La retirada de las tropas de Gendarmería de la ciudad marcó esta semana el inicio de un 2015 que, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral, tendrá a la problemática de la seguridad como eje de encendidos discursos, muchos de ellos apocalípticos.
Es cierto que la presencia de las fuerzas federales no iba a ser eterna, y como alguna vez cantó Vox Dei: “Todo concluye al fin... todo termina”.
Los uniformados que desembarcaron casi cinematográficamente en Rosario aquel 9 de abril del año pasado se fueron generando mucho menos ruido, casi en forma subrepticia y desapercibida.
Su partida no es más que un eslabón dentro del plan trazado por los gobiernos nacional y provincial, que, como toda estrategia, tiene sus etapas.
La primera fue pacificar los barrios más violentos, aquellos en donde la policía provincial gerenciaba el delito en vez de combatirlo, y donde ahora tendrá la difícil tarea de volver a patrullar.
El gobierno provincial tiene por delante el gran desafío de demostrar que los cambios que introdujo en su policía pueden dar buenos resultados.
La presencia de gendarmes le dio al Ministerio de Seguridad que comanda Raúl Lamberto el tiempo necesario para pulir la flamante Policía de Acción Táctica, una fuerza compuesta por 750 miembros y que será la punta de lanza con la que la gestión de Antonio Bonfatti intentará sanear una fuerza policial infectada hasta la médula por la corrupción.
El desembarco de Gendarmería fue una muestra más de la buena sintonía entre la administración central y la provincia. Un trabajo en conjunto que permitió ingresar a los operadores sociales en las zonas más vulnerables, pero que también apuntó a otros aspectos y demostró que cuando la política deja de mirarse el ombligo y trabaja en conjunto, sin dudas cumple su misión: mejorarle la vida a la gente.
Prueba de esto es el avance de las obras que permitirán en marzo la puesta en marcha de un servicio diario de trenes entre Rosario y Buenos Aires; el ensanche de la avenida de Circunvalación (una obra clave que ya comenzó a repercutir en la disminución de accidentes) y el aumento de servicios regulares en el aeropuerto local, lo que vuelve a imprimirle dinamismo a una terminal aérea que años atrás estuvo prácticamente inactiva; por citar sólo algunos ejemplos de las gestiones que financia en Rosario el gobierno nacional.
Pueblo chico, infierno grande. Esa buena sintonía no tiene su correlato puertas adentro de la ciudad, donde Mónica Fein gobierna con un Concejo netamente opositor que, salvo excepciones, utiliza esa superioridad para poner trabas a la gestión de gobierno. Prueba de ello fue el eterno debate por el aumento del pasaje de colectivos. A juzgar por la economía inflacionaria, regresará en marzo con otro pedido de incremento. Obvio, volverán las puestas en escena y discursos de campaña.
Fein está sufriendo por estas horas críticas más mordaces de sus propios compañeros del Frente Progresista que de sus adversarios políticos. Pablo Javkin y el presidente del Concejo, Miguel Zamarini, montaron su campaña bajo el eslogan “por los barrios”, al tiempo que pregonan la vieja muletilla que tanto le achacó la oposición al socialismo: gobernar para el centro y dejar de lado la periferia. No hay peor astilla que la del mismo palo, dice el refrán.
Recluida en una quinta del Gran Rosario, la intendenta definirá en estos días si irá por la reelección de su mandato, algo que, de lograrlo, emularía los pasos de su líder político: Miguel Lifschitz.
A Lifschitz también la oposición le achacaba el hecho de gobernar para el centro, y en su segundo mandato (2007) llegó al Palacio de los Leones ganando en todos los barrios. ¿Podrá Fein seguir esos pasos? Gran parte de esa respuesta la tendrá el éxito o no del gobierno provincial en materia de seguridad, el tema que más desvela a los rosarinos.
Sin gendarmes, y con una policía con antecedentes bastante lamentables, el final es abierto.