Economía
Domingo 23 de Julio de 2017

El gobierno nacional profundiza la ley del más fuerte con la reforma laboral

Con la norma aprobada en Brasil como modelo, el Ejecutivo abrió el plan para flexibilizar el mercado de trabajo. La experiencia de los 90.

Tropezar dos veces con la misma piedra puede resultar inofensivo e incluso aleccionador en la vida individual, pero tremendamente irresponsable y perverso cuando se trata de decisiones que juegan la suerte de todo un país. Mucho más si el yerro es tan cercano que las heridas aún no están cerradas.

El gobierno nacional volvió a abrir el debate sobre una reforma laboral en la Argentina, con el principal argumento de ganar competitividad y aumentar el empleo, el mismo que se escuchó en el período 1991-2001, cuando los cambios en la legislación del trabajo desembocaron en un desempleo abierto en la Argentina, que pasó del 7% al 21%, desaparecieron 350 mil pymes según datos del Ministerio de Economía y provocaron una transferencia fiscal acumulada a las empresas superior a los 19.000 millones de dólares.

La reciente reforma votada en Brasil fue un ariete en ese sentido. "En primer lugar lo que queremos hacer en todos los casos es generar condiciones para que haya más trabajo y, en segundo, lo vamos a hacer en base a consensos y diálogo con los sectores trabajadores y empresarios", dijo el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. "Acá no va a haber sorpresas, ni va a caer un Exocet (misil de origen francés) inesperado para nadie; sino reconociendo en la mesa que hoy estamos dejando muchos millones de personas fuera del mercado de trabajo", subrayó uno de los hombres fuertes del gobierno.

Pocos días antes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca confirmaba la intención del presidente Mauricio Macri de avanzar en este sentido luego de las elecciones legislativas y asegurar que la reforma esta "destinada a mejorar la productividad por sectores".

Pero la diputada de Cambiemos Elisa Carrió puso en términos más concretos la intención oficial cuando aseguró sin cortapisas que "tenemos que discutir el costo laboral porque es tan grande que en realidad un empleado te cuesta dos empleados y si te cuesta dos, falta el empleo para uno", anticipando uno de los puntales de la reforma que busca avanzar sobre las rebajas de las cargas sociales y eliminación de aportes sindicales. Pero además una profunda reforma de las relaciones laborales a partir de la modificación de los convenios colectivos, que como correlato, reduzcan cualquier vestigio de litigiosidad.

Estas declaraciones deben contrastarse con los datos duros. Según el Smata, por ejemplo, en el sector automotriz, el laboral es apenas el 4% del costo de un auto.

Los gremios con fuerte presencia en la región utilizaron un argumento inverso para desmitificar el impacto negativa de la actual institucionalidad laboral en la competitividad empresaria. "Según las afirmaciones de Macri serían los propios trabajadores quienes llevarían a la ruina a las empresas al iniciar demandas judiciales luego de haber sufrido accidentes o transitar largos años en la precariedad y los problemas de las pymes no tendrían que ver entonces con los tarifazos, la devaluación, la inflación, la apertura de importaciones, la caída del consumo, el achicamiento del mercado interno y la profundización de la recesión", ironizó Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera de la Argentina.

"Así, de acuerdo a la particular mirada presidencial los 25 mil comercios y 6 mil pymes que cerraron en el primer año del gobierno macrista -según cifras difundidas por Fedecámaras y Apyme en febrero- serían entera responsabilidad de los trabajadores y sus asesores legales, y no de las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo nacional", volvió a indicar el dirigente. El mismo análisis que realizó el secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, quien señaló que "Macri no puede hacer resaltar su incapacidad para la generación de empleo, entonces cada vez que cierra una fábrica, una pyme, un lugar de trabajo él le echa la culpa de que esto es por los juicios laborales y no por las condiciones económicas que está creando este gobierno".

Argumentos para el cambio

Pero aunque Cambiemos tuviese la voluntad de revisar estos argumentos, la reciente reforma laboral aprobada en Brasil, que arremetió contra todas las conquistas de la clase trabajadora del Estado Novo de Getulio Vargas, ofició como espejo y aval para justificar un cambio similar en el país, apalancado por la demanda recurrente del sector empresario.

La consultora Abeceb aseguró en un informe que la reforma laboral aprobada en Brasil "aumenta el desafío de competitividad en Argentina" ya que el país "acumula un rezago competitivo con el vecino producto en gran medida de la diferencia existente en términos de costos laborales, tanto aquellos vinculados al salario como otros que no" y refiere al ausentismo y a las vacaciones. "Este diferencial se ampliaría con la nueva reforma, principalmente en sectores transables y mano de obra intensivos", advirtió el estudio y detalló que el costo de indemnización en Argentina es 2,5 veces más caro que el de Brasil según datos del Doing Business del Banco Mundial.

El presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, tomó el guante y apuntó que "indudablemente la reforma de Brasil reducirá sus costos de producción, por lo que rápidamente los empresarios argentinos exigirán una reforma similar de modo de poder competir", pero "ese tipo de guerras comerciales históricamente terminó en las guerras mundiales, por lo que aún, en un contexto tan distinto al de entonces, no presagia nada bueno una competencia por bajar los costos de producción", dijo.

Además, "seguir reduciendo los salarios reales no beneficiará ni siquiera a los empresarios que aumenten su rentabilidad por bajar costos; al contrario, va a seguir deprimiendo la economía y los llevará a su propia quiebra", dijo.

En la Argentina, los funcionarios insisten en que la ley saldrá del consenso de un debate que ya está abierto entre sindicatos, empresarios, y políticos. "Lo estamos trabajando con las organizaciones sindicales desde hace uno meses y lo haremos con las fuerzas opositoras en el Congreso", indicó Quintana.

De todos modos, el gobierno ya se anticipó y comenzó a desplegar una estrategia propia para erosionar los dos frentes más duros que intenta doblegar: la Justicia laboral y el sindicalismo. A la arremetida de Macri acusando de "mafiosos" a los abogados laboralistas se le sumaron acciones más directas como la denuncia a dirigentes sindicales y la intervención de sindicatos, el más reciente fue el Canillitas que conduce Omar Plaini. Pero además, una arremetida contra los convenios colectivos con el argumento de la competitividad. El caso más claro en la región fue tras la crisis financiera de Sancor, cuyo auxilio financiero el gobierno supeditó a la reducción de los aportes patronales extras que las empresas realizaban al gremio de Atilra y la promesa de negociar un nuevo convenio colectivo.

El espíritu brasileño

La reforma aprobada en Brasil contempla que las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán sobre las disposiciones legales, en temas como el parcelamiento de las vacaciones hasta en tres veces. Quedan fuera del área de negociación asuntos como el salario mínimo, el aguinaldo o los aportes a un fondo de garantía que el empleado recupera en caso de despido, así como la licencia de maternidad, la prima de 50% por las horas suplementarias y las normas de seguridad.

También la legislación del país vecino prevé la posibilidad de una jornada de 12 horas de trabajo, con 36 horas ininterrumpidas de descanso y, una de las medidas más polémicas es que habilita a pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. Establece que "el empleador convocará al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese período, el trabajador no estará a disposición de esa empresa".

Además la ley crea la figura del trabajador autónomo exclusivo, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente. Podrá ser por "mutuo acuerdo" entre empleador y empleado, ya sin necesidad de validación sindical.

De ese modo, "dejará de ser obligatorio el aporte sindical y en adelante, esa contribución será opcional".

"La reforma laboral brasilera es muy profunda, altera la esencia del derecho del trabajo. Invierte la preeminencia de las normas, permitiendo que tengan más valor los acuerdos individuales que los colectivos", dijo Cremonte y recordó que "la razón de ser del derecho laboral es la de compensar la desigualdad real existente entre el trabajador individual y la empresa, a través de la intervención del Estado _mediante las leyes_ y de los sindicatos _con los convenios colectivos_", agregó.

A su juicio, "por supuesto que la no intervención del Estado en la relación capital trabajo es una falacia, pues en realidad ello implica permitir que el más poderoso se imponga sobre el más débil".

Así también lo explicó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien señaló que "Macri busca llevarse puesta la Justicia laboral", cuando insiste con la industria del juicio y los costos que esto acarrea, pero además "intenta modificar la relación entre capital y trabajo justamente a favor de los que tienen el capital".

La factibilidad de instrumentar una nueva legislación del trabajo para algunos encuentra sus límites en la movilización de la clase trabajadora y en el recuerdo de lo que dejó en el entramado social y productivo la década del 90, cuando, entre otras cosas, además de estar caracterizada por una alta desocupación, la tasa de asalariados en negro trepó del 27 a casi el 35% y el salario mínimo vital y móvil se mantuvo congelado en 200 pesos mensuales.

"Es posible que avancen porque ya sucedió, pero en Argentina vivimos una experiencia a en los 90 donde la flexibilización no tuvo ningún resultado ni en materia de ocupación ni tampoco de inversiones", dijo el abogado laboralista y asesor de la Unión Obrera Metalúrgica, Pablo Cerra, quien aseguró que dos argumentos como la competitividad asociada al menor costo laboral, como el disciplinamiento a las estructuras sindicales presentan en sí mismas contradicciones. "Al tiempo que se producen detenciones y procesamientos a sindicalistas, no se procesan empresarios y generalmente cuando hay una situación de corrupción o cohecho hay dos partes", dijo Cerra, para quien el gobierno "busca desprestigiar a las instituciones", en este caso la sindical y sus conquistas. Y en los casos que no puede hacerlo, apela a la represión del conflicto social, agregó el abogado.

Márgenes políticos

Sin embargo, el presidente del Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Jorge Elizondo, recordó que "más allá de la resistencia de las organizaciones sindicales, el gobierno ilegítimo y cuestionado de Temer en Brasil logró la aprobación de un proyecto de ley que implica la demolición del Derecho del Trabajo que desde 1943 se codificó en la consolidación de las leyes del trabajo y no hace más que legalizar los objetivos que siempre persiguieron las grandes corporaciones: la tercerización sin límites, imponer los salarios en forma unilateral mediante acuerdos privados, el debilitamiento y la desaparición de los sindicatos en la determinación de los salarios y demás condiciones de trabajo".

Así, Elizondo hizo hincapié en un punto clave a la hora de analizar si en el país habrá margen político y social para un cambio de este tipo. "Este cambio de régimen _ que inicia la reestructuración económica por la que venían bregando los grupos económicos y el capital financiero_ se logró sin borrar las apariencias representativas parlamentarias, prácticamente sin obstáculo, sustituyéndolas por el imperio del Poder Ejecutivo gobernando por decretos de necesidad y urgencia o decretos simples, con los que se llegó a modificar leyes o vetando otras que no fueran favorables a los intereses del capital concentrado a los que sirve, como ocurrió con la ley antidespidos", dijo.

Tambien advirtió que "el gobierno ha mantenido intacto el aparato del Estado, fortaleciendo su rol represivo desde el inicio a través de la declaración del estado de emergencia en seguridad, sin que exista la menor posibilidad de que este desborde pueda ser impedido a través de la Justicia".

Otro elemento disciplinador es el propio fenómeno del desempleo. Una encuesta de la consultora OPSM que dirige Enrique Zuleta Puceiro publicada en la última semana por el diario "El Cronista" indicó que casi el 35% de los consultados había sentido miedo de perder su trabajo. Pero ante la consulta sobre si al perder el trabajo considera que sería fácil volver a conseguir otro equivalente, casi el 60% respondió negativamente.

"Sí, efectivamente el desempleo opera como disciplinador", dijo Cremonte al ser consultado sobre la capacidad de resistencia que pueda tener el sector del trabajo frente a una reforma. Sin embargo, aclaró que "no es tanto como para permitir reformas tan profundas ya que esta clase trabajadora no es la de los 90, lleva una década de peleas, un ejercicio concreto de paritarias y varias batallas ganadas", aunque dijo que es fundamental que "los sindicatos se pongan a la cabeza de la resistencia".

El Ejecutivo contrarrestará con sus alianzas en el Congreso pero también presionará en los territorios, apelando a que los gobernadores se encolumen ante la amenaza del cierre de empresas.

"Las inversiones al país no llegan no por los convenios colectivos sino por otras cuestiones vinculadas al modelo económico que si no son abordados, no van a propiciar un mejor momento económico en el país", reveló el dirigente de la tripartita CGT, Juan Carlos Schmid y la historia lo confirma. Una publicación de la revista de pensamiento crítico latinoamericano Pacarina Sur que evalúa las reformas laborales en los 90, señala que políticas como "la reforma del Estado, las privatizaciones sin un adecuado sistema de regulación, la política monetaria que estimula las importaciones y desalienta las exportaciones, la desregulación de los mercados financieros, se vinculan con el desempleo y el trabajo precario".

Además, la publicación señala que "la apertura indiscriminada al comercio exterior debilitó la posibilidad de competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) ante la avalancha de productos extranjeros". Cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia.

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