El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aseguró ayer que el gobierno sigue "discutiendo" el futuro incremento de tarifas para el suministro de gas natural, que podría concretarse a través de "un cuadro tarifario más gradual" que el dispuesto en abril, y evitó confirmar versiones acerca de un tope de 300 por ciento en las facturas.
El funcionario aseguró que el Ejecutivo "está tomando nota del mensaje" que dio la Corte Suprema en el fallo que suspendió el incremento dispuesto por el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren.
"El cuadro tarifario que vamos a ofrecer en la audiencia va a ser más gradual que el que se ofreció anteriormente", expresó Prat-Gay en declaraciones radiales, en referencia al encuentro que tendrá lugar el 16 de setiembre.
El gobierno procura una suerte de acuerdo federal energético que incluiría un esquema de tarifas diferenciadas para el gas según las regiones del país, algo que ya tiene antecedentes. Del desarrollo de esta estrategia gubernamental participan el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, Prat Gay, Aranguren, los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
Prat Gay explicó que "el mensaje de la Corte tiene dos pilares: uno es el de la audiencia y también dijo que todo se tiene que hacer con un criterio de gradualidad".
Según fuentes oficiales y privadas se consideran alternativas de esquemas tarifarios: la ratificación de los aumentos con topes para residenciales y pymes, un esquema de "factura plana" según el cual el costo del gas consumido se prorratea a lo largo de 12 meses para evitar saltos bruscos en los meses de mayor consumo, y un esquema de aumentos graduales para los próximos cuatro años junto a una reducción de los subsidios hasta su eliminación total en 2019.
Mientras tanto, representantes de algunas organizaciones de defensa del consumidor mantuvieron ayer una reunión con directivos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en la que requirieron información que necesitan para formular sus propias propuestas en la audiencia pública.
El gobierno instruyó ayer a los centros regionales del ente para que "organicen los mecanismos de participación simultánea de usuarios" en la audiencia pública prevista para el 16 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires (Usina del Arte) pero interactuará vía teleconferencias con sedes del ente en Concordia, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Grande, Rosario, Salta y Santa Rosa.
Consejo Consultivo. El gobierno nacional oficializó también ayer la resolución 164 que creó el Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, que estará integrado por ex secretarios del área quienes oficiarán de colaboradores en el desarrollo de proyectos a "mediano y largo plazo".
El ente asesor está integrado por los ex secretarios de Energí Emilio Apud (2001); Julio César Aráoz (entre 1989 y 1990); Alberto Devoto (secretario 2002 y 2003); Alieto Guadagni (marzo a agosto de 2002); Jorge Lapeña (entre 1983 y 1988); Daniel Montamat (de 1999 a 2000) y Raúl Olocco (junio y julio de 1989). Todos vienen trabajando con Aranguren desde hace meses y algunos de ellos ocupan hoy cargos en Enarsa e YPF.
Amparo. Por su parte, la Confederación General Empresaria (CGERA) presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia federal de San Martín en el que pide detener los aumentos de gas y convocar a las pymes a las audiencias públicas, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó excluidas a las pequeñas y medianas empresas.
"Nos parece una exageración el tope del 500 por ciento, hay industrias gas dependientes que no pueden pagar", fundamentó Marcelo Fernández, presidente de la entidad que representa a unas 10.000 pymes.
En relación al recurso que será presentado de manera individual por las empresas, el titular de CGERA aclaró: "No hubiéramos querido judicializarlo pero la Corte al dejarnos afuera nos obliga a presentarnos porque así lo han querido nuestros asociados".