"No hay provincia en que los trabajadores (judiciales) estén tan precarizados como en Santa Fe", disparó ayer Julio Piumato, titular nacional del gremio judicial, y agregó: "Puede haber provincias con menores salarios, pero no con el nivel de precarización que hay acá, donde hay subrogancias, pasantías, que no son más que trabajo esclavo encubierto". La embestida del sindicalista viene a sumarse al reclamo de un grupo de jueces subrogantes ante la Legislatura por una ley que ponga fin a su situación.
Los 17 jueces que recurrieron a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta (aseguraron que hablaban en nombre de 32) plantearon que una de las juezas que tuvo que fallar en una de las instancias de la causa de Los Monos es subrogante.
Los subrogantes (obtienen acuerdo legislativo y sus decisiones tienen validez legal) se diferencian de los jueces regulares porque no han concursado para el cargo.
Los senadores Joaquín Gramajo, Armando Traferri, Danilo Capitani y Rubén Pirola, quienes escucharon a los reclamantes, fueron cautelosos y no confirmaron la versión de que ayer iban a reunirse con el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, para buscarle una salida a la cuestión.
Más allá del dato llamativo e inédito de que jueces realicen un reclamo de índole gremial fuera del propio Poder Judicial, aun cuando la Corte no interviene en el proceso de los concursos y selección de magistrados (corresponde al Consejo de la Magistratura, al gobernador y legisladores), uno de los ejes del planteo es que la Corte se ve obligada a prorrogar las subrograncias para no dejar acéfalos los juzgados.
"Esta administración de Justicia viene atravesando reiterados desajustes en la cobertura de cargos de magistrados. Que implica un obstáculo en la gestión del servicio de justicia, proyectando consecuencias disvaliosas hacia el Poder Judicial, los profesionales auxiliares del derecho y, fundamentalmente, la ciudadanía", dicen los considerandos de la última acordada del alto tribunal en la que manifiesta la gran cantidad de vacantes cubiertas por subrograncias.
Ademán, advirtió que este año vencerán cuatro subrogancias, a lo que se debe agregarse "la escasez de bancos de suplentes de magistrados, sea porque a sus integrantes se les han vencido los respectivos acuerdos legislativos o porque los mismos se encuentran ya ocupando cargos transitorios".
"Esta situación —continúa— se repite año a año" y sostiene que "su solución" es "la optimización de los plazos de los llamados, trámite y resolución de los concursos de cargos definitivos, responsabilidad del Consejo de la Magistratura".
La acordada le pide el ministerio de Justicia que envíe una ley a la Legislatura para prorrogar los interinatos que están por fenecer.
A la Corte se le presenta el hecho de que el banco de suplentes para las subrogancias se le cae con facilidad si no están vigentes (vuelta del titular, terminó el concurso o se terminó la vigencia de dos años sin ley de prórroga).
La situación de gran complejidad. Una ley ómnibus que otorgue a los subrogantes derechos de los jueces concursados genera dudas de toda índole en cuanto a su pertinencia, e incluso su constitucionalidad toda vez que importaría legalizar por ley un ingreso irregular de magistrados.
Y aun así esa supuesta norma pedida por los subrogantes se opondría a los derechos que sí otorgan los concursos.
Los senadores buscarían analizar con el Ejecutivo alguna alternativa para ver si las subrogancias (algunas llegan a los diez años) podrían generar no derechos adquiridos sino algún puntaje que les puedan servir a quienes la estas ejerciendo para luego concursar para alguna vacante.