Casa Rosada
Domingo 24 de Septiembre de 2017

Provincia, deuda y presupuesto

La presentación apuntó a valorar la gestión local pero también a tomar posición frente a los debates que se vienen sobre la reforma fiscal y coparticipación

Los ministros de Economía y Producción de la provincia presentaron el miércoles pasado un libro sobre la economía santafesina, con datos que subrayaron la fortaleza de sus estructura productiva, su equilibrio fiscal y la discriminación que experimenta en la distribución de recursos nacionales, sobre todo los que se asignan discrecionalmente.

La presentación apuntó a valorar la gestión local pero también a tomar posición frente a los debates que se vienen sobre la reforma fiscal y coparticipación. Y fundamentalmente, para argumentar a favor de la propuesta de pago de la deuda histórica, unos 50 mil millones de pesos que la provincia aspira a cobrar en cuotas anuales que representan el 0,28% del presupuesto nacional. En ese camino, los ministros denunciaron también la "desconsideración" de la provincial el proyecto de recursos y gastos para el año 2018 que presentó el gobierno nacional. No hay allí referencias al pago de la deuda ni partidas importantes para obras públicas emblemáticas en el territorio santafesino.

Los ministros expusieron en esa presentación un concepto interesante en términos de políticas públicas concretas: el del fortalecimiento de la autonomía provincial como mecanismo para amortiguar el impacto económico y social de la discrecionalidad de los gobiernos nacionales. Discute así una idea generalizada que reivindica los supuestos beneficios de alinearse incondicionalmente con el dueño de la chequera. Que en este caso, es el gobierno nacional. Beneficios, cabe aclarar, que vienen asociados a compromisos gravosos, como ocurrió en los 90, con la entrega del banco provincial y de recursos fiscales, como los que terminaron en los descuentos de coparticipación.

La tesis de los ministros provinciales, en cambio, propone que la autonomía en la representación política e institucional tiene efectos anticíclicos.

En esa línea de razonamiento, mientras un distrito como Santa Cruz pasa de la gloria a Devoto con un cambio de gobierno nacional (no es un dato ideológico, mañana el caso podría ser Jujuy), Santa Fe hoy recibe la coparticipación sin la detracción del 15% acordada en los 90 porque en su momento llevó la demanda ante la Corte Suprema. Difícilmente lo hubiera hecho si en ese momento su administración hubiera estado alineada automáticamente con la Nación.

Con otros colores políticos, hoy se asiste a una situación similar. Legisladores y candidatos santafesinos que, oficialistas de la Casa Rosada, defienden la dilación en el pago de la deuda histórica. También actuaron como representantes del gobierno nacional frente a la ausencia de ese nivel del Estado en la recuperación de Mefro Wheels o en la integración del fondo de ayuda a los tamberos inundados.

Esta estructura institucional contracíclica le permitió al gobierno provincial mantener la obra pública aun cuando la administracion nacional la pisó durante el año pasado. Esta posibilidad, junto al activismo del ministro de Producción, Luis Contigiani, para asistir a empresas y trabajadores afectados por la nueva política económica, ayudarle a ponerle un piso a la caída de la actividad El ministro de Economia, Gonzalo Saglione, aseguró que Santa Fe fue la única provincia que experimentó crecimiento económico, aunque leve, el año pasado.

El reclamo de la deuda generada por el fallo de la Corte se inscribe en esa lógica de "blindar" a la provincia de la discrecionalidad en la distribución de fondos. Saglione reveló en el informe que de 35 mil millones de pesos girados en los primeros siete meses del año por transferencias nacionales no automáticas, Santa Fe recibió apenas 421 millones de pesos. En ese lapso, el Estado provincial ejecutó obras por más de 5 mil millones de pesos.

La posibilidad de contar con fondos derivados del plan de pago de esa deuda contribuirían a estabilizar un esquema de recursos y gastos que no sólo tiene que ver con obras públicas, sino con una creciente presión a los Estados subnacionales para atender servicios y emergencias derivados de los efectos negativos del cambio de política nacional. Por ejemplo, más personas que demandan atención en la salud pública, alimentos en los comedores escolares y transferencias de subsidios sociales.

Los efectos negativos de la política macroeconómica nacional en el territorio son palpables, más allá de la difusión de rebotes estadísticos. En ese punto, la discusión sobre la gestión en terrenos claves como la economía, la obra pública y la inversión social, y el debate sobre la asignación territorial del presupuesto adquiere una relevancia concreta y presente. Lejos de los relatos y fantasías sobre crisis asintomáticas heredadas, distopías venezolanas o amenazas de los pueblos originarios al orden terrateniente, en el debate de la ley de leyes se prueba la labor de los diputados y senadores nacionales por la provincia. Que es el cargo que se vota el mes que viene.ular.

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