Economía
Domingo 20 de Marzo de 2016

Empresa y dictadura, la alianza del dinero y el horror

La responsabilidad empresaria en la represión es el capítulo más tardío de la investigación sobre crímenes de la dictadura.

Víctor Manuel Cobos, chofer y delegado de la Veloz del Norte, fue secuestrado la mañana del 22 de enero de 1977 en la ciudad de Salta. Tres policías lo cargaron en un Falcon gris de la empresa y lo llevaron a la comisaría 4ª, donde lo encapucharon y lo torturaron. Después lo obligaron a firmar una confesión —junto a otros 15 trabajadores— en la que asumía haber estafado a sus empleadores. Por la detención ilegal y las torturas está siendo juzgado, entre otros, el ex dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, uno de los 19 empresarios involucrados en causas por delitos de lesa humanidad. A sus 75 años, el empresario salteño podría convertirse en el primero en ser condenado por estos crímenes.

La represión de los trabajadores de La Veloz del Norte no fue un caso aislado. Se calcula que entre 1976 y 1983 personal jerárquico de más de 100 empresas tuvo responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Los aportes incluyen la confección de listas negras, la designación de miembros de las fuerzas represivas en sectores clave, la firma de acuerdos comerciales, la entrega de vehículos utilizados para los secuestros o la instalación de centros clandestinos de detención dentro de las fábricas, como en el caso de Ford y Acindar, donde se llegó a torturar a los trabajadores.

A partir del análisis de 25 de las principales empresas argentinas y extranjeras (de diferentes rubros y ubicadas a lo largo de todo del país), un grupo de investigadores del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Argentina) identificó a casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado: 354 están desaparecidos, 65 fueron asesinados y 450 fueron liberados luego de sufrir diferentes formas de represión.

El trabajo de los especialistas quedó plasmado en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” y fue presentado en diciembre de 2015.

Los investigadores detectaron una serie de patrones comunes: “En el 88% de estas empresas se realizaron secuestros dentro de las fábricas, en el 76% hay pruebas de que personal jerárquico, socios o empresarios entregaron listados con información privada: legajos, fotografías y domicilios de los trabajadores”, explicó la ex subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y abogada querellante en juicios de lesa humanidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Además, el 72% de las firmas contaban con presencia militar al interior de las fábricas y en el 68%, oficiales de las Fuerzas Armadas o de seguridad ejercían cargos directivos. Incluso, en más de la mitad hubo agentes de inteligencia infiltrados y operativos militares dentro de los predios fabriles.

“Se han identificado a cuadros empresariales como los responsables de que se lleven a cabo los delitos. En general ocupaban cargos de jefe de seguridad, producción, personal, capataces o asesores legales. En algunos casos, incluso, fueron los propios dueños. El más significativo es el de (Carlos Pedro) Blaquier, de Ledesma”, explicó la coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luz Palmás Zaldúa, miembro del equipo de profesionales que trabajó en el informe.

Una “alianza represiva”. Los investigadores sostienen que existió una “alianza represiva” entre un sector de la élite empresarial y las fuerzas militares. “Hay que desterrar la idea de complicidad —planteó Gómez Alcorta—. En términos jurídicos, complicidad o participación implica que se trató de un hecho ajeno. Más allá del importante beneficio económico, con el blanqueo de la deuda privada y la recuperación de niveles de productividad y ganancias, lo cierto es que no se podría haber alcanzado los niveles de violencia estatal a los trabajadores sin la activa participación y aportes de parte de la élite empresarial”.

Victoria Basualdo tiene un doctorado en Historia, es investigadora del Conicet y Flacso también formó parte del equipo que trabajó un año y medio en la elaboración del informe. Además, es autora del libro “La industria y el sindicalismo de base en la Argentina” y participó en “Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura”, editado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.

“El término ‘complicidad’ queda chico, no es suficiente para describir la participación sistemática de figuras empresariales. No hubo una reacción o acompañamiento, sino una relación de ida y vuelta entre los poderes militar y económico en la represión de los trabajadores”, sostuvo.

En las conclusiones, el informe sostiene que “la utilización planificada y sistemática del terror tuvo como objetivo, no solo acallar la disidencia y la militancia política radicalizada, sino también disciplinar a la clase trabajadora que, a lo largo de las décadas, había acumulado poder político y social e impuesto límites a los beneficios, la autoridad y el poder de importantes sectores de la élite empresarial”.

“Existía una preocupación compartida” entre parte de la élite empresarial y el gobierno militar “en torno al proceso de organización sindical”, explicó Basualdo.

“Había directivas del Ejercito, que encontramos en varios documentos, que le daban un lugar importante a esta alianza. Alentaban la colaboración empresarial en la lucha subversiva identificando la lucha sindical y obrera”, sostuvo. Y agregó: “Hubo empresas con distinta evolución, a algunas les fue muy bien en la dictadura y a otras no. El punto en común era la preocupación por el activismo sindical y la necesidad de desactivarlo, de refundar las relaciones económicas y sociales”.

Investigaciones judiciales. A pesar de los avances en la investigación y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, la Justicia aún sigue en deuda respecto a la responsabilidad de sectores empresariales en la represión de los trabajadores.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la derogación de las leyes de impunidad hasta diciembre de 2015 hubo 622 condenas. Ninguno corresponde a empresarios. El primero en llegar a juicio fue el dueño de la Veloz del Norte. A principios de marzo, los fiscales Francisco Snopek y Carlos Amad pidieron una pena de 18 años para Levín por considerarlo instigador de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada y de tormentos agravados.

“En nuestros registros sólo surgen nueve empresas que están siendo investigadas, porque son las únicas en las que los imputados tuvieron, como mínimo, pedido de indagatoria”, explicó Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. El listado incluye a la siderúrgica Acindar, la cementera Loma Negra, las automotrices Ford y Mercedes Benz, el diario La Nueva Provincia, La Veloz del Norte, el establecimiento Las Marías, el Ingenio Ledesma y Minera Aguilar.

Según el último informe presentado por la fiscalía especializada, actualmente tramitan en la Justicia Federal doce expedientes por delitos de lesa humanidad en los que hay empresarios o personal jerárquico de las empresas involucrado. La única que tuvo sentencia fue la causa en la que se investigó el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, que defendía los intereses de trabajadores de la cementera Loma Negra. Por este crimen fueron condenados tres militares y dos civiles que prestaron la chacra donde se torturó al abogado. En la sentencia, además, se pidió que se investigara a los integrantes del directorio de Loma Negra, quienes “habrían inducido los delitos”. En esa nueva investigación, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) de la Procuración General detectó que la firma había reducido los costos laborales tras el asesinato y la fiscalía pidió la indagatoria de 18 personas.

De las otras once causas que tramitan en la Justicia Federal, una está en debate oral (La Veloz del Norte), otras cuatro ya han sido elevadas a juicio, dos tuvieron requerimiento de elevación a juicio y cuatro aún están en etapa de instrucción. Otras empresas, como el caso de Molinos Río de La Plata, están siendo investigadas pero hasta el momento no cuentan con llamados a indagatoria.

represión en Ford. Una de las causas que ya ha sido elevada a juicio (el inicio está demorado en la Justicia Federal de San Martín) es la que investiga la represión en la planta de Ford de General Pacheco (provincia de Buenos Aires), donde los militares tuvieron una fuerte presencia desde el mismo día del golpe. Sólo entre marzo y mayo de 1976 secuestraron a 25 delegados de la comisión interna, cuyos nombres figuraban en una lista negra que los directivos habían entregado a los militares. Esa no fue la única colaboración de la empresa. También pusieron a disposición el quincho del campo de deportes, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura y las camionetas F100 que los militares utilizaban en los operativos.

“Lo que surge de las pocas investigaciones, es que en realidad hay más obstáculos que avances”, lamentó Varsky. “No hablamos de grupos económicos menores, se trata de la columna vertebral del país. Una cosa es reconstruir el complejo entramado que sostuvo el poder militar y otras es hacerlo con el del poder económico central, que no fue desmantelado”, agregó Basualdo.

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