En la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe espera por su tratamiento y aprobación el proyecto para que se terminen los llamados despidos sin causa que abundan en la educación privada. La iniciativa ya tiene, desde fines de 2012, media sanción de Diputados. En términos generales establece que las escuelas privadas que reciben subsidio del Estado no pueden despedir a los trabajadores docentes sin invocación de causa y en caso contrario se promueve la quita del subsidio. El debate por esta norma se reanudó con fuerza esta semana luego de que se conociera que cuatro profesores de una institución terciaria habían sido echados por afiliarse al gremio.
En febrero pasado, cuatro docentes que trabajaban en el Instituto TEC recibieron telegramas de despidos "sin causa". Sin embargo, los motivos de esa expulsión eran bien conocidos por los educadores: se habían afiliado al Sadop Rosario y reclamado para que se regularice su situación laboral. No sólo no tenían parte de sus salarios registrados, sino que no cobraban ni aguinaldo ni vacaciones ni los meses de enero y febrero. Si bien este instituto está autorizado para enseñar por el Ministerio de Educación provincial y no recibe subsidios del Estado, la medida arbitraria derivó en la denuncia ante la justicia por discriminación ideológica. Además de mostrar la vulnerabilidad en la que se trabaja y enseña.
En la Justicia. Tres de esos docentes piden una indemnización agravada y otro que se lo reintegre en el puesto de trabajo. Tanto desde el gremio de los particulares como el abogado de este sindicato, Lucas Elías, coincidieron en destacar que esto último se trata de un reclamo novedoso ante la Justicia, ya que busca poner un freno a los mal llamados despidos sin causa, que luego las entidades educativas pretenden "tapar con plata". "No hay despidos sin causa, hay causas pero no se las quieren o no pueden contar", analizó el secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero.
La práctica de los despidos en el ámbito de la educación privada es más común de lo que se conoce públicamente. Por eso los educadores de este sector vieron con agrado que los Diputados provinciales aprobaran el proyecto de ley impulsado por Luis Daniel Rubeo y que consiguió el aval de los demás legisladores. "En la práctica el Servicio Provincial de Enseñanza Privada sólo se limita a exigir el cumplimiento del pago de las indemnizaciones ante el despido de un docente", había explicado el legislador al aprobarse el proyecto, además de recordar que lo que se busca es "desalentar los despidos sin invocación de causa".
Para Lucero es clave entender el sentido del subsidio estatal. "Estamos convencidos de la finalidad social e inclusiva del aporte estatal y no lo entendemos como un derecho absoluto de las entidades propietarias. Todo lo contrario creemos que está destinado a garantizar el derecho de alumnos, docentes y padres a enseñar y aprender", sostuvo el titular del Sadop en diferentes oportunidades. Paralelamente, y a la luz de lo ocurrido en el terciario rosarino, tanto Lucero como su par gremial, Gustavo Monduzzi, reclamaron mayores controles del Estado provincial en estos institutos.
Turno del Senado. Ahora resta conocer qué actitud tomarán los senadores provinciales que deben tratar este proyecto que ya cosechó la media sanción. En 2010, y cuando recibió el visto bueno de la Cámara baja, se habían constatado por el Ministerio de Educación aproximadamente 6 mil ceses sin causa en los 3 años anteriores, de los cuales el Sadop Rosario estimaba que el 30 por ciento correspondía a despidos sin causa o comodalidades similares que lo ocultan. Lo cual representaban unos 700 despidos por año.
El debate también resurge cuando el Sadop local convocó a un congreso nacional en la ciudad, del que participaron más de 700 educadores de todo el país, para discutir sobre los derechos laborales.