Economía
Domingo 01 de Octubre de 2017

El presupuesto de 2018 viene con más deuda y menos subsidios en energía y transporte

El plan presentado por el gobierno nacional al Congreso apuesta a la inversión privada para realizar obra pública. Habrá suba de tarifas

El aumento de las partidas destinadas a pagar los servicios de deuda, la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, y la apuesta del gobierno a sustituir el financiamiento directo de los gastos de capital por el sistema de asociación con los privados, son algunos de los puntos salientes del proyecto de presupuesto nacional presentado recientemente por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde distintos ángulos políticos e ideológicos, economistas y consultoras analizaron las proyecciones del gobierno y las pautas de distribución del gasto. Coinciden en la intención del Ejecutivo de ajustar el gasto, aunque los análisis divergen en la magnitud y los resultados.

El Ministerio de Hacienda elaboró el proyecto de presupuesto basado en la estimación de que la economía crecerá un 3,5 por ciento en 2018, la inflación será el 15,7 por ciento y la cotización promedio del dólar estará en el orden de los 19,3 pesos. Los funcionarios vaticinan un aumento del 12 por ciento en la inversión, un incremento del 3,5 por ciento de las exportaciones, un alza del 6,8 por ciento en las importaciones y un aumento leve del consumo.

Sobre la base de esas previsiones, la llamada ley de leyes prevé un crecimiento de 18,7 por ciento en la recaudación y un ingreso del 15,7 por ciento en el gasto primario. Esto significa, en base a la inflación proyectada, que no variará en términos reales. El gobierno prevé bajar el déficit primario del 4,2 por ciento al 3,2 por ciento del PBI. Esta reducción de un punto pretende lograrla por una baja de 13,2 por ciento en los subsidios económicos, que en términos de producto sería del 0,6 por ciento. Como la cuenta de servicios de la deuda crece, el déficit financiero llegará al 6 por ciento del PBI, mayor al de 2015.

Según el Instituto de Estudios de la Realidad Económica y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, las previsiones del presupuesto 2018 "explicitan la estrategia del gobierno para cumplir con la meta fiscal de déficit primario del 3,2 por ciento del PBI". Con ingresos estimados en niveles reales similares a los de 2017, la apuesta es reducir los subsidios económicos y congelar gastos de funcionamiento y salarios.

Las prestaciones sociales, fundamentalmente por los ajustes automáticos de jubilaciones, pensiones y asignaciones, subirán nominalmente 22,1 por ciento. En términos de PBI se incrementarán un punto porcentual.

Los gastos de capital, es decir la inversión en infraestructura, aumentaría 21,5 por ciento de acuerdo al proyecto, lo que mantendría constante su participación en el producto (1,9 por ciento). Estas cifras auguran casi un congelamiento, en términos reales, de la inversión directa en este rubro. En términos absolutos, se prevén volcar 235.152 millones de pesos con este fin. Pero el gobierno apuesta a complementar estas erogaciones con el nuevo esquema de Participación Público Privada (PPP), por el que aspira a movilizar otros 225 mil millones de pesos.

El sistema de asociación público y privada. El sistema consiste en que el privado financia, construye, opera y/o mantiene un bien o servicio público, mientras que el Estado repaga estas inversiones de capital y los costos de operación y mantenimiento en el largo plazo contra la prestación de un servicio.

Fue aprobado el año pasado en medio de críticas opositoras sobre un avance hacia las privatizaciones. Más allá de esa polémica, los proyectos a desarrollar por esta vía están condicionados a la captura del interés de los inversores privados, de modo que su financiación es más incierta que la asignación directa de recursos públicos.

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) señaló que este régimen es una de las novedades del presupuesto. Pero lo comparó con la promesa electoral de Cambiemos sobre la "lluvia de inversiones" que no se produjo.

Es que para el centro de estudios que conduce Andrés Asiaín, sobre este supuesto se "inflan" proyecciones de inversión para el año 2018, de difícil cumplimiento.

"Al igual que en 2017, el presupuesto 2018 estima que la inversión será el componente más dinámico de la demanda, con un aumento de 12 por ciento", recordó la consultora. Pero recordó también que la previsión de inversión para 2017 "le erró en un 40 por ciento", ya que se había estimado un incremento del 14 por ciento y el salto fue de 10 por ciento interanual, "con efecto obra pública electoral incluido".

En 2018 no habrá urgencia electoral, y el ritmo de expansión previsto ("suponiendo que se ejecute toda", dice el Ceso sólo se expande en $ 30.932 millones ( 17,2 por ciento)". El resto, señaló, "debería generarse por el éxito de los proyectos de asociación público - privadas, la inversión de provincias y la iniciativa privada".

El gasto

Con excepción de las partidas para el ajuste automático de jubilaciones, el proyecto de presupuesto 2018 busca contener o reducir el gasto. Según el Ieral, el total de erogaciones primarias es menor al de 2015 en un 2,4 por ciento del PBI. En relación al producto, cae 1,6 por ciento el gasto de consumo y salarial, el gasto de capital y otras erogaciones corrientes.

Para la consultora Economía & Regiones, fundada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el proyecto de presupuesto 2018 "surfea el oleaje político" y no propone grandes cambios en materia de gasto fiscal y presión tributaria.

"El presupuesto no es de ajuste porque el déficit financiero será 0,4 punto porcentual mayor al de 2015". Es más, en base a las previsiones para todo el mandato Mauricio Macri, la consultora estimó que "si todo sale según lo previsto", el rojo total de las cuentas públicas terminaría al final del período en el mismo nivel heredado".

Según E&R, el proyecto de presupuesto "no ajusta sino que redistribuye ingresos", ya que "reduce los subsidios y aumenta el gasto en servicios sociales". Contra 2015, los subsidios caen a menos de la mitad (5,15 por ciento a 2,5 por ciento del PBI), mientras que "el gasto social sube algo menos de un punto (14,7 por ciento a 15,4 por ciento del PBI)".

Este aumento del gasto social de es básicamente explicado por la aplicación de la movilidad y de la llamada ley de reparación histórica.

La contracara, señala, es la caída en del gasto en los restantes servicios sociales. Un tema no menor ya que se trata de las partidas para educación y cultura, ciencia y técnica, vivienda y urbanismo, trabajo y agua potable y alcantarillado.

En este punto, el Ceso coincide en que hay una redistribución, pero no desde los subsidios a la seguridad social, sino de los subsidios hacia la deuda. "Esto implica una redistribución a favor del capital financiero", dijo, antes de recordar que "mientras los servicios económicos pasan de representar el 14 por ciento del gasto total al 11 por ciento, los de deuda aumentan del 9,3 por ciento al 10,3 por ciento".

Un informe de la Universidad de Avellaneda abunda sobre el ajuste contemplado en el proyecto de presupuesto. "No proviene de la deuda sino de los programas de inversión pública y en subsidios a los servicios públicos", señala. En la letra fina, la Undav detectó previsiones de eliminación de 60 mil pensiones por invalidez. "También se espera reducir en 100 mil unidades la entrega de medicamentos a madres para niños para atención primaria", agregaron. Y concluye: "Neto de jubilaciones y pensiones, 2018 será el año con menor gasto social en la última década".

"Con un crecimiento proyectado del gasto en 20,2 por ciento, la mayoría de las partidas sociales pierde participación y crece la de los pagos de la deuda", asegura el estudio.

La Undav destacó el aumento de las erogaciones destinadas al pago de la deuda como una característica fundamental del proyecto de presupuesto 2018. El pago de intereses es la partida que más sube, un 28 por ciento nominal. Se destinarán 286.191 millones de pesos.

Para la Undav, el proyecto de presupuesto "expone los riesgos de un modelo con problemas de insustentabilidad", en el que el endeudamiento, "es la principal variable de cierre del sistema".

Los "déficit gemelos", fiscal y de cuenta corriente, presentan la mayor vulnerabilidad, con un peso sobre el PBI que suman 2,4 puntos porcentuales más que en 2015.

Para el Ceso, la política de endeudamiento externo que expresa el presupuesto, no sólo está destinada a financiar el déficit público, sino también el externo, debido a "la consolidación de un déficit comercial que adquiere el carácter de estructural, sumando 23 mil millones de dólares hasta el 2020".

Desde otro lugar, E&R también advierte que el déficit de las cuentas públicas "se financia con impuestos y toma de riesgo récord".

La proyección de endeudamiento de 30 mil millones de dólares para 2018 le preocupa, pero más le preocupa el ritmo. Ya en 2016/17, las colocaciones de deuda fueron "cuatro veces más que las de México y diez veces más que las de Brasil". Esta exposición es letal frente un shock externo. Episodio que E&R sugiere "no descartar por completo", atento a que "el mercado internacional experimenta una burbuja de valor".

Las de dudas que el presupuesto despierta en las consultoras son varias. Entre ellas :

• E&R: el BCRA financiará al Tesoro en 140 mil millones de pesos. No se reduce significativamente la emisión monetaria.

• Vasconcelos: la baja de subsidios aporta entre 2 y 3 puntos a la suba de precios del año.

• Undav: sin ingresos extraordinarios por el blanqueo, en 2018 se necesitará más ajuste para reducir el déficit.

• Ceso: el artículo 80 de la normativa complementaria descapitaliza el Banco Nación en $ 20.000 millones, equivalente a un cuarto de patrimonio de la entidad, para transferir estos fondos al tesoro nacional sin un fin específico.

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