Una misión del FMI desembarcó esta semana para auditar las cuentas públicas. Es imposible no asociar el patrullaje del organismo a las imágenes de aquellas misiones que precedieron y sucedieron a la crisis de 2001.
Una misión del FMI desembarcó esta semana para auditar las cuentas públicas. Es imposible no asociar el patrullaje del organismo a las imágenes de aquellas misiones que precedieron y sucedieron a la crisis de 2001.
Con mucha agua corrida bajo el puente y sin exagerar el dramatismo, la foto no es la más linda que puede mostrar el gobierno. De hecho, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aclaró que "no es necesario hacerle caso" al organismo.
Tampoco será tan fácil eludir sus consejos ya que el monitoreo del organismo es clave para seguir con la estrategia de endeudamiento en la que se basa la política económica del gobierno.
El informe del Indec sobre la balanza de pagos dio cuenta de un aumento de 40 mil millones de dólares de la deuda externa en los primeros seis meses.
El proyecto de presupuesto 2016 prevé un fuerte programa de colocación de deuda para, entre otras cosas, solventar el creciente déficit fiscal sin emitir moneda. Un cambio de fuente de financiamiento que, por su magnitud y características, preocupa incluso a los economistas más ortodoxos.
El gobierno experimenta en este punto un camino a dos velocidades. A contramano del mundo, que con la experiencia más reciente de Japón y Estados Unidos, no afloja con los estimulos monetarios, el Banco Central profundiza su torniquete sobre el nivel de actividad. En sentido contrario, tras la paralización de la obra pública por más de seis meses, el equipo de Hacienda procura acelerar la inversión estatal para tratar de llegar con un nivel de actividad mostrable a las elecciones de 2017. De la inversión pública, más allá de los dogmas, las promesas y los mitos, ya no se espera por el momento.
El problema es que este zigzagueo no ayuda a consolidar los brotes verdes que el gobierno pretende mostrar, forzando la comparación de los números por venir con los que surgen de su propia recesión.
Por ahora, la industria, el consumo, las inversiones, el empleo y la demanda de energía eléctrica volvieron a mostrar fuertes bajas interanuales a nivel histórico. El Indec confirmó una caída de 3,4% en el segundo trimestre y del 1,7% en el semestre.
Septiembre, sin el peso del retroceso en las tarifas, mostrará un repunte de precios. El artilugio de comparar la inflación con los peores momentos del semestre, cuando se registraron valores sólo superados en 2002, no ayudará a recuperar el poder adquisitivo que ya se perdió efectivamente durante el año.
La suerte política de 2017, en lo que depende de la economía, está atada a que el elector convalide el experimento puesto en marcha en 2016: bajar dos escalones en el nivel de vida para transferir recursos a sectores "más dinámicos" y contentarse con subir luego un escalón a partir de medidas compensatorias o por el rebote de algunos rubros de actividad.
En ese panorama se abre la nueva paritaria del presupuesto, con su puja por las transferencias del gobierno central y la asignación de obra pública. El programa que le elevaron en la semana los gobernadores del PJ al Ministerio del Interior para "garantizar la gobernabilidad" forman parte de esta discusión. En Santa Fe, este toma y daca tiene su réplica. El Senado dio media sanción a un proyecto para adherir al blanqueo, contrapartida del envío de fuerzas federales de seguridad y, quizás, de la inclusión de Santa Fe en la fiesta del endeudamiento. La política también volvió por sus fueros en el congreso de Federación Agraria Argentina que se realizo en Rosario, durante el cual el ministro de Agroindustria se movió a sus anchas, reconoció el déficit en las políticas diferenciales y prometió estudiar iniciativas de la entidad para crear un fondo de asistencia a las economías regionales. De cara a esa paritaria, la CGT lanzó el viernes un paro sin fecha. Una foto tan conocida como la de las visitas del FMI.