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Viernes 17 de Agosto de 2012

Política y cuidado de la infancia, una ecuación posible

Por Myriam Southwell / Una valoración sobre la decisión oficial de cómo los chicos promocionan el primer grado.

Generar políticas para el bienestar y la inclusión plena de todos es un deber de los estados, así como utilizar el conocimiento científico producido para asentarlas en bases más claras y colectivas es parte de esa producción  virtuosa. A veces esa dupla conocimiento sistematizado/formulación de políticas puede ir incluso a contramano de una generalizada opinión pública. Allí es valioso formularse la pregunta acerca de si deben plebiscitarse las  medidas sustantivas o si es deber de quien conduce formular medidas fundadas y velar por los equilibrios.

Esta perspectiva es el punto de partida para valorar la decisión reciente del Consejo Federal de Educación acerca de la regulación de las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y modalidades a través de la  Resolución 174/2012. Esa medida consensuada entre las jurisdicciones incluye formular ciclos como criterio de promoción, formando una unidad pedagógica con los dos primeros años de escolaridad primaria; desarrollar  alternativas pedagógicas específicas para quienes ingresan tardíamente y generar formas de reingresos a la escuela para que la deserción no sea definitiva; facilitar los traslados y reingresos entre jurisdicciones, revisar las formas consolidadas de interrupción de la trayectoria escolar de niños y niñas con y sin discapacidad, maximizar los planes de inclusión de estudiantes con discapacidades en escuelas primarias comunes, etcétera.

Aportes. La institución en la que trabajamos ha aportado mucho conocimiento en relación a afirmar que es necesario revisar el formato escolar clásico, que la homogeneidad escolar no es condición ni garantía para una distribución equitativa del conocimiento, que la organización “graduada” de la escuela no es “natural”, que la maduración que requiere el aprendizaje no sigue tiempos homogéneos en los distintos niños y niñas, que los  mecanismos tradicionales de la repitencia no han generado  mejores aprendizajes y —además— que todos esos aspectos articulados contribuyen a que niños, niñas y jóvenes queden fuera de la escuela, por lo que se hace indispensable desarrollar creativamente alternativas de reingresos a la escuela y al conocimiento socialmente validado.

Desconocer estos aspectos o no convertirlos en insumo para las políticas públicas significaría quitarle potencialidad a la producción académica en la que trabajamos. Considerar los dos primeros años de la escolaridad primaria como una unidad pedagógica, supervisada, acompañada, apoyada por acciones dirigidas a asegurar el aprendizaje contribuirá a lograr una mayor justicia escolar y constituye una política de cuidado para que el destino escolar y social no quede negativa e inexorablemente marcado desde la temprana edad de 6 ó 7 años.

Ahora bien, no resignaremos tampoco la necesidad de ejercicio crítico acerca de que para que se trate de una política de cuidado, es indispensable que involucre un conjunto de mecanismos para supervisar, reforzar,  diversificar estrategias e implementar los programas intersectoriales para que los aprendizajes efectivamente ocurran y la inclusión sea a la participación plena y activa en la cultura. De otra manera, la transformación virtuosa quedará sin efecto.

Responsabilidades. También los estados —con la colaboración de instituciones académicas como la nuestra— son responsables de construir y proveer información, tanto aquella referida a su evolución cuantitativa así como también información cualitativa que permita reforzar aprendizajes, reencausar trayectorias e intervenir tempranamente. De hecho, los problemas de deserción, repitencia y expulsión son tan viejos como los sistemas educativos mismos, sin embargo, sólo cuando se sistematizó la información y puso a disposición discursos públicos que pudieran abordarlo, conceptualizarlo como un problema y explicitar que era injusto e inaceptable. Así  las instituciones —y los estados en particular— construyen el problema sobre el que están concernidos a intervenir.

En términos de una política de cuidado lograr que todos tengan una escolaridad exitosa no debe ser sólo un mérito individual, sino que debe estar enmarcado en la obligación que los estados tienen de generar las  condiciones para que todos puedan desplegarla.

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