Con el anuncio del amplio plan de refinanciación de deudas provinciales, el gobierno nacional cerró una movida política que comenzó a anudar a fines del año pasado, cuando se discutió el proyecto de presupuesto 2010 y la prórroga de impuestos coparticipables.

En aquel momento, legisladores y jefes territoriales prestaron amplio consenso para que, con poca discusión, el gobierno nacional se garantizara una proyección de recursos fundamentales para llegar a 2011 con las espaldas financieras bien cubiertas.

Ese camino suponía postergar la ofensiva provincial para disputar la masa coparticipable a través los proyectos tendientes a cambiar la distribución del impuesto al cheque y otros gravamenes. La moneda de cambio era establecer una suerte de nuevo pacto federal: asociar a los gobiernos del interior al proceso de retorno al mercado internacional de deuda, apostando a conseguir créditos a baja tasa de interés.

En esta inteligencia, estos efectos derramarían sobre la situación financiera de los distritos subnacionales.

Esta estrategia significaba avalar el pago de deudas con reservas y evitar manotazos a los recursos federales que pusieran en peligro la salud fiscal del gobierno nacional.

En el medio, cambió la composición del Congreso, se empantanó la discusión por las reservas y se endureció la pelea entre el gobierno y la oposición.

En ese contexto, la siempre inestable relación política y fiscal entre la Nación y las provincias volvió a tomar el otro camino posible: disputar la masa de recursos federales a partir de proyectos de ley o planteos judiciales que modifiquen la distribución. Entre ellos, el reparto total del impuesto al cheque y la devolución del fondo acumulado de Aportes al Tesoro Nacional.

Los eternos conversos

En ese sentido, ni los legisladores opositores ni los gobernadores pueden mostrar sorpresa por el anuncio de Cristina del lunes. La de la refinanciación de deuda de las provincias era una carta que iba a jugar tarde o temprano. Probablemente, hubieran preferido ponerla sobre la mesa una vez conocidos los resultados del canje de deuda y si la incertidumbre que la crisis griega instala en los mercados de crédito.

Pero la posibilidad de que avanzaran los proyectos de distribución del impuesto al cheque y los ATN, adelantó los tiempos.

Con la refinanciación de pasivos por 65 mil millones de pesos, pero sobre todo con la postergación de pagos por casi 20 mil millones de pesos hasta después de las elecciones de 2011, Cristina quebró definitivamente el frente federal, una trinchera en la que se había instalado la oposición luego del agotamiento del conflicto rural.

La lógica de la deuda se impuso a la de la redistribución de recursos y, en esa estrategia, el gobierno nacional recompuso el frente con la mayoría de los gobernadores propios y ajenos. El caso paradigmático es el del mandatario cordobés Juan Schiaretti, opositor férreo del Ejecutivo nacional desde el lock out agropecuario, hasta que consiguió licuar las enormes deudas de su distrito.

Ganadores y perdedores

Las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que concentran casi la mitad de los pasivos a refinanciar, son las ganadoras de la medida. Santa Fe, la gran perdedora. Y ese dato no es menor. Consolida la idea de que el Ejecutivo, así como perdonó a un archienemigo como Schiaretti, está dispuesto a asfixiar en todas las filas a la administración de Hermes Binner mientras no acepte un alineamiento incondicional.

 Abre así el juego a un escenario de incertidumbre fiscal que promete resultados todavía inciertos, aunque entre los más probables se encuentre el retorno del reutemismo a la conducción de los destinos provinciales.