La Justicia Federal de la Seguridad Social otorgó una medida cautelar que impide al Poder Ejecutivo por el lapso de tres meses utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés para homologar sentencias o pagar los convenios, en el marco de la ley de reparación histórica con la que el gobierno busca cancelar deudas de actualización de haberes.
De todos modos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó que el programa de reparación histórica sigue en marcha en todo el país a pesar de la decisión del juez federal Juan Fantini. El magistrado suspendió la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el pago de los juicios por reajustes jubilatorios comprendidos en la norma votada por el Congreso.
En el mismo sentido, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que "no va a correr riesgo el financiamiento" para el pago a los jubilados de la ley de reparación histórica al indicar que, más allá de la inquietud judicial, el costo fiscal del programa es de alrededor de 70.000 millones de pesos por año y el producido del FGS es de 80.000 millones de pesos.
La demanda fue presentada por el abogado Miguel Angel Fernández Pastor, que es jubilado pero además fue un alto funcionario de la Ansés durante la gestión de Sergio Massa. Se trató de uno de los coautores de la ley de moratoria jubilatoria, aprobada durante la gestión de Cristina Kirchner.
Pastor, al pedir la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2, 28, 33, 34 y 95 de la ley 27.260, pero la cautelar dispuesta por Fantini fue sólo contra el artículo 28.
Tres meses. La cautelar tiene un plazo de tres meses y que no es contra la totalidad de la ley 27.260, sino sólo contra el artículo 28 "cuando dispone la utilización del FGS para la cancelación del programa de reparación histórica".
El abogado advirtió que el dinero del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que maneja la Ansés, "no es de los jubilados" y, en consecuencia, no puede utilizarse para el pago de sentencias previsionales. Y consideró que "en sentencias y reajustes, la deuda no corresponde al Sistema Integrado Previsional Argentino sino al Estado nacional".
"El sistema previsional tiene tres fuentes de ingreso: aportes y contribuciones; impuestos y los aportes del Tesoro. Cuando Ansés no paga adecuadamente una prestación quien se ahorra el dinero es el Tesoro nacional, que es el deudor", añadió.
El letrado puntualizó que el presupuesto nacional prevé para este año el pago de sentencias previsionales por 12.500 millones de pesos. "Por eso es incomprensible que se intente sacar ese monto del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, cuando tienen los recursos en el otro lado", dijo.
En este sentido, manifestó: "El dinero del Fondo, que no es de los jubilados sino del sistema previsional, no se puede utilizar y debe destinarse a hacer las reservas técnicas para las situaciones de crisis".