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Lunes, 13 de mayo de 201301:00

¿Democratización de la Justicia?

Los partidos políticos han adoptado posiciones al respecto, se ha producido una participación ciudadana expresada en distintas manifestaciones y, también, se han dado a conocer puntos de vista provenientes del mismo sector judicial involucrado.

Por Ariel Ariza / Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe

El debate en torno a las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo nacional para la Justicia Federal y para el Consejo de la Magistratura de la Nación, que ha tenido lugar en las últimas semanas, puede ser considerado como inédito en la historia de la Argentina reciente puesto que ha impactado en la ciudadanía en grado tal que la sociedad civil ha centrado su mirada en la función y valor del Poder Judicial. Los partidos políticos han adoptado posiciones al respecto, se ha producido una participación ciudadana expresada en distintas manifestaciones y, también, se han dado a conocer puntos de vista provenientes del mismo sector judicial involucrado.

Las coordenadas del debate público, sin embargo, se vuelven borrosas cuando se antepone al intercambio de puntos de vista una línea demarcatoria constituida por la democratización, más allá de la cual se instalarían quienes parapetados en la defensa de estructuras obsoletas no la comparten, quedando de este lado del trazado los que albergan la idea de una Justicia próxima a los intereses ciudadanos. Lo cierto es que esa delgada línea imaginaria no es tal ni es útil y no permite que surjan preguntas y replanteos enriquecedores que lleven a sopesar el sentido de las reformas más allá de la coyuntura. ¿Qué alcances y límites constitucionales tiene una democratización como la que se debate? ¿Todas las medidas que se proponen en sintonía con el objetivo de democratizar conducen realmente a dicho resultado? ¿Es compartible la invocación de que el debate por la democratización busca fortalecer la independencia judicial? ¿Hay un único paradigma en materia de mejoras y transformaciones al sistema judicial?

Ante tan variados interrogantes cabe reconocer una premisa de aceptación generalizada. Gran parte de la sociedad y las fuerzas políticas, los magistrados, funcionarios y abogados que forman parte del campo judicial comparten la necesidad de mantener y afianzar un sistema judicial eficiente, vital, fuerte e independiente, cercano a los problemas sociales. En eso hay coincidencias sustanciales. También hay consensos importantes en cuanto a que en los últimos años se han dados pasos significativos en esa senda. No hay acuerdos, en cambio, en los caminos a seguir para profundizar los logros obtenidos hasta el presente.

La consideración de algunos núcleos de temas, a los que podrían agregarse varios otros, puede servir de base de sustentación adecuada para pensar algunos de los procesos que quedan silenciados o marginados cuando se pone delante únicamente el telón de las reformas actuales.

Reformas de la Justicia. No es novedosa la iniciativa de emprender y proponer reformas en el sector judicial. Existió años atrás un Plan Nacional de Reforma Judicial que recogió varias de las preocupaciones que hoy en día vuelven a escucharse. También desde el año 2002 en adelante tuvo lugar, en el marco de la Mesa del Diálogo argentino, una etapa de discusión y reflexión que fue de mucha utilidad para mejorar los procesos de selección de postulantes, definir el perfil de juez y diseñar políticas de acceso a justicia efectivas.

Cuando se considera la idea de la reforma judicial no hay que perder de vista que por un lado se encuentra a nivel nacional la estructura de la Justicia Federal y por el otro la de los Poderes Judiciales provinciales cuya organización corresponde a cada Estado autónomo. Las discusiones nacionales sobre reforma judicial si bien generalmente han tomado como referencia el ámbito de la Justicia Federal proyectaron su influencia en ocasiones también al ámbito de la justicia provincial.

Estructuras perimidas. Por estos días, desde la intelectualidad de ciertos círculos de pensamiento, se busca representar las estructuras judiciales de manera novelesca, cargada de reminiscencias medievales, aludiendo a protagonistas de una saga que se desplazan sigilosamente por pasillos laberínticos a espaldas de los reclamos y las necesidades sociales. Por qué esta descripción folletinesca del trabajo cotidiano en los tribunales suena en algunos destinatarios como un canto de sirena es algo que no resulta sencillo discernir. Lo que sí es tangible es que esta precaria "sociología de la estructuras judiciales" simplifica la realidad hasta desfigurarla.

Corresponde contraponer a estas descripciones satíricas la percepción cotidiana obtenida en juzgados, defensorías, fiscalías y demás ámbitos de la Justicia que deja ver a individuos dispuestos a brindar todas sus fuerzas e intelecto por su función, con niveles de integración grupal que en la mayoría de los casos llegan a conformar equipos de trabajo dinámicos y solidarios para responder ante los problemas. Ese componente humano de las organizaciones judiciales cuenta, además, con empleados con dilatada experiencia y también con empleados muy jóvenes que comparten y hacen suyo el ideal de contribuir al mejoramiento judicial y poner en ello toda su vitalidad, con alto impacto en la fisonomía y códigos culturales de la organización toda. Sería necio no reconocer la existencia de anomalías y problemas de funcionamiento empero ellos se dan en un contexto de recursos humanos que pretenden dar respuestas adecuadas.

Hay que agregar que en el particular caso de la provincia de Santa Fe hay vigente un sistema de evaluación para el ingreso de empleados que ha merecido reconocimientos; que se han dado avances —a nivel nacional y provincial— en materia de gestión judicial con la puesta en vigencia de políticas tendientes a mejorar la eficiencia y la productividad; que se han registrado importantísimos pasos en orden a otorgar el lugar correspondiente a las políticas de igualdad de género y a fin de asignar atención prioritaria a los casos de violencia familiar como así también que en el área de capacitación se ha consolidado el modelo de la formación permanente de todos sus integrantes.

Justicia e independencia. Sin embargo, unos de los tópicos más ríspidos del debate reciente sobre la reforma judicial ha estado constituido por la preocupación que, desde distintos sectores, se hace escuchar en torno a que la modificación al Consejo de la Magistratura nacional pueda afectar la independencia de los magistrados del Poder Judicial de la Nación. Estas modificaciones superaron ya el Congreso nacional siendo sancionadas por ambas Cámaras. Se muestran en el centro de la polémica la modificación de la mayorías necesarias para promover procesos de destitución de magistrados; la elección por sufragio universal de los representantes de los sectores de magistrados y abogados; la ampliación del número de consejeros y la necesaria incorporación a listas de partidos políticos para postularse como candidatos. Esta combinatoria de nuevas reglas lleva a pensar como altamente probable un control de las decisiones sobre estabilidad de los magistrados por los consejeros propuestos por un sector político que obtenga una mayoría electoral.

Es llegado a este punto en donde no resulta posible eludir si el proceso de democratización que se considera conlleva por añadidura un debilitamiento o directo condicionamiento de la independencia judicial garantizada por la Constitución nacional y establecida como derecho humano por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 8. No parece lógico diluir el significado de este núcleo de reformas más crítico presentándolo como un aspecto secundario, menor o relativo del abanico de medidas que aspiran a concretar la democratización. Es que ¿de qué vale la exposición de un conjunto de principios de alta inspiración transformadora y mejoría institucional si, a la par, la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación conduce a una clara dependencia del Poder Judicial de las mayorías políticas en dicho órgano?

Las ideas sobre el mejoramiento del sistema judicial son auspiciosas, necesarias y deben ser bien recibidas pero ello no quiere decir que deba darse cabida a un sentido "débil" de la independencia judicial.

El punto de vista sectorial. No sólo que en un clima de intercambio de opiniones todos los puntos de vista deben tener lugar sino que pareciera que merecen particular interés, entre otros, los provenientes desde los campos de actuación del sistema judicial. Hay en este espacio criterios adoptados en consonancia con la doctrina sentada desde hace años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, experiencias recogidas en distintos procesos de reformas judiciales como también una larga historia de compromiso con la defensa de independencia judicial cuando ésta quiere ser coartada por el interés que se presenta en un juicio determinado.

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, a través de un comunicado emitido por su Mesa Ejecutiva, declaró —antes de que las leyes fueran finalmente sancionadas— que: "Los proyectos que modifican la forma de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, alteran su composición y la conformación de las mayorías para designar y remover a los jueces, o limitan el ejercicio de medidas cautelares contra el Estado, lejos de lograr la pretendida democratización del Poder Judicial, aumentan el riesgo de la dependencia". Posiciones de semejante tenor fueron asumidas también por la Asociación Nacional de Magistrados, por la Federación Latinoamericana de Magistrados y por la Unión Internacional de Magistrados. Igualmente, prestigiosas entidades académicas entre las que cabe mencionar la Asociación Argentina de Derecho Procesal han asumido posturas críticas.

Como colofón de estas consideraciones resta por señalar que, en nuestro entendimiento, las ideas de mejoramiento y transformación del sistema judicial no deben presentarse como incompatibles con un vigoroso reforzamiento de la independencia judicial, con un reconocimiento y respeto a las mujeres y hombres de la justicia que ejercen cotidiana y silenciosamente su tarea con altos grados de compromiso y, en suma, destacando el carácter de regla básica que tiene en un Estado de Derecho la observancia de la Carta Magna.

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