El juez Norberto Oyarbide procesó a Mauricio Macri, al ex comisario Jorge FinoPalacios, al ex empleado del gobierno de la ciudad y sindicado como ejecutor de las escuchas Gerardo Ciro James, el ex juez de Misiones José Luis Re y, su ex secretaria Mónica González. También fueron procesados los policías Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana.

Esto ocurrió durante la investigación iniciada por un llamado anónimo donde se le advirtió a Sergio Burstein que por "orden de Palacios" escuchaban su teléfono, y se dio por probado que Palacios y James montaron un aparato de inteligencia paralelo usando infraestructura del gobierno de la ciudad para escuchar a distintos afectados como empresarios, políticos y hasta al familiar de Amia.

Para ello, el espía James usó contactos en la Justicia y en la policía de la provincia de Misiones y obtuvo órdenes judiciales para intervenir teléfonos de supuestos sospechosos en la causa por el asesinato de un odontólogo y así la Side escuchó a Burstein, a Leonardo y otros.

Los casetes eran retirados por James de las oficinas de la Secretaría de Inteligencia mientras cobraba un sueldo de 6.000 como asesor del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, donde no pudo probar ejercer función alguna. Tanto él como Palacios estuvieron detenidos en la causa y fueron excarcelados por la Cámara Federal.

Burstein había pedido que se juzgue a los once imputados que tienen procesamiento firme y también a Osvaldo Chamorro, segundo de Palacios en la Policía Metropolitana y socio de la consultora Strategic Security Consultancy, desde cuyas oficinas pidieron informes patrimoniales y financieros de legisladores opositores al macrismo y de sindicalistas. Chamorro fue sobreseído por Oyarbide, pero Burstein apeló esa resolución. Si en segunda instancia se revierte el sobreseimiento, Chamorro deberá ser indagado y podría sumarse al resto de los imputados en la etapa de juicio oral.

El dirigente de Familiares de la Amia pidió que se juzgue a Macri como coautor del delito de falsedad ideológica en concurso ideal con violación de secretos y de la privacidad, agravado por tratarse de un funcionario público que abusó de sus funciones, delitos cometidos como miembro de una asociación ilícita. La misma imputación cabe para Palacios y para Ciro Gerardo James, quien además deberá rendir cuentas por usurpación de autoridad, títulos u honores.