Durante los cuarenta días en los que la Retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta (2004-2005) estuvo efectivamente abierta al público convocó a 70.000 espectadores, generó largas y demoradas colas para ingresar en la sala, fue recorrida por jueces y camaristas, sufrió la destrucción de obras, motivó cuatro manifestaciones multitudinarias en su respaldo, y una misa y una manifestación en su contra, dio lugar a casi 1.000 artículos en diarios y revistas, recibió más de 1.000 mensajes de apoyo o de repudio enviados a las casillas de correo electrónico del Centro Cultural Recoleta, originó una solicitada en su defensa con 2.800 firmas, e hizo necesario extender el horario de exhibición hasta pasada la medianoche. En los últimos días, se realizó una encuesta que fue respondida por 1.800 personas, el público llenó cuatro libros con sus opiniones sobre las obras exhibidas, y programas de periodismo político que nunca habían dedicado espacios al arte organizaron paneles de opinión. La exposición estuvo varias veces en las primeras planas de los principales diarios argentinos, e incluso de Le Monde de París; fue clausurada y luego reabierta por la justicia.
Pero no sólo estos datos marcan su excepcionalidad. Nunca antes una exhibición había suscitado debates o expresiones públicas capaces de afectar esferas tan diversas (artística, religiosa, política, jurídica) o de comprometer la palabra de tantos artistas e intelectuales de la Argentina y del exterior. La polémica no se circunscribió al simple amarillismo de la noticia espectacular y escandalosa; por el contrario, convocó a actores que, desde distintas posiciones, tuvieron la necesidad de intervenir sobre alguno de sus ejes.
El impacto que inicialmente produjo la exposición fue diferenciándose en distintas problemáticas relativas a los límites del arte, la libertad de expresión, la relación entre la cultura y la Iglesia, entre ésta y el Estado, la financiación de la cultura y la responsabilidad de las instituciones públicas. Excedió su ámbito específico e intervino en otras agendas que, en ese mismo momento, estaban en debate (la ley de educación sexual, la legalización del matrimonio homosexual, las campañas de prevención del sida) y que no sólo involucraban las políticas públicas del Estado, sino también las posiciones sostenidas por la Iglesia.
(...) En esas jornadas, tomó una relevancia inusual el discurso jurídico, principalmente por los argumentos que permitió desarrollar. No sólo incluía aquellos relativos a la interpretación, por ejemplo, de la libertad de expresión, de acuerdo con lo establecido al respecto por la Constitución o los tratados internacionales en vigencia, sino también posiciones acerca del lugar social del arte y consideraciones sobre las distintas concepciones del hecho artístico.
Para quien no está habituado a recorrer esta literatura, la lectura de los fallos y los análisis que de éstos publicaron distintas revistas judiciales, además de resultar reveladores por sus formas de argumentación, por el refinamiento y el nivel de competencia intelectual y estética de los que en algunos casos dieron cuenta, pusieron de manifiesto que, como sucede con el arte, el análisis de la ley y de la Constitución es un problema de interpretación.
La sensación que persiste después de la lectura de todos estos textos es, en primer lugar, que palabras como "libertad", "discriminación", "responsabilidad", "censura" u "orden público" son términos cuyo significado (y consecuente instrumentación) no es fijo, sino que varía de acuerdo con el que previamente les atribuye quien los usa. En segundo lugar, que el sentido que se concede a uno incide en la definición del otro. Así, el significado que en un mismo discurso se atribuya al término "responsabilidad" no es ajeno al que se le asigne al de "libertad". En tercer lugar —y considero que es central hacer esto visible—, que existe una relación de subordinación entre el valor que se asigna a un término y a otro, y que tal relación es de orden ideológico. Si se prioriza el orden público o de la prudencia de los gobernantes respecto de la libertad de expresión, o se admite, implícitamente, alguna forma de censura previa, tales jerarquías y concesiones implican sostener valores culturales e ideológicos de diverso signo. Esto significa que cuando se coloca en primer lugar la necesidad de preservar el orden público de cualquier forma de alteración, se está devaluando la trascendencia de la libertad de expresión o suscribiendo a alguna forma de censura previa. Señalar esto es importante en tanto vuelve menos abstracta la afirmación de estos valores.
(...)A la luz de los hechos posteriores (como el retiro de gran parte de los espónsores), se vuelve más necesario que los programas de exhibición de las instituciones públicas no excluyan las formas de arte crítico. El hecho de que para las empresas un espectador cuente más como cliente que como ciudadano hace que no tomen el riesgo de financiar exposiciones controversiales.
El Estado tiene, entonces, la responsabilidad de garantizar espacios también para estas formas del arte. Si las instituciones expusiesen sólo las expresiones artísticas que no presentan conflicto, bellas, lindas o divertidas, y excluyeran todo aquello que pudiese, comprobada o hipotéticamente, desagradar a un sector, aquellas obras que no expresaran las ideas de las mayorías no podrían exhibirse. Una sociedad como ésta requeriría establecer y legislar un código acerca de qué es el arte y cuáles son sus límites, aplicarlo y penar a todo aquel que no lo cumpliera. Una sociedad como ésta no sería más que una sociedad monolítica y regimentada, en la que no tendrían cabida las manifestaciones de ideas diferentes respecto del arte, es decir, ninguna distinta de aquellas establecidas por quienes redactaran las reglamentaciones.
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