Las escuchas que a un juez federal le hicieron inferir la existencia de un plan para atentar contra dos funcionarios judiciales fueron publicadas el sábado. Al momento que la nota se redactaba este diario ya sabía que los teléfonos de a quienes se atribuye la charla habían sido secuestrados por la TOE. Y también que dos días antes el mismo juez federal había ordenado a Gendarmería requisar la celda donde estaba uno de ellos, el policía Germán Almirón, con la orden de despojarlo de celulares y una notebook, medida fallida porque el lugar de detención supuesto estaba errado.
La existencia de esos operativos revela que no seguir escuchando los diálogos adjudicados a Almirón con Aron Treves fue producto de la decisión previa de los investigadores de sacarles los teléfonos. Para el momento que tal cosa se decidió, además, la información estaba ya en conocimiento de varios medios. Que uno de ellos decidiera no revelar nada no habría impedido que el contenido circulara si otro tomaba la decisión contraria.
Hay una responsabilidad de los medios hacia la comunidad que no puede ampararse en forma necia en el derecho irrestricto de publicación. Pero al momento de resolver la publicación este medio sabía que los contactos entre los dos presos se habían suprimido por una decisión institucional. Y que había otros medios, lo que es secundario, manejando los mismos datos. En un contexto semejante la decisión sería hoy igual a la adoptada el viernes pasado.
El fiscal Aníbal Vescovo dijo que la difusión de las escuchas perjudicó la investigación. Pero recibió los oficios el miércoles y hasta el viernes no había tomado ninguna medida.
Hoy varios periodistas que, de tenerla en sus manos, no habrían dudado en publicar sin precauciones la información revelada fungen de tribunal de ética de sus colegas. Y acusan a diarios que lo hicieron de haber recibido los datos del gobierno provincial con el propósito de victimizar a alguno de sus integrantes. Es notable el modo en que convierten el resultado de sus intuiciones, encima errando, en hechos que publican como irrefutables. Para después hablar de responsabilidad profesional de los medios.