Las amenazas de expulsión que en repetidas ocasiones recibió el religioso británico Paul Michael
John Mac Auley, de 62 años, se hicieron realidad anteayer cuando una carta de Seguridad del Estado
le notificó que tenía siete días para abandonar el país “por realizar actos contra el orden
público interior”.
Tras 20 años de servicio religioso en Perú, los últimos diez en la
región amazónica de Loreto, el gobierno peruano cancelaba su residencia al considerar que el
hermano de la orden de La Salle había infringido el artículo 63 de la ley de extranjería “por
participar en actividades distintas de su condición de residente religioso”.
Cuando se topó con la noticia, Mac Auley acababa de regresar de la
olvidada provincia de El Putumayo, en la desangrada frontera entre Perú y Colombia. Durante diez
días había impartido en la comunidad de El Estrecho un taller sobre identidad y derechos organizado
por el Vicariato de Iquitos.
“Siento mi expulsión como un golpe a la doctrina de la Iglesia de
protección de los recursos naturales para el bien común”, denunció el religioso a la edición
digital del diario español El Mundo.
Fundador de la Red Ambiental Loretana, el hermano Paul, como es conocido
por los pueblos indígenas y ribereños de la selva peruana, es fiel seguidor de la doctrina de
defensa de la Amazonía establecida en la reunión de obispos de Aparecida (Brasil, 2008).
A través de la Red Ambiental, Mac Auley protagonizó denuncias fiscales
en contra de la empresa Argentina Pluspetrol por la contaminación del río Corrientes. Frente a la
demostrada presencia de plomo y cadmio en la sangre de los niños del pueblo aborigen Achuar,
cercano a los pozos que opera Pluspetrol, Mac Auley logró que los indígenas y la multinacional
firmaran el Acta de Dorissa (2005), que obliga a Pluspetrol a reparar el daño ambiental y a
indemnizar a las comunidades aborígenes afectadas por la contaminación.
En los últimos meses, Mac Auley había encabezado una corriente crítica
de opinión frente al proyecto de nueva ley forestal, que, según explicó el religioso, permite la
subasta de lotes de 10 mil a 40 mil hectáreas sin poner restricciones que eviten el monopolio.
“Esta ley tendrá un fuerte impacto en el bosque amazónico ya que
abre el camino a grandes grupos industriales para la concesión de enormes extensiones para el
cultivo de biocombustibles”, explicó a pesar de la difícil situación legal en la que se
encuentra.
Cuenta que tiene esperanzas en que el gobierno dé marcha atrás en su
decisión de expulsarlo del país. Para ello, el religioso inició junto con el Vicariato de Iquitos,
la diócesis a la que pertenece, una carrera contra el tiempo. Tiene menos de una semana para
presentar un recurso de reconsideración que sea aceptado por el Poder Judicial.
De lo contrario, dice que “con mucho dolor” abandonará el
país que ha sido su casa durante 20 años.
“Sería ridículo que no acatara la ley peruana cuando he dedicado
toda mi vida a defender la legalidad”, afirma. “No tengo alternativa, aunque esta
decisión del gobierno me quita mi razón de vivir”.
Jíbaros. Desde que se conoció la decisión del gobierno peruano de expulsar al
hermano de La Salle, los mensajes de solidaridad recorren todos los rincones de la selva. Anteayer,
decenas de personas se concentraron en la plaza de Iquitos en una vigilia para pedir al gobierno
que reconsidere la expulsión. Sindicatos, organizaciones sociales e indígenas amenazan con acciones
de protesta si Mac Auley es deportado.
Entre las reacciones más sentidas está la de los indígenas awajún (los
antiguos guerreros jíbaros), que ofrecieron al religioso darle refugio en sus territorios
ancestrales si el gobierno consuma su expulsión. “ lrá a nuestra comunidad Atahualpa, dijo
Wagner Musoline Acho, vocero de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).
“Paul Mac Auley no cometió ningún delito y es un abuso lo que han cometido con él”,
dijo el líder indígena a radio La Voz de la Selva.
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