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Viernes 12 de Mayo de 2017

Políticas de Estado

En la Argentina hay pocas situaciones, casi ninguna, que pueden predecirse porque los gobiernos que se suceden con los años implementan sus propias políticas sin tener en cuenta la necesidad de la armonía necesaria para el crecimiento de cualquier Nación.

Desde el definitivo regreso de la democracia en 1983 hubo orientaciones neoliberales, proteccionistas y otras difíciles de calificar. Un gobierno avanzaba en una dirección y el siguiente debía hacer profundas correcciones, pero también terminaba complicado y enredado por el mismo problema: la falta de acuerdo en políticas de Estado a largo plazo.

Sin embargo, lo ocurrido esta semana con el repudio generalizado de la sociedad al fallo de la Corte Suprema, que aplicó el cómputo del 2 por 1 por cada día de detención a un represor de la dictadura, sorprendió a todos. Por fin hay alguna certeza en este país: los golpes de Estado y los genocidios son cosas sepultadas en el pasado porque la sociedad civil los desprecia profundamente.

Los diputados nacionales, que representan al pueblo, y los senadores en nombre de los Estados provinciales sancionaron por unanimidad (sólo un legislador votó en contra), una ley que le puso freno a un despropósito pocas veces visto. La mayúscula falta de lectura política de la realidad de los tres magistrados que votaron la aplicación del 2x1 sirvió para demostrar que en los grandes temas nacionales que conmueven profundamente a los argentinos pueden haber coincidencias.

No podía pasarse por alto que criminales a sueldo del Estado, juzgados y condenados y sin el menor grado de arrepentimiento se beneficien con la "ley más benigna", como argumentaron los jueces.

La dictadura había convertido al Estado en terrorista con el objetivo de reprimir a grupos armados que deberían haber sido combatidos en la legalidad y en los estrados judiciales. Pero la orgía asesina de los militares, que se autoadjudicaron la potestad de decidir la vida o la muerte de las personas, llegó a todos los sectores de la sociedad y cruzó transversalmente clases sociales y niveles culturales. Tal vez sea por eso que el rechazo a disminuir las condenas de los genocidas haya sido unánime.

Analizar a la Argentina desde afuera siempre ha sido tentador para los historiadores. Robert Potash, norteamericano y fallecido el año pasado, fue uno de los extranjeros que dedicó su vida académica a Latinoamérica, especialmente a la Argentina. Tenía una particular visión de lo que ocurrió en estas latitudes en las relaciones entre civiles y militares. Así lo remarcó hace años, en una de sus últimas visitas al país, durante una entrevista con el periodista Andrew Graham-Yooll publicada en el diario Página/12.

"Antes de los setenta, hubo muertes y ejecuciones, como en 1956, por ejemplo, pero no afectaron a tantas personas. Esto, lo de la década de los 70, dejó como una mancha en la sociedad, dondequiera que uno estuviese. Y los efectos no disminuyeron con el tiempo", explicó Potash.

El historiador sostuvo que "hay quienes están dedicados a mantener viva la memoria. Los juicios y las víctimas sugieren que no habrá descanso hasta que se haya castigado al último de los perpetradores. Esto significa -agregó- que los acusados y sus socios seguirán negándose a ventilar lo que saben porque pueden ser castigados".

Potash entendía que la "tragedia argentina" había comenzado en los 70 y a considerar por lo que sucedió después no estaba tan equivocado.

La Argentina, un país que cinco o seis décadas atrás era uno de los más prósperos del planeta se había convertido en un gran campo de concentración para diezmar la condición humana. La marginalidad tuvo un crecimiento exponencial y la pobreza ya castiga a un tercio de la población en un marco de niveles de inseguridad nunca vistos años antes. ¿Cómo se explica?

Las respuestas a esos interrogantes son tan amplias como los problemas de este país. Al menos, más allá de las especulaciones políticas que se han escuchado públicamente o por lo bajo, pero que pocos se animan a reproducir sobre el fallo de la Corte, por primera vez en años hubo acuerdo sobre un tema medular que involucran valores de la democracia y la libertad. Y no es poca cosa.

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