Economía
Domingo 14 de Mayo de 2017

Saglione: "Hay señales de alerta y es compleja la perspectiva para 2017"

Los ingresos propios y la coparticipación desaceleraron. La provincia propuso a municipios acciones para mejorar la recaudación.

El gobierno de Santa Fe detectó señales de alerta en la evolución de los ingresos públicos en el último bimestre, tanto los que provienen de impuestos provinciales como los de la coparticipación federal. Con ese contexto, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, intensificó el diálogo con los intendentes y presidentes comunales para acordar acciones que le permitan enfrentar un año que se avizora como "complejo". La desaceleración en la curva de recursos y la presión sobre el gasto público que genera la difícil situación social presenta un desafío para ambas partes, que el funcionario propone abordar con "gestiones comunes para mejorar la gestión tributaria". Se viene un mayor control para el cobro del impuesto inmobiliario y la patente automotor, que son los que en mayor porcentaje se distribuyen a los gobiernos locales. "Es un año complicado, pero la intención es no aumentar impuestos y mantener la obra pública provincial", dijo el ministro.

—En las últimas semanas hubo una discusión con el gobierno nacional sobre la evolución de la coparticipación y también un reclamo de intendentes y presidentes de comunas por la baja en esos recursos. ¿Está recaudando menos la provincia?

—Precisamente venimos haciendo reuniones con intendentes y presidentes de comuna para compartir información sobre el tema. Por un lado, la recaudación tributaria nacional en los primeros cuatro meses del año creció un 33,8% respecto de igual periodo del año anterior, incluyendo los recursos del blanqueo. La recaudación propia de la provincia, creció en el mismo período exactamente lo mismo. La coparticipación a municipios y comunas por todo concepto creció 33%. Los recursos provinciales propios y federales, crecieron 28,3% en el cuatrimestre. Desagregados, el 34% subieron los propios y 25% los de la coparticipación. ¿Por qué creció 33,8% la recaudación nacional y sólo 25% la coparticipación que recibe la provincia? La diferencia es básicamente el blanqueo. En estos cuatro meses, la Afip recaudó 40 mil millones de pesos, fruto del impuesto especial que no es coparticipable. Otra cuestión es por qué si los recursos provinciales crecieron 28%, la coparticipación a municipios y comunas creció el 33%. Esto tiene que ver con la composición de la masa que se distribuye. A los municipios y comunas les impactan más los recursos que recauda la Administración Provincial de Impuestos (API), que los que vienen de la coparticipación federal. Y lo que ocurrió es que nuestra recaudación subió 34% y las transferencias nacionales 25%.

—En base a esos números, la recaudación nacional y las transferencias de la provincia a los municipios y comunas estuvieron por encima de la inflación interanual.

—Cuando uno mira el primer cuatrimestre, ve que la recaudación nacional está, en líneas generales, por encima de la inflación interanual. Los municipios y comunas reciben recursos, al menos provinciales, también por encima de la inflación interanual, y los recursos totales de la provincia están un par de puntos por debajo del aumento de precios, aunque bastante en línea. Es más preocupante el panorama cuando uno lo desagrega al interior del cuatrimestre. Hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, en enero y febrero operaron los vencimientos de pago total anual del impuesto inmobiliario y de patentes, que tiene un descuento del 5%, y hubo un fuerte incremento de la recaudación en los primeros dos meses del año, respecto del año pasado. La coparticipación a municipios y comunas por esos dos impuestos subió 80% en enero y 48% en febrero. En marzo, cuando este efecto desaparece, el incremento interanual ya es el 20%, y en abril es menor. Por eso, en febrero mandamos una nota a municipios y comunas advirtiendo que el monto repartido se debía a esta situación y que no se iba a repetir.

—¿Hay algún elemento que tenga que ver con la actividad económica?

—Cuando vamos a la coparticipación no automática, como el caso de Ingresos Brutos y los recursos de la coparticipación nacional, tenés aumentos superiores al 30% en enero y febrero pero en marzo bajan al 28% y en abril al 26%. Crece cada vez menos y, en los últimos dos meses, por debajo de la inflación. Por el lapso que hay entre el momento en que la provincia recauda y luego transfiere Ingresos Brutos, los gobiernos locales todavía no vieron el efecto pleno de la desaceleración en su recaudación. En ese tributo, en enero de 2017 contra enero de 2016 hubo un 47% de aumento, producto de algunos vencimientos excepcionales, en febrero la suba interanual fue de 37%, en marzo de 18% y en abril de 18% Son doce puntos por debajo de la inflación.

—¿En qué términos discuten con los intendentes y presidentes comunales?

—En primer lugar queremos compartir la información y luego encontrar elementos de acción conjunta para mejorar la performance recaudatoria. Podemos coincidir o no sobre las causas de esta situación, pero el dato de la realidad es este. La idea es avanzar sobre los elementos que podemos tener nosotros. Por ejemplo, en el impuesto inmobiliario, que se reparte mitad y mitad con las comunas, el cumplimiento hoy no es malo pero hay una deuda acumulada de otros años que es importante que se puede gestionar en forma conjunta. Tenemos pendientes de cobro aproximadamente 6 mil millones de pesos. Desde la API tenemos la responsabiidad y capacidad para cobrar esos impuestos pero los gobiernos locales, sobre todo en las localidades con mayor cercanía, tienen la posibilidad de ver si esa morosidad obedece a un problema económico del contribuyente o a una decisión voluntaria de no cumplimiento. La idea es que nos ayuden a determinar quiénes y por qué no están pagando. También estamos proponiendo un convenio con la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor para que, en el caso de patente, que se coparticipa 90%, se permita implementar un mecanismo de gestión de cobranza de ese impuesto al momento de la transferencia del vehículo. Cualquier acción que hagamos en estos dos tributos incide más en municipios y comunas que en la provincia.

—¿No es complicado ajustar la gestión tributaria en un año electoral?

—Es antipático cobrar impuestos pero, a pesar de que hay presidentes de comunas que ponen en juego el cargo, en ningún caso hubo opiniones en contrario a la idea de mejorar la gestión de cobranza. Lo que proponemos nosotros es focalizar en los que están en condiciones de pagar. Lo peor que podemos hacer es convalidar la inequidad en el cobro de impuestos. La propuesta no incluye para nada un aumento de impuestos. Buscamos cobrarle al que no está cumpliendo. De hecho, el gobierno provincial hizo este año una gran apuesta con el régimen simplificado de Ingresos Brutos Permitió que la mayoría de los contribuyentes hoy lo haga bajo esta modalidad. Por un lado, reduce la carga tributaria, porque cada contribuyente va a pagar menos por ese impuesto hoy que lo hubiese tenido que pagar si no existiese el régimen simplificado. Esto tiene un costo fiscal pero nuestra apuesta es ensanchar la base tributaria.

—¿Por qué se desacelera la recaudación?

—Si la inflación interanual es el 30% y perdí dos puntos en Ingresos Brutos por cambiar de régimen, el resto es pérdida de actividad o algún problema de evasión. Estamos haciendo un perfil contribuyente por contribuyente. Lo que en marzo y abril indica que hay un problema. Queremos ver si hay un problema de evasión o de actividad.

—¿La adhesión provincial al blanqueo tuvo algún efecto en la recaudación de la provincia?

—El gobierno en su momento dijo que no compartía el blanqueo y no le parecía conveniente adherir. Pero también es verdad que en el país se había instalado la idea de que el blanqueo iba a permitir aumentar el flujo de inversiones. Lo discutimos con los legisladores, no propusimos ningún proyecto pero acompañamos la iniciativa de la Legislatura. Y la ley es buena, entiendo que la mejor del país, porque dice: yo no me adhiero al blanqueo, pero sí le doy certidumbre al contribuyente santafesino que se adhiera respecto de la actitud que va a tener la API. La ley dice que si el contribuyente santafesino adherido al blanqueo decide invertir los fondos en la provincia en la actividad productiva, automáticamente no se investiga el flujo fiscal de esa inversión enmarcada en el blanqueo. Y para los casos en los que no se invertía, hubo un impuesto especial del 1%. Vencieron los plazos, tuvimos mil contribuyentes adheridos al blanqueo que presentaron ante la API una declaración jurada y ninguno aplicó esos fondos a inversión productiva. Todos pagaron el impuesto especial, que nos permitió una recaudación de 24 millones de pesos, que en un 13% se coparticipó. El blanqueo nacional puede considerarse exitoso desde dos puntos de vista: le permitió al gobierno nacional aumentar la recaudación, sin coparticipar esa parte, al contribuyente le sirvió blanquear sus activos. Sin embargo, si lo leo desde el impacto sobre la inversión productiva, el objetivo no se cumplió.

—Pasado ese tema, se ve una fuerte presión del gobierno nacional y cámaras empresariales para bajar los impuestos provinciales.

—Es así. Los ministros de Economía de las provincias les hemos pedido a las autoridades nacionales, en las reuniones que tenemos y que celebramos porque hay mucho diálogo, que sean muy cautelosos con este tema. Porque Ingresos Brutos es la columna vertebral de la recaudación de todas las provincias. Con lo cual, independientemente de la postura que tengamos desde lo conceptual, debemos cuidarnos de generar el concepto en la sociedad de que hay que sacarlo si no sabemos cómo vamos a compensar esa recaudación. Los principales impuestos que el contribuyente tiene en cuenta y que inciden sobre su rentabilidad son los nacionales. No los provinciales o municipales. Luego, al Estado provincial le piden salud, educación y servicios publicos. La concentración de recursos a nivel nacional creció a lo largo del tiempo y la atención de los servicios se trasladó a los niveles subnacionales. Tenemos que ir a un esquema en el que logremos revertir eso. Hay que decir que se dieron pasos en ese sentido pero estamos todavía lejos de alcanzar un equilibrio.

—Hay instancias abiertas de discusión sobre coparticipación y reforma tributaria a nivel nacional. ¿Qué se discute?

—No podemos discutir la coparticipación sin discutir primero una reforma tributaria. Yo celebro que ambos temas estén en agenda pero no se van a resolver en dos o tres meses. Si tenemos recursos nacionales creciendo a 34% y transferencias a provincias creciendo a 25%, con servicios publicos que nos obligan a una creciente estructura de gastos, de alguna manera lo que pasa es que los Estados subnacionales están pagando el ajuste que impulsa el gobierno nacional.

—En un contexto complejo de la economía, hay más presión sobre los servicios del Estado.

—No cabe duda, por eso en estas reuniones buscamos diseñar mecanismos que permitan sobrellevar un contexto económico complejo y difícil.

—¿Cómo terminaron las cuentas públicas en 2016?

—Cerramos con 150 millones de pesos de superávit, que en un presupuesto de 120 millones de pesos, es de equilibrio. Claramente, la perspectiva para 2017 es compleja. En el primer cuatrimestre no impactó de lleno la paritaria, con lo cual la proyección para el resto del ejercicio genera luces de alerta. Nos obliga a mirar el gasto y la performance recaudatoria para mantener la solidez que caracteriza históricamente a las finanzas de Santa Fe. Esta solidez es lo que nos permitió acceder a las tasa más bajas por el financiamiento de 500 millones de dólares que tomamos en el exterior para hacer obra pública.

—¿Van a tomar más deuda?

—No en el corto plazo. Una vez que avance la ejecución de la obras que se financian con esos recursos y tengamos numeros más certeros de la economía, veremos si conviene o no tomar más deuda.

—¿Cómo ve el gobierno el proyecto para recuperar participación en el banco de Santa Fe?

—Es un tema muy complejo. Lo que es seguro es que no contar con un banco es una dificultad para un gobierno provincial. Somos muy críticos con la decisión de privatizar el banco en los 90.

Deuda histórica: "Apostamos al diálogo político"

El ministro de Economía de Santa Fe confía en que le gobierno nacional presente antes del 30 de junio su propuesta para cancelar la deuda generada a favor de la provincia por la detracción indebida de recursos coparticipables durante el período en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trató la demanda presentada por el entonces gobernador Hermes Binner.

A fines de 2015, el máximo tribunal de la Nación le dio la razón a Santa Fe (también a san Luis y Córdoba) en el conflicto contra los descuentos que el Estado nacional realizaba para financiar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) y, en menor medida, la Administración de Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Recursos extra

La primera consecuencia fue el cese de esa detracción, que le permitió a la provincia contar el año pasado con 6 mil millones de pesos adicionales, netos de la coparticipación a municipios y comunas.

Saglione recordó que esos fondos fueron afectados al programa de obras públicas, pero aclaró que "Santa Fe perdió más de 3.500 millones de pesos de coparticipación esperada por la recesión, la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la reducción de retenciones a la soja, que redujo los recursos del Fondo Federal Solidario".

La Corte Suprema también instó a los Estados nacional y provincial a negociar la fórmula de devolución de los recursos descontados de la coparticipación durante los años en que duró el litigio.

La deuda histórica

Son 23 mil millones de pesos de base, que actualizados la provincia estima informalmente en unos 40 mil millones de pesos.

Saglione explicó que, a diferencia del camino elegido por San Luis, que fue presentar directamente a la Corte su estimación de la deuda, el gobierno de Miguel Lifschitz optó por abrir un canal de diálogo con la administración nacional para llegar a la instancia del máximo tribunal con un acuerdo previo.

Diálogo político

"Antes de presentar la liquidación a la Corte, propusimos ponernos de acuerdo con la Nación, que lo aceptó", dijo el ministro, para quien "es importante demostrar en materia institucional que este tema se puede resolver con diálogo, sin necesidad de someterlo al juicio de un tercero".

La voluntad política nacional fue manifiesta pero hasta ahora no hubo una propuesta concreta de pago.

"El ministro del Interior dijo días atrás que la idea era resolverlo antes del 30 de junio de 2017 y creemos que es lo que debe suceder, par aluego ir juntos a la Corte y demostrar que el diálogo político resuelve los conflictos", señaló Saglione.

La detracción de recursos de la coparticipación para financiar la seguridad social fue acordada durante uno de los pactos fiscales de los 90. A su vencimiento, la provincia pidió el cese del descuento y, como no obtuvo respuesta, presentó una demanda ante la Corte de la Nación. A fines de 2015 tuvo fallo favorable.

"La obra pública no será variable de ajuste"

"El gobierno provincial tiene definido que la obra pública, que históricamente fue la variable de ajuste, no se frenará, no va a ser esa la vía para buscar el equilibrio". El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, explicó que la inversión en infraestructura del Estado provincial creció 80% en 2016 respecto de 2015, a valores nominales. Y aseguró que "no hay provincia argentina, y menos el Estado nacional, que haya registrado ese aumento".

Dijo que en los primeros cuatro meses de 2017 esa inversión creció 160% contra igual periodo del año anterior y subrayó que "la fuerte apuesta" que se hizo en materia de gasto de capital "fue uno de los elementos desarrollados por el gobierno de la provincia" para enfrentar la recesión en la que entró la economía a nivel nacional.

El funcionario recordó que las consultoras privadas informaron que el año pasado, a diferencia de la mayoría de las otras jurisdicciones, la economía provincial tuvo un leve crecimiento.

Y atribuyó ese "comportamiento diferencial" a tres factores. La obra pública, "que está desparramada en toda la provincia", el activismo de los ministerios de Producción y Trabajo para acompañar a las empresas en crisis, y la estructura diversificada de la economía provincial.

Línea de contención

"Cada empresa que tuvo una crisis el año pasado tuvo al gobierno provincial a lado, los ministros Luis Contigiani (Producción) y Julio Genesini (Trabajo) estuvieron firmes frente a cada aproblema", subrayó.

Recordó los más de 150 procedimientos de crisis instrumentados por la cartera laboral para evitar despidos y el trabajo de la cartera productiva para que los emprendimientos siguieran operando. "Lo que aquí se ve como natural no es lo que se ve en otros lugares", aseguró.

Destacó la política del gobierno provincial en el subsidio de tasas, que permite "al sector productivo santafesino fondearse a tasas inferiores a las del resto del país".

Subrayó la creación del fondo de asistencia a los productores lecheros afectados por las inundaciones, que tuvo el aval de la Legislatura.

"La recuperación y mantenimiento de la obra pública, y la labor de las carteras de Trabajo y Producción fueron elementos diferenciales de la política santafesina frente a la crisis", dijo, al tiempo que describió que la economía estructuralmente diversificada que presenta Santa Fe contribuyó a amortiguar los efectos del cambio macroeconómico.

"La provincia no está sujeta a lo que pasa con una sola actividad, e incluso cuando miramos el sector agropecuario, que se beneficio de las nuevas condiciones macro en todo el país, vemos que con una propiedad rural mejor distribuida, la mayor renta generada fue consumida en gran medida dentro de Santa Fe", consideró.

El peso de las tarifas

Más cuestionada fue la acción del Estado provincial en materia tarifaria. Saglione apuntó al "cambio de paradigma a nivel nacional en materia de tarifas de servicios públicas". Recordó que el anterior gobierno se focalizó en los subsidios y el actual en su "disminución gradual, y en algunos casos, no tan gradual".

"La EPE, que es una empresa que distribuye energía e, independientemente de la discusión histórica sobre los costos de la empresa, compra energía en el mercado mayorista", dijo y señaló que "los aumentos tarifarios de este año y medio obedecen al aumento de precio en ese mercado, que lo define el gobierno nacional".

En realidad, hubo aumentos que trasladaron el costo nacional y aumentos fijados en forma independiente de los mismos.

"El precio de la energía incluye un agregado del costo que tiene la EPE para distribuirla, que históricamente fue motivo de debate", admitió, sin entrar en más detalles.

Recursos

Por otra parte, el ministro de Economía señaló que la provincia recibe recursos de la Nación para "algunas obras en particular" pero consideró que esas transferencias "están por debajo de lo que Santa Fe aporta a la economía nacional".

El funcionario instó a profundizar el camino para reducir progresivamente la masa de recursos discrecionales y fortalecer el reparto coparticipable.

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