21-03-10 | Alvaro Torriglia / La Capital

Alejandro Olmos: "La deuda es un delito de ejecución continua"

"La deuda es un delito de ejecución continuada". Así lo señala el historiador Alejandro Olmos Gaona, asesor del gobierno ecuatoriano en la investigación de la deuda de ese país y denunciante en las causas para investigar el proceso de endeudamiento en Argentina durante la etapa democrática. En ese sentido, continuó la tarea de su padre, Alejandro Olmos, autor de la investigación que culminó con el histórico fallo del juez Jorge Ballesteros declarando la ilegitimidad de la deuda contraída durante la dictadura militar. Invitado por Proyecto Sur y la Constituyente Social, Olmos Gaona impugnó el pago con reservas de la deuda y reclamó la creación de una comisión investigadora parlamentaria.

—El gobierno y la oposición discuten si hay que usar reservas para pagar la deuda. ¿Hay que pagar la deuda?

—Sólo se discute la forma de pago pero no qué es lo que hay que pagar. Yo el 14 de febrero le mandé una carta a la presidenta diciendo que el Poder Ejecutivo no puede disponer de reservas, ni afectar fondos ni encarar ninguna negociación para pagar la deuda, cuando en este momento existen tres causas penales en trámite en la Justicia federal, investigando la deuda hasta el año 2005. Hasta que un juez no se expida, no se puede hacer nada. La carta fue contestada por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, elogiando la labor patriotica de mi padre y el fallo del juez Jorge Ballesteros, pero aclarando que, como el Congreso no había hecho nada, ellos no podían hacer nada. No hay razón para oponerse a una auditoría de las cuentas públicas, para ver qué se debe. Y más cuando una parte sustancial de la deuda, casi el 45 por ciento, fue trasladada al Estado nacional por empresas muy solventes.

—Los defensores del pago de la deuda dicen que la actual no tiene nada que ver con la que fue declarada ilegítima por el fallo judicial.

—Es una gran falacia. En la Justicia federal, en los juicios que están en trámite, está acreditado a través de informes oficiales y declaraciones de funcionarios del Banco Central que la deuda es la misma de la dictadura pero permanentemente reciclada. No es una deuda distinta. El argumento del oficialismo es que los distintos Congresos, a través de las leyes del presupuesto, convalidaron la deuda y no se puede revisar. Y eso es falso. Desde los 90, el superávit primario se convierte en déficit cuando se suman las obligaciones de la deuda. Para cubrir ese déficit el gobierno emite nuevos títulos. La deuda es un delito de ejecución continuada, una figura del derecho penal según la cual a través de acciones discontinuas un delito permanece en el tiempo. Se puede seguir minuciosamente porque las causas penales, la documentación y las pruebas son contundentes.

—¿En ese reciclado fueron cambiando los acreedores, desdibujando el concepto de deuda externa?

—Tanto el derecho anglosajón, que rige los contratos de deuda, como el derecho romano, de nuestros países, determina que una obligación ilegal no genera consecuencias legales en ningún caso. Los bonos que quedaron fuera del canje, en este momento, están en su mayor parte en los fondos buitres. Cuando se hizo el plan Brady, por el cual los bancos se sacaron el gran clavo que tenían y emitieron estos títulos que recorrieron el mundo, los que negociaron los bonos fueron los bancos. Hay fallos de los bancos italianos que han determinado que los bancos que vendieron bonos que sabían que eran espúreos tenían que hacerse responsables de eso.

—¿Quiénes son los bonistas que recibirán los pagos a través del fondo de desendeudamiento?

—El fondo de desendeudameinto es para pagar 2 mil millones a organismos internacionales y 4 mil millones a acreedores privados. No a los que tienen fondos acá en Argentina. Son fondos que están en el exterior. El gobierno quiere pagar a los que están en el exterior porque eso le va a permitir contraer nueva deuda. De acuerdo al esquema de deuda , hay obligaciones que se van a terminar recién en el año 2089.

—¿En qué estado están las causas posteriores a la que terminó con el fallo del juez Ballesteros?

—Actualmente hay una causa por la que se investiga la deuda hasta el 95, otra que inicié y en la que se investiga el endeudamiento hasta 2005, y otra iniciada por Carrió, Ocaña, Mario Cafiero y Alfredo Bravo por el megacanje en 2001. Esta última es la más avanzada, y en la que se confirmó el procesamiento de Domingo Cavallo y de Daniel Marx. Está para ser llevada a juicio oral y público en los tribunales federales.

—Usted asesoró al presidente Correa para investigar la deuda en Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Es la primera vez que un presidente se decidió a auditar la deuda. Las conclusiones que presentamos es que la totalidad de la deuda era un fraude. Le sugerí al presidente que impugnara en Estados Unidos todos los títulos derivados del Brady pero los abogados de EEUU, equivocadamente, le dijeron que eso no se podía hacer. Y Correa se encontró en una situación muy particular porque, con la crisis internacional, los migrantes ecuatorianos dejaron de enviar 1.800 millones de dólares al país y bajó abruptamente el precio del petróleo. El gobierno no tuvo otra alternativa que negociar con los acreedores. Pero de todas maneras se plantó en el pago del 30 por ciento y todos aceptaron sin discusión, porque había una auditoría que lo respaldaba. Muchos ingenuos, y otros no tanto, dicen que el gobierno ecuatoriano hizo lo mismo que hizo kirchner en 2005, cuando ofreció hacer una quita del 45 por ciento. Eso no se sostiene. Primero porque lo que reestructuró Kirchner fue menos de la mitad de la deuda, 81 mil millones; y tercero, porque de esos 81 mil millones, el ahorro real para la Argentina por el canje fue el 20 por ciento. En el caso de Ecuador, se pagó y la deuda se terminó.

—¿Cómo debe actuar el Congreso ahora?

—Hay una propuesta de crear una comisión bicameral para investigar la deuda minuciosamente. La auditoría mostraría el manejo de los funcionarios públicos pero también su relación con los bancos. La Argentina nunca tuvo registrada su deuda. En el 94 Cavallo entendió que eso no podía ser y contrató a los propios bancos acreedores para que sobre la base de sus registros dijeran cuanto era el monto de la deuda. ¿Qué garantías tenemos de que los acreedores hayan dado cifras correspondientes a la realidad?

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