El secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, y otros once funcionarios del área presentaron la renuncia, en medio de una fuerte restricción presupuestaria en ese organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria.
El secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, y otros once funcionarios del área presentaron la renuncia, en medio de una fuerte restricción presupuestaria en ese organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria.
El 25 de septiembre último seis organizaciones campesinas denunciaron que "es una sentencia de muerte" para la agricultura familiar el "magro presupuesto" que le otorgará el gobierno de Mauricio Macri para el 2017, según cuestionó el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar, que entre el 13 y el 15 de septiembre debatióla reglamentación de la ley en Buenos Aires.
"El presupuesto previsto por la Secretaría de Agricultura Familiar para 2017 es una sentencia de muerte porque en el mejor de los casos incorporaría 195 millones para un sector que desde 2015 reclama más de 1.500 millones para hacer realidad la reparación histórica que plantea la ley".
En 2016 Agricultura Familiar tuvo un presupuesto de 322 millones de pesos, pero las autoridades salientes solicitaron un un incremento del 65 por ciento. Y ayer, el Ministerio de Agroindustria comunicó escuetamente que se "modificarán las autoridades a cargo de la Secretaría" y que por el momento el área quedará a cargo del jefe de Gabinete de la cartera, Guillermo Bernaudo.
"De esta manera, luego de un intenso trabajo de organización, de una importante presencia territorial y cumplimiento de objetivos, se da por cumplida una primera etapa en la que sus directivos llevaron adelante un gran trabajo", manifestó el Ministerio que conduce Ricardo Buryaile.
Trascendió que con Alloatti se retiran otros once funcionarios de la secretaría, cuyo plantel de trabajadores, al momento de su asunción, estaba compuesto por unos 1.500 profesionales, de los cuales 250 contratos se encontraban en estudio; 80 casos cambiaron de modalidad, mientras 1.220 fueron renovados por la Nación hasta el 31 de diciembre próximo: después se produjeron despidos en Corrientes.
Solidaridad con el Inta. Por otra parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), junto con sus más de 400 entidades del campo, se solidarizó y respaldó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) ante la reducción de la asignación económica que prevé el proyecto de presupuesto 2017 del Ministerio de Hacienda, el cual contempla asignar al instituto $5.112 millones para el año que viene, una cifra que representa un recorte del orden de los $1.140 millones en relación con la inflación.
"Este recorte podría condicionar el trabajo científico y técnico que desarrollan profesionales e investigadores del Inta, y perjudica el normal desenvolvimiento de los programas, capacitaciones y actividades que realiza el Instituto", sostuvo Came en un comunicado.╠
La entidad resaltó que la reducción se produce en el momento que el presidente Macri anunció el Programa de Fortalecimiento de las Economías Regionales y la ley pyme 27.264, medidas que fueron bien recibidas por la Came.
"Esperamos que el gobierno nacional garantice el objetivo de mantener las fuentes laborales, el régimen de becarios y las líneas de investigación de tan importante institución para el campo".