Economía
Jueves 28 de Septiembre de 2017

El Senado aprobó un régimen para penalizar delitos empresariales

El Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto que crea un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), y envió la iniciativa a la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto que crea un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), y envió la iniciativa a la Cámara de Diputados.

El proyecto, que ingresó por la Cámara baja en julio, vuelve a ese cuerpo al haber introducido el Senado varias modificaciones, entre ellas la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos, que quedó fijada en seis años, y la acotación de las multas al daño producido. No obstante, se mantuvo la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción que el oficialismo pretendía incluir para abordar los casos derivados del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht.

La iniciativa incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

Las empresas serán responsables por los delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.

La multa para la compañía se establece en 2 a 5 veces el valor de la ganancia que se logre a partir de su conducta delictiva. La pena se irá incrementando hacia la suspensión parcial o total de la actividad, que no podrá exceder los 10 años; la suspensión para participar de concursos de servicios públicos, también por 10 años, y la disolución de la personería, cuando la firma hubiese sido creada al sólo efecto de la comisión del delito.

Por último, las empresas están obligadas a tener programas de integridad, más allá de ser o no contratistas del Estado nacional.

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