instituciones y de la enorme mayoría de los ciudadanos, Cristina Fernández de Kirchner se reintegrará a sus funciones la semana próxima. Los 30 días de su licencia tuvieron algunos denominadores comunes. En lo personal, transformar la íntima situación de la salud en norma pública con reticencia a cumplir con la función republicana de su gabinete de dar cuenta de los actos que afectan a un gobierno e impedir saber la evolución minuciosa de la mandataria. En lo político, con una pelea interna entre halcones duros y palomas blandas que disputan ser el fiel de la balanza que incline el tono de la gestión en los 25 meses que quedan antes de la entrega del poder al próximo presidente.
Ejemplos: hay lanzadas campañas internas (algunas impúdicas) para suceder a Hernán Lorenzino al frente del Palacio de Hacienda. A algunas redacciones capitalinas hasta llegaron frondosas carpetas señalando los autodenominados aciertos de algunos titulares de reparticiones descentralizadas a manera de curriculum propiciatorio para el cargo. En sordina, se sabe que Diego Bossio, Mercedes Marcó del Ponto y Axel Kicilof cotizan en las encuestas de los más nominados. "Pero no lo descartes a Guillermo Moreno" le dijo a este cronista un avezado operador político que ocupa un despacho en la Casa Rosada desde la época de Menem, especializado en la relación con las provincias. Habrá sido la cara de sorpresa de su interlocutor lo que obligó al hombre a argumentar esta hipótesis. "Sería la más dramática demostración de que el modelo no se cambia. Porque enterate que el modelo no cambia", agregó con sobreactuación la misma fuente.
Uno sabe que muchos funcionarios del gobierno creen que la última parte de la gestión K no debe torcer el rumbo ni aún con el resultado adverso de las urnas del 27. Allí se inscriben Juan Abal Medina, la militancia de la Cámpora (un twit de ayer uno de estos jóvenes fue "Now Cristina, no mercy with them". Ahora, sin piedad con ellos, para traducirlo) y hasta Aníbal Fernández. También hay muchos antecedentes históricos al respecto de la intransigencia comenzando por la reacción oficial luego de la pelea con el campo. Pero proponer al irritante secretario de Comercio que sigue negando que haya aumentos de precios o que bautiza a un perro con el nombre de pila del presidente de una organización industrial que va a escuchar como en misa sus sermones, parece mucho. "Ni lo sueñes", descarta de plano un ministro del gabinete. "La jefa tiene claro que Moreno sirve para asustar pero no para un cargo. Nombrarlo sería como repetir el error Flamarique en la época de De la Rúa", grafica en estricto off. Quizá sea exagerada la metáfora. Cristina no tiene ninguna semejanza con aquel presidente radical ni en su capacidad de mando, ni en su gestión ni en el deterioro socioeconómico del 2001. Pero el nivel de irritación que supondría semejante nombramiento no sería menor.
El Ministerio de Economía es sólo un botón que intenta contar el hervidero que es hoy el centro del poder en Balcarce 50. Casa Rosada sabe con encuestas propias en la mano que salvo el buen ministro Florencio Randazzo y su par Lino Barañao (con alto grado de desconocimiento masivo, es cierto) el resto del gabinete está hundido en la desconfianza popular. Será por eso que se imaginan tantos cambios a partir de la semana que viene.
Napoleón y la Afip: La parálisis a la hora de toma de medidas que se imponen como necesarias no es exclusiva del Poder Ejecutivo nacional atravesado por el estado de la salud de la presidente. La pérdida de reservas, el fracaso del cepo cambiario y del congelamiento de precios son la cara visible pero no la única. En la campaña que concluyó hace poco más de dos semanas todos los candidatos dijeron que era prioridad el tema de la inseguridad. Algunos, propusieron la baja de la edad de punibilidad penal. La mayoría, la creación de un sistema sancionatorio juvenil. Nadie movió un dedo en ese sentido luego de los comicios. Las comisiones del Congreso ni se reunieron. Ni kirchneristas, radicales o socialistas dieron el presente. Un verdadero desprecio por lo dicho para ganar votos.
Sí cobró inusitado impulso el deseo de sancionar la unificación del Código Civil y Comercial avalado por Ricardo Lorenzetti. "Me siento Napoleón", había dicho Cristina cuando recibió hace un año el anteproyecto. Luego, lo guardó en el olvido. Ahora les ha dado el apuro de considerar la iniciativa encabezada por el juez supremo. ¿Aprobación sin debate a libro cerrado? Allí hay polémicas menores: si un chico de 13 años puede discutir la patria potestad de sus padres para "tratamientos no invasivos o decisiones propias de su edad" (sic) es hojarasca. Los legisladores deberían leer lo que se pone, por ejemplo, en el artículo 14 y 240 del Código postergando los derechos individuales tradicionales por los de "incidencia colectiva". ¿Saben de qué se trata? ¿Hay colisión, por ejemplo, entre la propiedad individual y un reclamo indefinido de un colectivo grupal?
Ni legisladores ni medios de comunicación parecen interesados en el debate. Los primeros, porque ya han declarado el fin del mandato o del año legislativo. Los periodistas, porque parecemos enroscados en peleas mezquinas de desacreditaciones personales. Otro ejemplo individual que sirve de muestra: Magdalena Ruiz Guiñazú tiene sobrados antecedentes para ser considerada un ejemplo en el ejercicio de su oficio en tiempos negros. Usó su micrófono para denunciar al temible Albano Harguindeguy cuando la dictadura. Fue miembro de la Conadep y tanto más. No merece la diatriba que hoy recibe por opinar distinto. Tampoco tiene derecho ella a ubicarse en la categoría de "perseguida" si el órgano tributario le reclama como a cualquier otro mortal que dé cuenta de sus actos ante esa repartición. Mucho más, si queda probado que ella misma instó un trámite para eximirse, quizá con derecho, de un pago excepcional. No son sólo los inquilinos del poder los que se sienten dueños de toda la opinión irrefutable. A veces, los que cuentan la realidad, también. De un lado y del otro.