La crisis de las tarifas energéticas finalmente estalló como conflicto federal, obligando a un sector del gobierno nacional a mostrarse públicamente interesado en poner límites al ajuste demencial que se puso en marcha en el último semestre.
La crisis de las tarifas energéticas finalmente estalló como conflicto federal, obligando a un sector del gobierno nacional a mostrarse públicamente interesado en poner límites al ajuste demencial que se puso en marcha en el último semestre.
Aunque los alivios ofrecidos son irrisorios y los topes sobre los aumentos originales parecen una broma, es novedoso en esta etapa que algún funcionario haya sentido la necesidad de reaccionar frente a las puebladas en el interior, el enojo de gobernadores que pintaban aliados y la incipiente rebelión judicial, que aceptó amparos contra el tarifazo.
No está claro que esta tensión oficialista con la "ceocracia" afloje la vocación de Mauricio Macri de castigar a los trabajadores argentinos que pecaron por "haber creído que podían comprar celulares y viajar al exterior". La esperanza es más modesta: apenas encontrar señales de vida inteligente detrás de los gerentes.
En el caso de Santa Fe, el conflicto tarifario se anudó con la disputa política dentro del Frente Progresista. Y entroncó con la pelea por la fórmula de pago de la deuda por coparticipación. Se sabe que es una negociación de largo plazo pero no simbólica. Las provincias necesitan recursos para amortiguar las severas consecuencias que el ajuste produce en sus territorios. Primero, por la mayor demanda de asistencia social, luego por la crisis laboral y, en su etapa superior, por las crisis de empresas que ya comienzan a aparecer.
Los primeros datos del Indec sobre industria y construcción exhibieron bajas históricas. Las cifras de comercio exterior dan cuenta de la invasión brasileña. Las automotrices del país vecino festejan por el único dato positivo que la actividad económica presentó en los últimos meses: el aumento de la venta de autos, fundamentalmente los importados.
Mientras se entusiasma que la recesión baje la inflación a niveles algo superiores a los de 2015, el oficialismo exhibe cierta muñeca política con el proyecto para pagar en tres años los reajustes a jubilados. Una jugada reparatoria y audaz que encripta una voluntad de reforma previsional y, sobre todo, actúa como rehén de la ley de blanqueo.
Además de la necesidad personal, el blanqueo responde a la urgente demanda de recursos por parte del Estado nacional, a pesar del reendeudamiento pactado con los fondos buitres. En mayo, las reservas cayeron 4 mil millones de dólares.
El plan económico logró fabricar una crisis para disciplinar los salarios y avanzar en la reestructuración del modelo basado en la industria y el empleo. Pero no logra convencer a sus beneficiarios de que pongan plata, además de sacar. Esa realidad abre grietas políticas en el oficialismo. Otra vez la soja ,que en las últimas semanas experimentó un importante repunte en el mercado de Chicago, puede dar un poco de aire macroeconómico, por vía de mejores precios, aunque en alguna medida esté vinculado a la caída de producción que tiene su impacto negativo en el territorio y la actividad.