Economía
Martes 18 de Abril de 2017

Impulsan otra ley de compre nacional

El gobierno enviará esta semana al Congreso el proyecto de ley de compre nacional que prevé aumentar los porcentajes de compras a empresas nacionales en las contrataciones que realiza el Estado, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El gobierno enviará esta semana al Congreso el proyecto de ley de compre nacional que prevé aumentar los porcentajes de compras a empresas nacionales en las contrataciones que realiza el Estado, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Producción y elaborado por la Secretaría de Industria, establece incentivos para que prevalezcan los productos que contengan una mayor integración de piezas producidas a nivel local.

De acuerdo con fuentes empresarias, la nueva ley podría disponer de márgenes de preferencia de precios del 12 por ciento para las pymes y del 8 para las grandes empresas, lo cuales podrían ser modificables.

Las compras públicas representan en la Argentina más del 5 por ciento del PBI y el 2,5 por ciento del empleo, con lo cual a partir de esta herramienta se buscará apuntalar el desarrollo de la industria nacional, particularmente en aquellos bienes con alto contenido tecnológico.

Entre otros puntos, el proyecto de ley establece que cuando se liciten bienes que no son producidos localmente, se establezca un incentivo para que gane aquel proyecto que prevea una mayor integración de piezas producidas en el país.

Adicionalmente, el proyecto también prevé aumentar los márgenes de preferencia para la industria argentina, para promover una mayor participación de las pymes en las compras públicas.

Fuentes del Ministerio de la Producción, precisaron que la idea sería la de reemplazar a la 25.551, sancionada hace 16 años, que preveía un margen de preferencia de precio de 7 por cientopara pymes y del 5 por ciento para grandes empresas, en caso de licitaciones públicas.

La ley vigente tuvo un nivel de aplicación casi nulo debido a que no establecía con claridad qué organismos o empresas o gobiernos provinciales debían estar obligados a implementarla. La nueva ley fija una autoridad de aplicación y multas, que la versión original no fijaba, un defecto que volvía sencillo evitarla, sobre todo a empresas de servicios públicos privatizadas.

Comentarios