Economía
Domingo 09 de Julio de 2017

"Macri busca desarmar algunos mecanismos de protección social"

El economista Nicolás Dvoskin analizó las últimas intervenciones oficiales sobre el sistema de pensiones, a la luz de un plan más general.

El recorte de las pensiones que encaró el macrismo disparó una pregunta: ¿Por qué se exponen el Presidente y sus ministros en un terreno tan sensible? Para el economista y politólogo Nicolás Dvoskin la respuesta es más política que fiscal: en su opinión, el macrismo apunta a ir desarmando determinados mecanismos de protección social que instauró el kirchnerismo y reducir la presencia del Estado.

En esta entrevista con La Capital, Dvoskin —docente de la UBA y especialista en seguridad social— señala que el gobierno plantea un ajuste en dos velocidades: primero, desarticular la lógica política que tenía durante la posconvertibilidad el Ministerio de Desarrollo Social —que bajaba recursos al territorio a través de las organizaciones sociales — luego, meter tijera sobre los programas de la Ansés, aunque el macrismo todavía no tiene el consenso social y político para hacerlo.

De acuerdo a Dvoskin el macrismo —como otras expresiones de la nueva derecha de América latina — avanza sobre las falencias y errores de los gobiernos anteriores e instala en agenda temas como la flexibilización, la justicia laboral y el déficit fiscal porque necesita volver a "un neoliberalismo consensual" y evalúa: "Hoy tenemos un neoliberalismo conflictivo".

— El ajuste de pensiones no contributivas, ¿se debió a un error en la aplicación del criterio, como dijo la ministra Stanley, o implica una decisión política?

—Creo que hay una decisión política, que tiene que ver con ir desarmando determinadas protecciones, pero no todas. Hay dos organismos que están a cargo de determinadas políticas de ingresos: el Ministerio de Desarrollo Social y la Ansés. Funcionan con lógicas diferentes. La lógica de asignación de recursos de la Ansés siempre fue mucho más transparente. Cuando se crea este organismo en la década del 90 toma el rol de la administración de la seguridad social entendida como aquella protección para la familia de los trabajadores, y ha quedado en el Ministerio de Desarrollo Social —que es el heredero del viejo Ministerio de Bienestar Social, que sí integraba la seguridad social — la protección a la población desamparada, con programas más específicos, de alcance menor. Originalmente en su primera versión en la década del 90 es el Ministerio de los programas de políticas focalizadas. Intentan que se pague poco para que la gente no tenga incentivo al no trabajar, para que no distorsione el mercado de trabajo. Ese es el argumento. Talla un montón el clientelismo, tiene un funcionamiento que no está asociado a la transparencia sino al uso político de los distintos programas. Durante el kirchnerismo tenemos un cambio fundamental en ese Ministerio: no deja de ser el de las políticas para los sectores más desamparados, pero el kirchnerismo integra a las organizaciones sociales. En cierto sentido terceriza en las organizaciones sociales parte de la tarea de llevar a cabo esas políticas. Lo que está haciendo el macrismo en el Ministerio de Desarrollo Social es desarticular la lógica política que tenía ese Ministerio, yendo por el lado de recortes de determinados programas bastante asociados a la lógica de los programas de la década del 90. Por el lado de Ansés no están tocando nada por ahora, no tocaron nada de Asignación por Hijo, por ejemplo. Dejan para el futuro lo que es la reforma previsional. El gobierno ha ido con mucha fuerza contra muchos proyectos más focalizados. No sólo en las pensiones por invalidez: el plan Qunita, por ejemplo. Son políticas más focalizadas, sobre los cuales el kirchnerismo cimentó en parte su acumulación política, que no por eso dejan de ser programas con una enorme importancia para mucha gente, que generan inclusión social. Por ejemplo, los pagos de las becas Progresar —que son las becas que da el Ministerio de Desarrollo Social para estudiantes de bajos ingresos para completar estudios— se están retrasando todos los meses. Están avanzando, uno no sabe si porque quieren eliminarlas o porque quieren reformularlas e implementar las suyas con sus propias lógicas políticas.

— Da la sensación de que con los recortes el gobierno paga demasiado costo político, teniendo en cuenta el costo fiscal bajo de estos programas, en comparación con otras políticas...

—En ningún caso de estos es mucha plata. Hay un programa de ajuste. Además de las pensiones, recordemos lo que fue el conflicto por los programas de formación docente, el conflicto del Conicet, el programa de orquestas infantiles; son políticas públicas pensadas para determinados sectores. Son migajas en relación al presupuesto. Distinto es el caso de los tarifazos y los subsidios a los servicios públicos: son otros números, no son ni comparables. Pero en las políticas para sectores específicos que se impulsaron durante el kirchnerismo que efectivamente marcan una mayor presencia del Estado, ya sea para el desarrollo científico y tecnológico, o para la inclusión social, el macrismo está avanzando por una cuestión mucho más política que fiscal.

—Con respecto al régimen jubilatorio, se debate en el gobierno un proyecto que tiene tres pilares: la pensión universal por vejez; el actual régimen de reparto, con posibilidad de seguir trabajando voluntariamente pasada la edad mínima de retiro; y la creación de un régimen complementario al que los trabajadores podrán aportar voluntariamente para mejorar la jubilación futura, ¿Cómo ve esta iniciativa?

—Los dos primeros pilares ya existen, lo que pasa es que no están así definidos. Hoy por hoy, si bien tenés en el cálculo de los haberes una prestación básica universal (PBU) y un adicional, no existe una diferenciación clara con respecto a su financiamiento. En la actualidad en Argentina las jubilaciones se financian en un 60% por aportes y contribuciones y en un 40% por recursos tributarios. Lo que plantean es separar esos dos pilares. Armar un primer pilar que sea no contributivo —lo que llaman una pensión universal — que es el 80% de la mínima. Es una degradación de la calidad de la protección jubilatoria si lo comparás con las moratorias del kirchnerismo. Con respecto al segundo pilar, se omite un detalle importante: en Argentina los jubilados pueden seguir trabajando. Eso se reformó en la década del 60, con Onganía. No todos los sectores lo permiten, pero eso no es una cuestión de la legislación previsional, sino sectorial. El tercer punto es el más interesante de todos. Al gobierno le encantaría volver al esquema de AFJP. No olvidemos que Francisco Cabrera, el ministro de Producción, era el director general de Máxima, la AFJP de la familia Alemann. Sin embargo, sabe que no tiene margen político. Apuntan a un modelo bastante parecido al norteamericano. En Estados Unidos, funciona el sistema de reparto puro desde la década del 30. En el gobierno de Nixon y Reagan tuvo algunas modificaciones en sus cálculos de haberes, pero Estados Unidos nunca tuvo AFJP. No obstante, está lleno de cajas complementarias y optativas. Son los famosos fondos de pensión: están a cargo de los bancos, de entidades financieras, de fondos de inversión. Son optativos, no necesariamente a nivel individual. Muchas veces son optativos a nivel colectivo: son las propias empresas los que los organizan. Podría ser hasta a nivel sindical. En Argentina existen y han existido cajas complementarias organizadas por sindicatos. El gobierno apunta principalmente a eso: después de las privatizaciones, las AFJP fueron el principal dador de rentabilidad en la convertibilidad, y el principal motor del mercado financiero. Las ganancias fueron extraordinarias, incluso a partir del propio financiamiento del Estado. Las AFJP con esas carteras de activos compraban títulos del Tesoro, que es en gran parte la deuda que tiene el Tesoro con la Ansés. Hay un enorme negocio en los fondos de pensión. El gobierno no tiene margen político para hacer una reforma como la de los 90 pero sí para avanzar hacia algo de este tipo: reducir los haberes, buscar la manera de morigerar los efectos de la ley de movilidad. Ya lo hicieron con la ley de Reparación Histórica, que no fue otra cosa que un caballo de Troya del blanqueo.

—Habiendo cumplido un tercio de su mandato, ¿Cuáles son las principales rupturas del macrismo con respecto al kirchnerismo en materia de seguridad social?

—Hay una diferencia principal que tiene que ver con cuál es la tasa de desempleo deseable para el gobierno. Es una variable relevante cuando discutimos políticas sociales, pero también cuando discutimos política económica en general. El kirchnerismo tuvo dos obsesiones en materia económica durante sus 12 años: el desendeudamiento y el bajo desempleo. Aun cuando hay cuestiones para cuestionar: la política de desendeudamiento extremo del kirchnerismo dejó margen de maniobra al macrismo para endeudarse mucho y que explote más tarde. En cuanto al desempleo, el kirchnerismo hasta para cuidar los puestos de trabajo lanzó el Repro, que es un programa de subsidio a las grandes empresas. Es discutible eso como medida de política económica. ¿Por qué tenía esa obsesión el kirchnerismo con el empleo? Por varias cuestiones: una tiene que ver con los acuerdos políticos con los que se sostiene el kirchnerismo; otra, con el modelo económico: se piensa en el crecimiento del mercado interno y se necesita que haya gente que consuma. El macrismo, por el contrario, apunta a otro modelo económico, más bien basado en la competitividad precio de la economía argentina. Es decir, abaratarnos internacionalmente. En ese sentido el bajo desempleo es un problema para Macri, porque implica alto poder de negociación de los trabajadores. Este año están cerrando a la baja la mayoría de las paritarias, y eso se sostiene con el alto desempleo. El macrismo recibió el país con menos de 6 puntos de desempleo —aunque hay cierto cuestionamiento de los datos del Indec de empleo pero no es mucho más que eso — y ahora estás en el 9%. Se duplicó el desempleo en un año y medio. Volvió a aparecer el discurso de la flexibilización laboral, las denuncias al sistema de juicios laborales, la Expo Empleo Joven que organizó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contratos basura con McDonald's.

—En un artículo para la revista uruguaya Brecha plantea que las políticas públicas expresan consensos sociales, ¿Considera que está puesto en cuestión el piso sobre la intervención del Estado en la economía y su rol en garantizar ciertos derechos, algo que incluso el macrismo tuvo que incorporar a su discurso en la campaña?

—Estás en un momento de América latina de contraofensiva neoliberal. El neoliberalismo no deja de ser hegemónico como esquema de pensamiento a nivel mundial. Los cuestionamientos que le generan más ruido son por derecha y no por izquierda, llámense Trump, Le Pen, Brexit. En América latina en los últimos 15 años ha habido experiencias que han trastocado esto. Sin llegar a constituir consensos nuevos —en el sentido de cosas que no se van a discutir más — pero sí pusieron en cuestión muchos recursos teóricos del neoliberalismo. Abrieron debates que antes no se daban. Estamos en un momento en el cual el neoliberalismo está avanzando sobre las falencias y los errores de las experiencias progresistas. El macrismo necesita generar un nuevo consenso neoliberal. Por eso aparece el tema de los juicios laborales, del déficit fiscal. Necesitan volver a un neoliberalismo consensual, hoy tenemos un neoliberalismo conflictivo. Tenemos un gobierno que se inscribe en el pensamiento neoliberal, pero que tiene que hacer explícitas muchas cuestiones que el neoliberalismo de los 90 no necesitaba hacer, porque estamos en otro marco de idea. Esa es una de las principales conquistas que hemos tenido en los últimos años. Habernos permitido establecer un debate mucho más abierto con cierto piso de derechos: que el gobierno no va a privatizar Aerolíneas, YPF, que no va a ir para atrás con la AUH o las jubilaciones. Decimos que no lo va a hacer hoy, pero está intentando avanzar discursivamente para hacerlo más adelante.

Los datos oficiales de reparación histórica

El director ejecutivo de la Ansés, Emilio Basavilbaso, informó que en el mes de junio 84.471 jubilados santafesinos cobraron sus haberes con el incremento correspondiente al "Programa de Reparación Histórica".

En todo el país el número alcanza a 1.046.154 de jubilados que están recibiendo los haberes con esta modificación, según datos oficales.

"Estamos saldando una deuda histórica que tenía el Estado con nuestros adultos mayores y vamos a seguir trabajando para que todos cobren la jubilación que les corresponde, en función de los aportes que realizaron durante toda una vida de trabajo", dijo el funcionario.

Según el recálculo en base a la reparación, el haber promedio de los jubilados que aceptan la propuesta de la Ansés pasa de 9.701 pesos a 12.723 pesos, lo que representa un aumento medio del 31%. De ese modo, según calculó el organismo, aproximadamente el 43% de los beneficiarios que cobraban la mínima ahora la superan.

También Ansés indicó que a junio de este año ya 625.717 jubilados se adhirieron al programa, es decir, aceptaron la propuesta a través de www.anses.gob.ar/reparacionhistorica y también lo hicieron sus abogados.

De ellos, 216.451 acuerdos ya fueron firmados con huella digital, tanto por los titulares como por sus letrados y se enviaron a la justicia los primeros 89.697 casos sorteados.

En todo el país, de los 1.046.154 jubilados que percibieron la reparación histórica en junio, la mayoría tienen zona de residencia de Buenos Aires (434.990), seguidos por los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (160.168), Santa Fe (84.471), Córdoba (80.129) y Mendoza (44.475).

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