Con el actual esquema de concentración de la tierra se da una preocupante combinación: la proliferación de barrios privados y desalojos silenciosos de los sectores más castigados.
Obra pública, beneficios privados. Todas las urbanizaciones se ubican bajo la mancha de inundabilidad, la mayoría también sobre zonas rurales y no urbanizables. Hemos señalado que estas categorías (inundabilidad y usos del suelo) son móviles. Es decir, fruto de una decisión política que se fija por ordenanza.
El ámbito del urbanismo es el único espacio de la economía donde el Estado municipal tiene capacidad de intervención total. Sin la aprobación municipal nadie puede hacer nada por más que tenga bajo su propiedad a toda la ciudad. La planificación de la ciudad es de estricto carácter público y debe atender esos intereses. En el plan urbano 2007-2017 el noroeste es la zona de mayor obra pública. La mayoría de los proyectos corresponde a barrios privados.
El convenio publico-privado, como toda herramienta, no es malo per se. El problema surge cuando se pretenden solucionar todos los problemas de la ciudad a través de este mecanismo. No se puede dejar el escandaloso déficit habitacional de la ciudad (más de 40 mil familias) a expensas de las "donaciones" privadas. ¿Cuál es el criterio de lo público si la ciudad se expande a la estricta necesidad de los intereses privados? ¿Donde está la intervención del Estado con algún carácter progresista?.
Creemos que es momento de empezar a discutir públicamente con todos los sectores,
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