Economía
Martes 21 de Marzo de 2017

Santa Fe apuesta al diálogo, pero sin cortes

Javier Felcaro

La administración de Miguel Lifschitz ratificó ayer que no permitirá el corte de calles, rutas o autopistas consideradas clave, tanto para el transporte de personas como para el desarrollo de actividades productivas, y que priorizará el diálogo desde el Estado para la resolución de conflictos, dejando como último recurso la utilización de la fuerza pública. De todos modos, en la Casa Gris enfatizaron: "Nunca vamos a tolerar el caos".

Luego de que la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, advirtiera que las fuerzas policiales comenzarán a actuar para desactivar los piquetes, fuentes de la gestión socialista deslizaron a La Capital que la premisa sigue siendo "dialogar e intervenir desde el Estado para poder levantar ese tipo de protesta y apelar, como última opción, al uso de la fuerza pública para el desalojo".

"Está claro que nunca vamos a tolerar el caos, algo que quedó graficado las 4 ó 5 veces que tuvimos que intervenir con fuerzas de seguridad en el último año en Rosario (en la avenida de Circunvalación, por ejemplo) para garantizar la libre circulación", enfatizaron. Y, a modo de reivindicación de su estrategia, tomaron distancia de las recientes postales del desorden en la ciudad de Buenos Aires.

En febrero de 2016, cuando la Nación definió el protocolo antipiquete (que tuvo un debut fallido en la Capital Federal), el titular de la cartera de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, recordó que en Santa Fe las autoridades ya venían consensuando acciones "con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y diferentes actores que trabajan en este tipo de manifestaciones y reclamos".

Asimismo, el funcionario de Lifschitz adelantó por entonces la metodología a aplicar en territorio santafesino: "Coincidimos, en términos generales, en que no se puede obstruir una arteria o una ruta pero discrepamos en que, si no desalojan en cinco minutos, hay que mandar a la fuerza de seguridad".

Desde entonces, las autoridades policiales deben notificar de inmediato el corte o la protesta al Ministerio de Seguridad y a la Justicia, federal (si es una ruta nacional) o santafesina (si es una calle o ruta provincial).

Luego, el Estado interviene para que los manifestantes dejen liberadas esas zonas. Caso contrario, las autoridades coordinarán con la Justicia las acciones a adoptar para normalizar la situación.

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