Ricardo Lorenzetti levantó su teléfono alrededor de las 10 de la mañana para escuchar a Mauricio Macri y supo los nombres pensados por el presidente para la Corte Suprema. Tomó nota de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sin sobresaltarse. Se estaba enterando de estas propuestas bastante antes que buena parte del gobierno de Cambiemos. Por ejemplo, Gabriela Michetti y el bloque de diputados del PRO se desayunaron casi con la prensa. A la tarde de ese segundo día hábil de gobierno, Macri lo volvió a llamar y le dijo: "En un rato anunciamos que invocaremos el artículo 99 de la Constitución para que asuman cuanto antes". Allí el titular de la Corte sí se sorprendió. Algunos dicen que entró en un cono de preocupación.
Dos días después fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, el que pidió hablar con Lorenzetti. "Queremos que los nuevos jueces juren mañana mismo". El desconcierto y la molestia inundaron el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Desde entonces y hasta el viernes pasado, en que una reunión entre las dos cabezas de los poderes del Estado que estaban en pugna lograron un acuerdo sin vencedores ni vencidos, Macri había decidido actuar movido por el impulso, su deseo de mostrar autoridad a cualquier precio y de imponer su agenda en la Justicia. Ya se sabe que en la política argentina no paga pedir disculpas por los errores. Ser fuerte es ser obcecado. Así nos va. La decisión de postergar las asunciones en la Corte hasta que se hayan cumplido las audiencias públicas previstas por la ley es una implícita corrección del error y hay que saludarlo sin dejar de anotar la inicial torpeza, a todas luces inexplicable. Un dato más: hace 48 horas se abrió la posibilidad concreta de que el presidente convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar los nombramientos en acuerdo con el peronismo disidente y otras fuerzas no PRO. Sería lo ideal.
¿Qué pasó por la cabeza de Mauricio Macri para arremeter de esa manera forzando un viejo inciso de la Constitución nacional (quizá derogado por desuetudo, modo jurídico de abrogación de leyes por su no uso prolongado) con el fin de completar la Corte? Es difícil saberlo y apresurado para analizar a 10 días de gestión. Se sabe que los que le pusieron letra y música a esto fueron el ex presidente radical Ernesto Sanz (muy activo a la hora de apadrinar a correligionarios y ubicarlos en puestos públicos seguros) y el abogado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, un dirigente PRO que vino a formar parte de la mesa chica de Macri de la mano del histórico José Torello. ¿Y Elisa Carrió? Su silencio y mutismo en invocaciones republicanas parecen ubicarla en el asentimiento tácito. ¿Alguien imagina lo que hubiera dicho de haber sido Cristina Kirchner la autora de la iniciativa? Por las dudas: la doctora Fernández quedará en la historia por haber sido una de las primeras magistradas más despreciativas de la división de poderes, cultora del autoritarismo y del personalismo como pocas veces se ha visto. Pero es hora de terminar con las distintas varas de análisis de la ley según quien la transgrede. Hacerlo está mal: sea del PRO o del peronismo. Caso contrario, se confirmará que el apego de la Constitución es pétreo sólo si se está en la oposición.
El mismo caso se verifica a la hora de analizar la salida del cepo cambiario producido en esta semana. Resulta que el kirchnerismo se rasga las vestiduras por eso. ¿No era que el cepo no existía para los K? Si hasta la ex presidente del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, autora material e intelectual de ese disparate de restricción cambiaria, salió a gritar en estos días por la medida. Nadie puede ser privado de su derecho a la expresión. Todos, sin embargo, deberían recordar que el pudor es un valor muy noble que, ejercido, suele paralizar la lengua de los que fracasaron, sobre todo cuando pretenden dar cátedra en la materia que estropearon. Y más: si la medida del fracaso fuese proporcional al tiempo de silencio pudoroso, la señora Marcó del Pont debería llamarse a la oración silenciosa hasta que se estrene Star Wars 11.
La devaluación del 40 por ciento puesta negro sobre blanco en estos días, ¿es inocente, inocua y exenta de comentarios? Claro que no. Si no se combina con una batería fuerte de políticas sociales, el costo sólo será afrontado por los asalariados y por la industria nacional que necesita reactivarse. Salir del cepo fue, primero, un cumplimiento de promesa de campaña. No es poco. Luego, un acto de sinceramiento tras años de negar la inflación, destruir los índices de medición de pobreza, estancamiento y recesión y, por fin, un instrumento, sólo eso, que si no se acompaña de medidas que ataquen los precios y protejan los salarios volverá a ser el verdugo de las mayorías. Esta semana que empieza debería ser el escenario para conocer qué opción se elige.
Otra vez Irán. En gran trabajo de investigación de los periodistas Daniel Santoro y Nicolás Wiñazki demostró que el canciller Héctor Timerman estaba seguro que Irán era el autor de la voladura de la Amia. En una grabación difundida por estos días se escucha al ex ministro de Relaciones Exteriores decir dos veces, ante autoridades judías, que "Irán puso la bomba". La charla fue sostenida en 2012, es decir antes de que el propio Timerman firmara y defendiera un acuerdo de "entendimiento" con la nación que asesinó, según él y la Justicia argentina, a 86 personas.
Superada la revulsión moral inicial que a cualquier ser humano le invade al pensarse pactando con quien sabe que es el autor de un acto terrorista, el hecho viene a probar el disparate del acuerdo y la encomiable decisión del nuevo gobierno de hacer caer el memorándum, desistiendo de los recursos judiciales aún vigentes.
Cuando se debatía legislativamente el tema y los senadores y diputados oficialistas levantaban con obediencia la mano creyendo que era más valioso el dogma sectario de aprobar cualquier cosa "porque lo pedía la jefa" antes que detenerse y pensar con criterio personal, este cronista preguntó si dar el sí al memorándum no era un acto de alta traición a la patria. La Constitución lo prevé en su artículo 29. El entonces jefe de gabinete dijo que esa pregunta era una idiotez. Hoy que la hipótesis del encubrimiento tiene la voz del canciller, ¿sigue siendo una idiotez? ¿Qué sienten esos mismos legisladores que optaron por la obediencia debida antes que por el respeto a las víctimas de la Amia? ¿Toma otro color la investigación de la muerte de Alberto Nisman?
A propósito: parece que en las próximas semanas la jueza de esa causa derivará los expedientes a la Justicia federal, como desea Sandra Arroyo Salgado. Rara reacción a esta altura de los acontecimientos de Fabiana Palmaghini apartando a la fiscal Viviana Fein, que podrá recibir reclamos por sus procedimientos pero no por su honestidad. Un acto que llega sobre las fiestas, que aparece como un pedido navideño de alguna de las partes.