Luego de las críticas tanto de la oposición como de sectores oficialistas a la reforma del régimen de riesgos de trabajo mediante un decreto de necesidad y urgencia, referentes de la alianza Cambiemos defendieron la medida. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, argumentó que el gobierno busca "cortar con la industria del juicio laboral" que "funciona con una lógica mafiosa", en tanto que la diputada nacional Elisa Carrió planteó que si convocara a sesiones extraordinarias "no viene un solo diputado".
La nueva norma, publicada el lunes en el Boletín Oficial, establece como "obligatoria y excluyente" la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" para el reclamo de un trabajador. Así, se busca evitar que las demandas se dirijan directamente a los Tribunales, donde el resultado de los pleitos y los montos involucrados exceden los límites pensados cuando se creó el sistema de ART. Desde el sector de las aseguradoras advierten que los reclamos acumulan unos 4.500 millones de dólares, lo que tiene un alto impacto en el salario bruto.
El ministro coordinador afirmó que el contenido del decreto está en línea "con el proyecto de modificación de ART que salió con alto nivel de consenso" en el Senado a fines del año pasado.
Sin embargo, al proyecto aún le faltaba la media sanción de la Cámara de Diputados. Elisa Carrió, integrante de la Cámara baja, consideró que "en receso es el único momento en el que se justifican" los DNU ya que si se convocara a sesiones extraordinarias "no viene un solo diputado".
De esta forma, Peña y Carrió respondieron a los cuestionamientos a la decisión presidencial, que llegaron incluso desde el interior de la coalición gobernante. Por caso, el diputado nacional Ricardo Alfonsín había advertido el fin de semana que si Macri firmaba un decreto de ese tipo se estaba ante "un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes" ya que no existían "las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso".
La reforma del marco regulatorio de las ART es parte de la avanzada del gobierno por bajar el costo laboral y flexibilizar las condiciones de trabajo. En esta línea, integrantes del gabinete se han manifestado a favor de modificar los convenios colectivos de trabajo, reducir los aportes patronales a la cobertura jubilatoria y de salud e impulsar las pasantías para la contratación de jóvenes, bajo la figura de "prácticas formativas".
En tanto, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró ayer que van a plantear la "inconstitucionalidad" del decreto presidencial y advirtió sobre "una convocatoria de movilización" con la CTA liderada por Pablo Micheli y la CGT.
En declaraciones radiales, el sindicalista expresó que "la idea es ir al Congreso e intentar la vía del rechazo" y calificó al DNU como "un mamarracho" y "un hecho absolutamente reprobable".
En este marco, Yasky cuestionó los fundamentos del decreto: "Se habla de la industria del juicio pero habría que preguntarse por qué hay juicio en los accidentes de trabajo".