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Domingo, 14 de abril de 201301:00

El arte de vender el alma al diablo

(Por Osvaldo Aguirre / La Capital). _ Sebastián Pereyra propone en Política y transparencia un conjunto de datos y reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción en la Argentina, desde su aparición en los 90. La prensa, las ONG y la Justicia.

El autor. Sebastián Pereyra es profesor en la Universidad Nacional de San Martín e investigador del Conicet.

Por Osvaldo Aguirre / La Capital (oaguirre@lacapital.com.ar)

Es uno de los grandes problemas del país. Afecta, visiblemente, a la clase política, pero también puede localizarse en otros grupos sociales. El periodismo es su principal investigador. El análisis de la corrupción no suele pasar de estas y otras observaciones de sentido común. Política y transparencia, un libro del sociólogo Sebastián Pereyra, explora justamente la constitución del fenómeno como un problema en la Argentina, desde los años 90, a través de una investigación que propone un conjunto de datos, reflexiones y claves para iluminar una cuestión de conocimiento público, pero ignorada en sus detalles y en sus efectos.

Pereyra (Buenos Aires, 1974) es investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Se doctoró en París y es autor de otros libros, como Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras (2003) y ¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo (2008). En Política y transparencia. La corrupción como problema público, que publica este mes Siglo XXI, trabaja sobre tres ejes: "La conformación de un campo profesional de expertos o especialistas en temas de corrupción; la emergencia de los escándalos como un elemento novedoso y recurrente en la política nacional desde los años 90 y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con temas de corrupción", dice. La acción de las ONG como Poder Ciudadano y el rol del periodismo de investigación y de los jueces ocupan un lugar central en el análisis.

—La corrupción aparece como un problema en los años 90. ¿Qué factores la convirtieron en un tema de agenda política?

—Las primeras discusiones sobre la corrupción en Argentina y en otros países de América latina ha estado bastante ligada a la orientación de la política económica en un sentido neoliberal. Contrariamente a lo que pensaba en principio, las discusiones sobre corrupción no empiezan como una crítica al menemismo y a la forma de gobierno típica del menemismo, sino que es el propio gobierno menemista el primero que enarbola la lucha contra la corrupción al argumentar los procesos de reforma del Estado. Sobre todo desde el ala técnica, desde el cavallismo, entre fines de los 80 y principios de los 90, es el propio gobierno el que insiste con la idea de que la intervención estatal está necesariamente ligada con la corrupción. A lo largo de la década del 90 eso se vuelve contra el propio gobierno en la medida que las discusiones sobre la corrupción pasan a una discusión más general sobre la clase política y su estatus moral.

—La corrupción aparece entonces ligada al neoliberalismo, pero persiste desde entonces en gobiernos que se oponen a esa política.

—Sí. Es una discusión que ha cobrado además importancia a nivel internacional desde los años 90. Todos los análisis sociológicos y politológicos comparten la idea de que esos años constituyen un momento bisagra, en el sentido de que comienzan a aparecer problemas de carácter universal, entre ellos la corrupción, en función de la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría. La corrupción comienza a cobrar más importancia en los foros internacionales y a instalarse como tema de agenda. De ahí surge parte lo que me interesó analizar, que es la progresiva difusión de las convenciones internacionales contra la corrupción, y de recomendaciones de política pública.

—En Argentina, las denuncias de corrupción provienen de la prensa y las ONG. ¿Eso les da un sesgo particular?

—Creo que sí. En ese sentido los años 90 son también interesantes porque las discusiones sobre la corrupción en la política nacional exceden el marco que habían tenido en décadas anteriores. Antes no habían estado ausentes, pero tradicionalmente, sobre todo desde la década del 50 en adelante, la corrupción había aparecido como un ítem vinculado al desarrollo económico y como tal se consideraba que era típica de los países del Tercer Mundo. Durante los años 90 emergen fuertes escándalos y políticas públicas anticorrupción en muchos de los países centrales. Pero en países como Italia o como Francia uno de los ejes de las coaliciones anticorrupción son los jueces, y sobre todo los jueces de primera instancia. Los escándalos muchas veces son más consecuencia del avance de las causas judiciales que de la típica dinámica de los países de América latina y en particular de Argentina, donde la justicia reacciona como consecuencia de los escándalos y actúa en la medida en que aparecen pruebas a través de la prensa. En América latina los que tematizan la corrupción son periodistas y abogados y hombres del derecho pero no en función de magistrados o de fiscales sino como académicos o bien como expertos o activistas de ONGs. Uno de los casos emblemáticos es Luis Moreno Ocampo, que funda Poder Ciudadano, una de las primeras ONG que se ocupó del tema en Argentina y a nivel internacional, y se dedica a la cuestión de la corrupción cuando se va de la Justicia, cuando deja de ser fiscal.

—Hay una idea muy difundida de la Justicia como una instancia ineficaz e incluso ligada a la corrupción, en la medida en que no llega a una sanción de los casos que se denuncian.

—No ha habido un rol protagónico de los funcionarios judiciales en la lucha contra la corrupción en Argentina. José Massoni, la primera persona que estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción, cuando se crea en 1999, deja de ser juez y asume el cargo, por lo que su rol en la historia de la lucha contra la corrupción es más como funcionario público que como juez. Esa cuestión le ha dado a la constitución del problema un matiz particular, que incluye la percepción de que hay una sincronía muy fuerte entre el tiempo de los escándalos y el tiempo de las causas de corrupción.

—Los denunciantes de la corrupción suelen aparecer como actores neutrales y externos a la política. Pero también tienen actividad política, y hay denuncias que responden más claramente que otras a intereses políticos.

—La denuncia de corrupción, ya sea desde el punto de vista de expertos o de periodistas, es una forma de intervención política. La constitución de la corrupción como problema público supone una transformación de los actores políticos, que otorga un rol importante a actores que formalmente no integran el sistema político. Ahí se produce una cierta paradoja: periodistas y activistas de ONGs participan en política pero definiéndose a sí mismo como fuera de la actividad política. Parte de la propia clase política ensayó este tipo de intervención. A fines de los 90 y en el período que se abre con la crisis de 2001, las experiencias del Frepaso y del cavallismo hacían eje en el problema de la corrupción y se definían como pertenecientes a la nueva política. Y eso suponía una retórica virginal en relación a la política.

—Los escándalos por corrupción tienen mucha prensa, pero a la vez parecen desconocidos en sus detalles. Por ejemplo, el caso de la imprenta Ciccone, que involucra presuntamente al vicepresidente Amado Boudou, para mencionar el último episodio.

—Uno podría decir intuitivamente que se ha creado un público de los escándalos de corrupción. Pero en realidad sabemos poco de en qué consiste ese público. Sabemos que por momentos fue más masivo y que hoy está más fragmentado. Hay una opinión pública informada que tiene un seguimiento más cotidiano y persistente de lo que sale por la prensa y una opinión pública más masiva con menos contacto directo con esa información. Los escándalos han circulado entre uno y otro público, con momentos de mayor intensidad. De todas maneras, en algunos casos y en particular el de Ciccone, los escándalos tienen bastante circulación. Uno podría decir que es difusa, pero la idea de que la denuncia existe y de que hay personajes involucrados sigue teniendo una repercusión importante.

—Y sigue teniendo efectos políticos.

—Sí, en un contexto que cambió mucho desde los 90. Muchos de los elementos que cambiaron tienen que ver con la crisis de 2001 y con el modo en que afectó a algunas empresas periodísticas y a la concepción de la política. Ese espacio de la neutralidad periodística, de la no pertenencia a las formas de intervención política, es algo que se ha discutido mucho, en parte por los efectos de la crisis. Esto impacta directamente en la fortaleza de los escándalos. No es lo mismo la denuncia de un caso de corrupción hecha desde una defensa relativamente indiscutida de esa neutralidad que una denuncia que puede ser ubicada como partidaria o de oposición. No tienen la misma potencia.

—¿La visión de la política como una cosa corrupta permanece?

—Sí, creo que permanece y está muy extendida. Eso se ha combinado con un proceso de especialización de la actividad política. Desde la transición democrática hubo una especie de autonomización de la actividad política respecto de otros ámbitos. La idea de que hay un problema moral en quienes se dedican de manera profesional a la política continúa de manera muy fuerte. En parte tiene que ver con una cierta distancia que sienten quienes no se dedican a la política. El desconocimiento colabora en esa sensación de ajenidad que refuerza la idea de que los políticos son corruptos: no saber qué hace un político profesional, alguien que dedica la vida a acumular poder, a ganar elecciones, a mantenerse en un cargo o a hacer oposición. Se generó una brecha más grande que la que había en los 80, cuando la afiliación a los partidos era masiva y había una idea más de sentido común sobre qué significaba militar o hacer política.

—Otra idea muy común es que en Europa los funcionarios corruptos renuncian y reciben una sanción judicial, mientras en Argentina la multiplicación de denuncias queda en la nada y la única condena se da en la opinión pública.

—Hay una diferencia cualitativa importante entre una denuncia y un escándalo. No es lo mismo si uno compara qué pasa con los escándalos en distintos países y si compara las denuncias en un lugar con los escándalos en otro. La renuncia del funcionario es un elemento central. Los escándalos, que claramente no se dirimen en la arena judicial, tienden a resolverse en relación con el destino de la carrera política de los implicados. Los escándalos exitosos son aquellos que permiten interrumpir la carrera política del personaje cuestionado. Una de las diferencias, quizá con la excepción del caso Ciccone, entre los escándalos de los 90 y los actuales es que éstos se han resuelto con la salida del funcionario cuestionado de modo mucho más rápido que en los 90. Lo cual implica que tienen una vida más corta. En cambio, el escándalo por el contrabando a armas, con altas y bajas, duró por ejemplo diez años en la opinión pública.

SOCIOLOGÍA

Política y transparencia

(La corrupción como problema público)

de Sebastián Pereyra. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2013, 328 páginas, $ 110.

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