Economía
Martes 14 de Marzo de 2017

Las coimas complican al anterior gobierno, pero también rozarían al actual

El fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, afirmó ayer que la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner es el período "más afectado" en la investigación.

El fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, afirmó ayer que la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner es el período "más afectado" en la investigación por las coimas pagadas por la empresa constructora Odebrecht, pero no descartó que "también pueda haberse dado algún tipo de soborno" durante el gobierno del actual mandatario, Mauricio Macri.

En enero pasado, el propio Rodríguez había comenzado también a investigar una denuncia contra el presidente de la empresa Iecsa, Angelo Calcaterra, primo de Macri, por sus presuntos vínculos en los pagos de coimas admitidos por la constructora brasileña en la Argentina.

El integrante del Ministerio Público Fiscal también deslizó la posibilidad de que las licitaciones ganadas por la firma involucrada, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, puedan ser revocadas.

"Este tema se las trae y el devenir puede ser sorpresivo", advirtió el titular de la PIA, quien indicó que "35 millones de dólares es lo que Odebrecht dijo que pagó en el acuerdo que firmó con Estados Unidos, Brasil y Suiza, pero eso es cuanto menos abonó".

Rodríguez subrayó que, "obviamente, el período más afectado (por la investigación judicial) es el del gobierno pasado", aunque aclaró: "No descarto que también pueda haberse dado algún tipo de soborno en este período".

"Hay información importante para la Argentina en las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, según me manifestaron los colegas brasileños. Estimamos habrá información importante, pero no sabemos si tenemos en principio los nombres y apellidos de los funcionarios públicos, porque ellos en Brasil hacen un culto a la confidencialidad", afirmó.

Sobre las medidas que tomará en caso de que la información oficial que llegue de la Justicia de Brasil contenga los nombres de funcionarios o ex funcionarios involucrados en el escándalo de las coimas, el fiscal indicó que habrá "motivos más que suficientes para sospechar e imputar a esas personas".

En ese sentido, explicó que el "pedido de cooperación internacional" a sus pares de Brasil para que "envíen las declaraciones de los llamados arrepentidos" fue realizado "hace mucho tiempo", pero precisó que "la cláusula de confidencialidad vence el 1º de junio" próximo.

Acerca de los proyectos en las que se podrían haber pagado coimas, Rodríguez resaltó que "las obras más emblemáticas que realizó y realiza Odebrecht en la Argentina con otras empresas asociadas son el soterramiento del Sarmiento, la planta potabilizadora del Paraná de las Palmas y los gasoductos Sur y Norte".

"Pero no descartamos que pueda haber ocurrido contra otras obras públicas", indicó el titular de la PIA, que agregó: "Estamos analizando los procesos de licitaciones para ver cuál fue toda la obra pública que hizo esta empresa en el período investigado".

La Casa Gris pide ser querellante en la causa del ex Banco de Santa Fe

El gobernador Miguel Lifschitz presentará hoy el decreto mediante el cual instruye al fiscal de Estado que requiera constituir en parte querellante al Ejecutivo santafesino en la causa judicial por el vaciamiento del ex Banco Provincial de Santa Fe.

En ese marco, Lifschitz también anunciará la desclasificación de los documentos y archivos pertenecientes al informe de la comisión investigadora que encabezó Alfredo Nogueras.

Esta decisión permitirá dimensionar en toda su magnitud el alcance que tuvo el proceso de vaciamiento y privatización de la entidad, que dejó al Estado provincial sin su herramienta financiera, además de constituir una pérdida patrimonial importante para los santafesinos.

El acto se realizará, a las 13, en la Casa Gris junto a representantes de todo el arco político, social y gremial de la provincia y ex trabajadores de la institución privatizada.

Además de la difusión de un documental sobre el proceso de privatización, se reconocerá a los ex empleados del banco (transferidos, retirados, jubilados y despedidos), muchos de los cuales fueron reprimidos el 7 de marzo de 1996 en la Legislatura por haber realizado una medida de fuerza en contra de la privatización de la entidad.

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