El convenio de flexibilización laboral en la actividad petrolera fue el disparo de largada. En medio de una nueva ola de despidos y suspensiones, el gobierno nacional profundizó la ofensiva de verano contra el empleo.
El convenio de flexibilización laboral en la actividad petrolera fue el disparo de largada. En medio de una nueva ola de despidos y suspensiones, el gobierno nacional profundizó la ofensiva de verano contra el empleo.
La próxima estación, trazada desde el primer minuto del año por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es la profundización y generalización del régimen de pasantías laborales, la reducción de los aportes patronales y la modificación de la ley de accidentes de trabajo. Iniciativas todas presentadas bajo el disfraz de dinamizar el mercado de trabajo pero que, como lo demuestra ampliamente la experiencia histórica, tiene el claro objetivo de flexibilizar el empleo, disciplinar la fuerza de trabajo, alimentar el ejército de desocupados y reducir el salario real. En términos agregados: bajar la participación de los trabajadores del ingreso. En clave de González Fraga: terminar con las "ilusiones consumistas" que en catorce años de posconvertibilidad le metieron a los trabajadores en la cabeza.
El abolicionismo laboral, como lo caracterizó el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) está en el núcleo duro del programa de Cambiemos. Sus gestores dentro del gobierno, que sobreviven a la purga que la tríada de la Jefatura de Gabinete puso en marcha durante la temporada estival, lo expusieron desde el mismo momento en que asumió el gobierno: reconversión, competitividad, flexibilidad y rediscusión de convenios. Ese Norte trasciende cualquier zigzagueo o gragea táctica de heterodoxia económica con la que el oficialismo amaga cada tanto por cuestiones electorales o de necesidad política.
La cúpula gremial se convirtió en una aliada estratégica de esta ofensiva. El triunvirato cegetista se empecina en despejar cualquier ilusión de aprendizaje en relación a su propia experiencia de los noventa. La reunión del miércoles con el ministro de Trabajo y el vicejefe de gabinete, en medio de los despidos en la planta impresora AGR y en la empresa electrónica Bangho, que sucedieron a los de la industria textil y ceramista, es una foto mística: logró captar en su toda su dimesnión el alma del sindicalismo local.
Sobre esta defección, el trío del poder macrista intenta nuevamente con la receta de 2016: profundizar el ajuste tarifario y laboral en los primeros meses del año para disciplinar paritarias y apoyar la meta de inflación presupuestada para 2017. La idea, como el año pasado, es que tras ese impacto la economía recupere actividad hacia el segundo semestre. El año pasado la estrategia fracasó porque la dinámica recesiva se autoalimentó. El gobierno confía en que la obra pública hará ahora la diferencia. Por lo pronto, el nuevo desastre hídrico en la región pampeana central reabre la discusión sobre las prioridades y también sobre la asignación de recursos entre Nación y provincias.
Tras un mes de castigo hídrico, funcionarios del gobierno nacional bajaron a la provincia de Santa Fe para interiorizarse de las pérdidas, que amenazan también con complicar las proyecciones del sector agropecuario. La dinámica de los agronegocios, sector favorecido desde el primer momento por el gobierno, fue uno de los pocos colchones para moderar el desastre económico de 2016, que terminó con una contracción de 2,8 por ciento del PBI. Con estos datos, el FMI puso un freno en la medición de la última semana a las expectativas de recuperación de la economía local. Una gota en el mar de incertidumbre que atraviesa hoy la economía global.