06-12-09 |

"La decisión del juez sin dudas le salvó la vida a mi hijo"

Maximiliano tiene 22 años y desde hace tres no sufre más convulsiones. Fue gracias a una cirugía que sólo se la pudieron practicar juicio mediante. “La obra social me la tenía que reconocer, pero se negó”, recuerda su madre, Rosana Martins.
El chico nació sin dificultades. Es el segundo hijo del matrimonio Ferraro. “Una noche —recuerda Martins— estábamos cenando y empezó a convulsionar. Se puso todo colorado, se le aceleró la respiración y tenía las pupilas dilatadas”. Con sólo 11 meses, Maximiliano mostró los primeros síntomas de la epilepsia. Y en ese momento empezó el arduo camino para que los médicos pudieran dar con el diagnóstico y luego efectuar el tratamiento.
Después de ocho años probando diferentes esquemas medicamentosos para frenar las convulsiones (que a veces llegaban hasta 200), la situación se volvió intolerable y el médico tratante derivó el caso al hospital pediátrico Juan P. Garrahan, de Buenos Aires. Allí, el jefe de cirugía de epilepsia, Hugo Pomata, indicó la intervención quirúrgica.
Antes había que hacer estudios específicos y comenzaron los conflictos con la obra social (Osecac), que se negó a reconocer los estudios previos y la cirugía, ante lo cual la familia Ferraro decidió presentar un recurso de amparo en la Justicia.
“Maxi corría riesgo de vida y el juez, que me devolvió un hijo, obligó a que la obra social cubriera la operación en la clínica indicada por los médicos”, recordó Martins, quien hoy lucha para que todos los pacientes tengan acceso a lo que les corresponde por ley.

La Ciudad

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