Economía
Domingo 30 de Julio de 2017

La "revolución productiva" del gobierno

Un informe del Cepa cuestiona la viabilidad del Plan Productivo Nacional y las metas en materia de empleo y actividad.

Desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri y hasta mayo de 2017, el Estimador Mensual Industrial (EMI) del sector manufacturero acumula 15 meses de bajas ininterrumpidas. La capacidad instalada muestra un promedio para el año 2016 y los primeros cuatro meses de 2017 de sólo 64 por ciento, y se perdieron 54.195 empleos entre noviembre de 2015 y abril de 2017.

Si la foto del presente es oscura, las herramientas de política económica lanzadas por el gobierno nacional para rearmar el entramado productivo, vuelven el futuro más negro.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) analizó el "Plan Productivo Nacional" elaborado en 2016 por el Ministerio de Producción, que conduce Francisco Cabrera. En el documento que explica el plan, se diagnostica la situación de la industria en el país proponiendo "una reconversión" del sector. Se plantean allí una serie de objetivos en materia de empleo, inversiones, exportaciones y actividad económica,.

Uno de los puntos más sensibles está vinculada a la evolución del empleo industrial. "El plan tiene un capítulo vinculado a la reconversión industrial y resulta curioso que ese apartado contiene precisiones sobre la destrucción de empleo ‹‹excedente›› en determinadas ramas de la industria, pero no sobre creación complementaria (o reubicación de los trabajadores) y menos aún sobre la creación genuina de los 900 mil puestos mencionados en la meta anterior", advierte Cepa.

En este contexto, "y bajo la premisa de que determinados sectores no son competitivos a nivel internacional, la propuesta de Cambiemos implica la reducción de la economía sólo a los sectores en condiciones de competir a precios internacionales", agrega el informe.

Según detalla el relevamiento, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, planteó en junio de 2016 que "hay un espacio muy grande para que la economía se recupere con muy poco empleo. Porque hasta ahora lo que había era un toma y daca entre el sector privado y el gobierno anterior en el cual el gobierno cerraba la economía, le daba rentabilidad a cada uno de los sectores negociadas a cambio de que no despidan personal".

En ese marco, "en el sector textil había cinco o seis jugadores que podían importar y cargar precios ridículos después en el mercado local y a cambio de eso que no se les ocurra echar ni a uno de sus mil o dos mil empleados que tenían de más. Eso es un problema", señala el informe recordando las palabras de Dujovne.

Así, en términos generales, la propuesta del Plan Productivo Nacional reside en acelerar y estabilizar el crecimiento para estimular la creación de empleo privado formal. "Tanto en la mención de Dujovne como en el planteo del plan, se percibe una mirada económica netamente ortodoxa y aperturista", indica Cepa.

La preocupación central del gobierno se concentra en cuatro actividades: calzado, textiles, electrónica y muebles, actividades que considera "sensibles". A estas deben sumarse automotriz y autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos, consideradas "latentes".

El gobierno propone para los sectores "sensibles" (hilandería, tejeduría y confección textil calzado, electrónica de consumo, muebles) "reconversión laboral, financiamiento para mejora de la productividad y reconversión y apertura gradual", mientras que propone para los "latentes", "apoyo a pioneros exportadores y prácticas de desarrollo exportador, mecanismos de pre y post financiación de exportaciones y mejoras de gestión".

Ante esto, Cepa señala que "la traducción del plan en materia de empleo, implica el impulso de lo que denominan plan nacional de modernización laboral, en el que se descubren varias de las políticas ya implementadas: ART, reducción de litigiosidad, etcétera".

Pero ¿cómo planifican lograr el aumento de la productividad?, se preguntan desde Cepa y señalan que será resultado de la reducción al 50 por ciento del personal manteniendo los niveles de producción. Es decir, aumentar la productividad, a los fines de alcanzar precios "competitivos" internacionalmente.

De ese modo, "el plan pone en jaque un millón de empleos, de las actividades consideradas sensibles. Sobre este total mencionado, se apunta a reconvertir 364.000 puestos de trabajo entre las actividades latentes y sensibles. Es decir, empleos que como mencionaba Dujovne «están de más»".

Por un lado, allí el plan plantea la reconversión laboral y lo asocia irremediablemente a lo que significa, en la jerga de Cambiemos, desocupación. "El mismísimo documento menciona que esta reconversión significa el 20 por ciento del empleo industrial, es decir 2 puntos en el desempleo", apunta el informe de Cepa. Agrega que el documento también cuantifica la cantidad de empleados "en exceso". Así, entonces, el 31 por ciento de los empleos de los sectores sensibles, es decir 255.000 trabajadores, deben "reconvertirse". Es necesario sumar a eso 109.000 adicionales de sectores "latentes" (38 por ciento de los 300.000 estimado en dichas actividades).

"Si consideramos que desde noviembre de 2015 la industria manufacturera expulsó 52 mil trabajadores, podemos estimar en 312 mil los puestos de trabajo del sector que aún exceden el nivel esperado por el gobierno", concluye Cepa.

Y finalmente es el mismo documento el que presume y considera que la desocupación derivada de ese plan es sencillamente un efecto no deseado. "El informe insiste en que el 60 por ciento del empleo privado podría ser automatizado en los próximos 15 años y que ello justifica la mencionada reconversión".

Por último, Cepa plantea que la destrucción de ramas económicas que son fuertemente dependientes del mercado interno se basan en un modelo económico "que confía en la capacidad exportadora como principal motor de la demanda". De hecho, el Plan Productivo Nacional no estima, promueve ni menciona diagnóstico ni política alguna en relación al mercado interno o la producción destinada al mercado local", advierte el Cepa, sino que el diagnóstico del plan reside en que "el ascenso de nuevas clases medias mundiales permitirá mayores exportaciones, derivando ello en un crecimiento de las mismas de 12,4 por ciento anual".

Desafíos incumplibles

Por otra parte Cepa señala que el "Plan Productivo Nacional" de 2016 diagnostica la situación industrial argentina y expone un recorrido donde es posible identificar las principales medidas económicas que hoy afectan a la industria nacional.

El estudio recorre uno a uno estos capítulos y explica sus límites. Los desafíos del plan oficial son:

* Aumentar el PBI 4 por ciento por año entre 2015 y 2019, similar a Colombia en el período 2010-2016. "En relación a este objetivo, se observa que para el Indec el PBI registra una caída de 2,3 por ciento en 2016. En este escenario, la Argentina debería crecer los tres años restantes 6,19 por ciento por año para alcanzar los objetivos", dijo Cepa.

* Crecimiento de exportaciones de 8,7 por ciento anual (igual que México en 2010/2016), pasando de u$ 57 mil millones en 2015 a u$ 82 mil millones en 2019. "Poco ha sido el avance de Cambiemos para cumplir este objetivo. La variación de exportaciones en el primer año de gestión, incluso a pesar de la devaluación, solo generó un aumento de 1,67 por ciento en las exportaciones, pero motivadas exclusivamente por productos primarios. Para lograr el objetivo propuesto las exportaciones deberían aumentar 42 por ciento hasta 2019, a razón de 12,41 por ciento anual acumulativo, y lograr así alcanzar los u$ 82.000 millones previstos en 2019", detalló Cepa.

* Reducir la informalidad laboral, bajando 6 puntos igual que Turquía para llegar a 34 por ciento (estimada en el paper en 40 por ciento). La estimación de 40 por ciento de informalidad laboral remite a los niveles del año 2007. "La información disponible en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación al segundo trimestre de 2015, indica que la informalidad ascendía a 33,10 por ciento. La reducción de 6 puntos porcentuales implicaría entonces reducir los niveles actuales a 30 por ciento en 2019, para luego lograr 27 por ciento para el 2023. La propuesta para evitar el empleo informal reside en reducir costos laborales considerando que ello impactará en el registro de los trabajadores", puntualiza Cepa y detalla que esto implica desconocer lo sucedido en la década de los noventa (se produjo exactamente lo contrario, la informalidad ascendió desde guarismo menores al 30 por ciento en 1990 y 1991, al 44 por ciento en 2002) y la conformación interna del 33 por ciento de informalidad actual, derivada de una reducción de 10 puntos entre 2003 y 2015.

* Aumentar la inversión del 18 por ciento al 25 por ciento del PBI, similar a Chile entre 2014 y 2016. "Al analizar la Formación Bruta de Capital Fijo, se observa que el promedio se redujo en 2016, alcanzando un nivel de 15,1 por ciento, es decir, casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel que pretende alcanzar el plan", apunta Cepa.

* Aumentar la IED (Inversión Extranjera Directa) de 5,5 por ciento del total de IED de América latina a 10 por ciento del total, en 2019. "Los datos al respecto son elocuentes. El nivel de 2016 sólo recupera los niveles alcanzados en 2013, muy por debajo de 2011 y 2012. Esta performance resulta aún más abrumadora cuando se analiza el desempeño de nuestro país durante 2016 en relación al resto de los países de la región: Argentina fue el que menos inversión extranjera como porcentaje de PBI recibió el último año, sólo apenas por encima de Ecuador", concluye el Cepa.

* Generar 260 mil puestos de trabajo por año, similar a Chile entre 2008 y 2015. "El plan estima en 6.600.000 la cantidad de trabajadores registrados privados. Sin embargo, el punto de partida difiere del planteado en el plan", asegura Cepa. Estrictamente, "a diciembre de 2015 la cantidad de trabajadores privados registrados ascendía a 6.246.526. Pero a contramano de lo planificado en el plan, a diciembre de 2016 la cantidad resulta menor que en 2015: 6.202.917 casos".

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