Para Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la sensación de inseguridad de la que tanto se habla por estos días en la Argentina puede imbuir en la gente la idea de que la mejor herramienta para hacerle frente a quienes cometen delitos es la violencia.

Zaffaroni llegó el viernes a Rosario para desarrollar ante distintos auditorios su tesis de que el tratamiento desmesurado de episodios delictivos muy violentos en los medios de comunicación incita a la violencia y hace crecer esa sensación de inseguridad más allá de límites razonables.

También lo hizo en esta entrevista con La Capital, en la que, además de sugerir prudencia en el tratamiento periodístico sobre la inseguridad, sostuvo que el país necesita crear una política de seguridad e invertir en ella. "Esto no cuesta mucho dinero, lo que se necesita es decisión política para hacerlo", aseguró.

—Usted dijo el viernes en una disertación aquí en Rosario que hablar de inseguridad incita a la violencia. ¿Puede explicarlo?

—La sensación general de inseguridad produce una cierta banalización de la violencia, pero esa sensación no se produce sólo por la difusión de noticias sino que es también el resultado de la comunicación del entretenimiento. Las series televisivas de violencia policial son parte de un aparato de publicidad que intenta meterle a la gente la idea de que la solución de todos los conflictos es la violencia. Uno hace zapping en la televisión y sólo ve muertos, sea de la realidad o de la ficción, y esto banaliza la violencia. Esto puede crear la sensación de que la violencia es una alternativa existencial válida, lo cual en ciertas personalidades más frágiles puede generar errores de conducta. Por otro lado, a veces hay cierto grado de imprudencia en la difusión de hechos criminales. Se revelan metodologías delictivas, se las populariza. Pongo un ejemplo: en un momento determinado recuerdo que un comisario reveló con lujo de detalles en un programa de televisión cómo usan los chicos la bolsita para inhalar pegamento. Por último, puede crearse la sensación de que hay delitos fáciles, de que hay formas de adquisición de dinero fáciles, sobre todo si se une a la publicidad permanente de una supuesta impunidad.

—Deme ejemplos.

—El secuestro es uno de ellos. El secuestro es un delito difícil porque secuestrar a alguien no es sencillo, requiere de un alto grado de organización. Pero la publicitación excesiva e imprudente de un secuestro puede dar la idea de que es fácil hacerlo. Esto incluso puede hacer aparecer el secuestro bobo, aquel que lo comete un delincuente cualquiera pensando que es fácil. Sin embargo, para la integridad de la víctima es el más peligroso, justamente por la inexperiencia de un delincuente que lo creyó sencillo.

—Lo que usted sugiere es que la difusión excesiva sobre los detalles de ciertos episodios delictivos puede enseñar a cometerlos.

—Exactamente. A veces, por la imprudencia de los medios, ocurre eso.

—¿Los efectos de ocultar hechos delictivos no serían peores?

—Es que no se trata de ocultar sino de tener prudencia.

—¿Hay algún modelo imitable sobre cómo tratar casos policiales en los medios?

—Se trata esencialmente de ser prudentes, de no divulgar ciertos detalles que puedan inducir a una imitación metódica.

—Esta semana, luego de un crimen en una localidad del conurbano bonaerense, los vecinos de la víctima agredieron salvajemente a un fiscal. ¿Cómo lo interpreta?

—No tengo claro qué pasó pero me parece insólito porque se trata de un funcionario que fue allí a cumplir con su deber. Podría no haber ido, podría haber delegado en la policía, pero lo deseable es que fuera como lo hizo. Me resulta extraño lo que pasó, porque la presencia del fiscal allí es lo deseable. ¿Por qué agredir a un funcionario que fue a cumplir con su deber?

—¿Las instituciones no incitan también a la violencia cuando no responden como deben, cuando por ejemplo la policía hace mal un procedimiento o la Justicia demora excesivamente un fallo?

—Puede ser, pero también es cierto que hay una violencia social que viene de la marginación, de la exclusión social. Hay un reparto de victimización y también de criminalización. Los carenciados son los más victimizados y esto genera antagonismos entre los distintos sectores sociales que resultan muy funcionales al poder. Es una técnica de control social: no hace falta rodear las villas de cosacos del zar sino que basta con incentivar sus conflictos. Hay configuraciones urbanísticas donde esto está muy claro, como en San Pablo: hay un centro que de día está lleno de gente; de noche esa gente se va por las autopistas a los sectores residenciales, sin entrar en contacto con los marginales que viven debajo de esas mismas autopistas, y entonces esos marginales bajan al centro, que se vuelve muy peligroso. Y a la mañana ocurre a la inversa: los marginales se van, la gente vuelve de las zonas residenciales y otra vez el centro se vuelve habitable.Es diabólico.

—¿La propia Justicia tiene responsabilidad en la reiteración de ciertos delitos? Pienso, por ejemplo, en investigaciones interminables y juicios que se prolongan más allá de lo razonable.

—No creo que la Justicia tenga responsabilidad en la generación de una sensación de inseguridad. El sistema penal es como una orquesta sin director en la que cada uno funciona como quiere y guiado por sus intereses sectoriales. Los legisladores quieren votos, la policía quiere autonomía, la Justicia defiende generalmente intereses burocráticos, el sistema penitenciario no quiere tener motines. Y además están los medios masivos, que quieren rating. Casi no hay cooperación entre estos sectores y muchas veces hay conflicto y se echan la culpa mutuamente de lo que pasa. A cada una le preocupa exclusivamente defender su propio interés. Los políticos, por ejemplo, reducirán las excarcelaciones aunque las cárceles revienten de presos. Y si pueden le van a tirar la responsabilidad a los jueces, y los jueces a la policía, y así sucesivamente.

—La presidenta dijo que la policía detiene y la Justicia libera. ¿Es pura demagogia?

—Ella defiende el punto de vista de la policía. Los jueces le podríamos contestar que la policía detiene mal y anula las pruebas. Es el conflicto del que hablaba.

—Usted sostuvo que llevamos 30 años sin políticas de seguridad. ¿Cuáles deberían ser los ejes principales de esa política?

—Primero y fundamental, hay que tener un organismo de monitoreo serio, que analice la frecuencia y características de los delitos, de sus perpetradores, las zonas donde se producen, etcétera. No se puede hacer prevención de algo que no se conoce. La política criminal es como la política sanitaria, hay que establecer cuáles son las patologías más graves y frecuentes para poder hacerles frente. Hacer prevención no es tan caro, lo que pasa es que a nadie le interesa, falta decisión política. Y por último, es clave tener un modelo de policía. Nosotros no lo tenemos. Fíjese lo que ocurrió con la policía de la provincia de Buenos Aires en los últimos diez años, los vaivenes que hubo hacia un lado y hacia otro. Revela que no hay modelo y eso no debería suceder, no es bueno para la seguridad. Lo que deberíamos hacer es estudiar e imitar modelos exitosos de policía y eso depende de una decisión política.