Si es cierto que en las encrucijadas críticas la palabra adquiere un valor superlativo; si no es menos cierto que el silenciamiento de la palabra es uno de los resortes privilegiados puestos en juego por todas las dictaduras; entonces, que se escuche la palabra, devenida testimonio, de quienes sobrevivimos a las más crueles gestas de amordazamiento de la verdad, tras haber soportado en cuerpo y alma —sin poder en verdad soportarlas— las peores crueldades, cobra un sentido que excede ampliamente las tragedias personales en juego, asumiendo las dimensiones de un acontecimiento histórico necesario.
   Que esa multiplicidad de voces, maduradas a lo largo de décadas de impunidad, se desgrane en la escena pública de los juicios por un genocidio que ensombrece a los argentinos.
   A los compatriotas que asignan al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por la más feroz de las dictaduras que padecimos, el valor de una excrecencia nostálgica, de un ruido desagradable que podría sernos evitado, baste el eco ensordecedor que esas voces vienen a producir en la profunda oquedad de un insalvable vacío de memoria, alojado en el cuerpo de nuestra historia nacional.
   Hueco o vacío que resuena en nuestra institución posdictatorial, adquiriendo mil y una formas de violencia sucedánea, más o menos solapada, porque está muy lejos de ser patrimonio exclusivo de los “afectados directos”. Y que sólo podrá ser suturado por un colectivo social dispuesto a escuchar lo indecible del horror que transita en el filo, en las hendijas, en las ineliminables grietas de esas narraciones, muchas veces excesivamente atadas a la letra, porque están compelidas a dar cuenta de acontecimientos que, en el límite, fueron y siguen siendo imposibles de representar.
   Es en este contexto que adquieren toda su gravedad los dictámenes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal que concede la excarcelación a los represores José Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, y ordena el cese de prisión preventiva de Ramón Genaro Díaz Bessone, procesados en la causa Feced.
   Elevada a juicio oral y público la primera parte de esta causa, habiéndose presentado ya las pruebas, sólo resta que el Tribunal Oral Nº 2 de Rosario las provea y fije fecha para comenzar las audiencias orales. Completando así el trámite que comenzara en enero de 1984, en los Tribunales Provinciales.
   El juicio oral y público es inminente; los cargos por los que deberán responder los imputados incluyen secuestros, privación ilegal de la libertad, torturas, homicidios, desaparición de personas. Por decenas, por cientos de personas.
   “Feced y otros s/ privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio”, reza la carátula de la causa madre. Más el delito de asociación ilícita, esto es, de haberse organizado para llevar a cabo en forma sistemática el aniquilamiento de grupos políticos y sociales hostiles al proyecto de los golpistas.

Sin condena. Feced murió sin ser condenado. Igual que Galtieri, que Ramírez, que Guzmán Alfaro, que tantos otros. Basta echar una mirada a cualquiera de los “memorandos”, “partes diarios”, “fichas de inteligencia”, apilados de a cientos en los archivos provinciales, para hacerse una idea de la verdadera extensión de la población sobre la cual los represores ponían la mira y sobre la que realizaban rigurosos seguimientos. Pese a las estrategias de destrucción y borrado de elementos probatorios del accionar represivo, las pruebas sobran. Las condenas esperables son las máximas. Y Casación ordena liberarlos porque llevan cuatro años presos sin condena efectiva.
   Esto sólo admite una interpretación: desde el mismísimo Poder Judicial se está boicoteando el juicio y castigo de los crímenes perpetrados por el Estado terrorista. Desde ese alto tribunal, que supo cajonear expedientes para contribuir a dilatar los juicios, se está atentando ahora sin ningún disimulo contra su definitiva sustanciación.
   Para un país que ha dicho Nunca Más a las dictaduras, que se enorgullece de ser signataria de todos los tratados internacionales de derechos humanos, estos fallos son una vergüenza.
   Los jueces de Casación pretenden que los imputados no son “peligrosos procesales”, o sea, que no tienen conductas que obstaculicen el accionar de la Justicia. Curiosa pretensión. Los agentes del terrorismo de Estado se las ingeniaron para mantenerse impunes por más de treinta años; los actos delictivos por los que se encuentran procesados llevan intrínseca en su forma de comisión la procura de su propia impunidad? ¿Y no son peligrosos procesales?
   Si hoy pueden ser juzgados es porque sus crímenes son imprescriptibles. Y no por ser innumerables, ni por ser horrendos. La imprescriptibilidad deviene de haberlos cometido desde las instituciones del Estado que ellos arrebataron y que, lejos de garantizar la vida, los derechos y los bienes de los ciudadanos, avasallaron de manera sistemática los derechos fundamentales de los argentinos, dejándonos en la más absoluta inermidad.
   Casación aduce que los encartados llevan varios años de prisión sin condena. De esas dilaciones ¿quiénes se supone que son los responsables?
   Corresponde a la Corte Suprema garantizar que se haga justicia mediante un dictamen acorde con las convenciones internacionales. Garantizar, en éste y otros casos, que la impunidad, concedida generosamente a los genocidas durante una década y media por las leyes derogadas y tachadas de inconstitucionales hace seis años, no se instale en los intrincados subterfugios de las propias instancias judiciales. Dicho de otro modo: que los juicios por los crímenes de lesa humanidad no se conviertan en una miserable farsa.
   Una misma y profunda convicción recorre los setenta voluminosos expedientes de la causa Feced, y estas dos décadas y media de paciente espera: el compromiso activo e irrenunciable asumido por quienes somos sobrevivientes, de prestar el cuerpo y la voz, a sabiendas del valor insustituible que nuestros relatos revisten como prueba, para que haya por fin juicio y castigo a los responsables de los crímenes más atroces cometidos en nuestra zona por el Estado. ¿Deberemos testimoniar bajo la enorme coacción moral de saber que nuestros verdugos se pasean por las calles?
   Díaz Bessone es el máximo responsable de los crímenes en nuestra región hasta fines de 1976, cuando fuera reemplazado por Galtieri en el Comando del II Cuerpo para convertirse en Ministro de Planeamiento.
   Bajo sus órdenes, perfectamente articuladas, operaban las fuerzas militares y las de seguridad, tanto provinciales como nacionales, en todas las provincias bajo jurisdicción del II Cuerpo. Entre ellas Santa Fe. A su Comando reportaba el personal de inteligencia, a su entera disposición eran puestos los detenidos/secuestrados, para ser interrogados sin límite por expertos torturadores de la policía o el Ejército, o por ambos. Por ejemplo, los citados Lofiego, Vergara y Marcote, miembros excelsos de la tristemente célebre patota de Feced.
   Díaz Bessone tenía bajo su mando los centros de detención clandestina distribuidos en su extensa jurisdicción (Servicio de Informaciones y la Calamita, para citar sólo los locales) y eran sus órdenes las que definían el tratamiento y destino final de cada víctima, incluidos —llegado el caso— la sustracción de su cadáver y de la verdadera circunstancia de su muerte. Escamoteo de cuerpos y verdades que constituye en sí mismo un delito que no cesa de cometerse desde entonces.
   “Díaz Bessone, Ramón Genaro; Lofiego, José Rubén; Marcote, Mario Alfredo; Vergara, Ramón Rito; Scortechini, José Carlos Antonio y Chomicky, Ricardo Miguel (Ex Feced) s/ Homicidio, violación y torturas”, Expediente Nº 120/2008. Se trata del primer gran juicio que llega a audiencia pública en el país. Los hechos por los que responderán los imputados involucran a casi un centenar de víctimas.

Una oportunidad. La ciudad tendrá la oportunidad de conocer lo que ocurrió en pleno centro de Rosario. En ese enclave del terror donde se secuestraban personas, se las “desaparecía”... ¡siniestro eufemismo!, se aplicaban tormentos inimaginables que repugnan la propia condición humana y se asesinaba sin piedad. Crímenes organizados y coordinados desde el Comando ubicado en Córdoba y Moreno. Y donde —como surge de las actuaciones judiciales— militares, policías y gendarmes, con sus uniformados y su personal civil, con sus pactos de silencio y de sangre, y con la complicidad de muchos civiles, hicieron posible el fragmento rosarino del genocidio nacional.
   Un solo caso de tortura o desaparición es más que suficiente para conmovernos. Pero lo que vamos a presenciar en estas audiencias es un desfile de testimonios de sobrevivientes del Servicio de Informaciones de la Jefatura, que permitirá que la sociedad dimensione la magnitud del horror contra militantes políticos y sociales, la mayoría de menos de 25 años, y entre los que había pibes de 15 y 16.
   ¿Podremos escucharlos? ¿Podremos dar lugar en la trama imaginaria colectiva para alojar esos relatos? ¿Seremos capaces como sociedad de desmontar las posiciones renegatorias que aún persisten entre nosotros, las infames e infamantes teorías de los dos demonios con que se ha buscado y todavía se busca sellar un pasado abominable, clausurando verdades que pugnan por ser oídas? ¿Podremos, construyendo estas suturas de memoria, ganarnos por fin el derecho a olvidar, a convertir ese pasado en verdadero pasado y que deje de taladrarnos como un presente eterno?