El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defendió ayer el aumento de la tarifa del gas que impulsa el gobierno, al presentar una propuesta para que a partir de octubre será de hasta 237 por ciento para los usuarios residenciales y del 500 por ciento para todos los rangos de usuarios comerciales.
En su presentación en la audiencia pública que se desarrolla en la Usina del Arte de la Capital Federal, Aranguren precisó que el incremento "será de 203 por ciento promedio" (237, 176 y 122 por ciento según niveles de consumo), ya que se apunta a un "sistema más justo y equitativo", con "tarifa social y quita gradual de subsidios".
"Los subsidios se mantendrán para quienes realmente lo necesitan", planteó el funcionario, quien aseguró que de aquellos que paguen los aumentos, el 95 por ciento tendrá una tarifa "menor a los 500 pesos en un mes cálido; en un mes frío, de invierno", ese porcentaje bajará a "59 por ciento".
Aranguren, quien estuvo en el medio de una polémica esta semana por sus acciones en la petrolera Shell, de las que se terminó desprendiendo, fue el primer orador en la audiencia pública que ordenó la Corte Suprema en agosto pasado como condición para avalar eventuales subas tarifarias.
"En promedio, el consumidor residencial va a pagar sobre lo que pagaba el 31 de marzo, un aumento promedio de 203 por ciento", aseguró el ministro, el único de los 373 oradores anotados con 20 minutos para exponer.
Habrá aumentos promedio de 237 por ciento para los hogares de bajo consumo, contra el 297 por ciento de la propuesta anterior; de 176 por ciento en los casos de consumo medio, contra 235 por ciento del esquema previo, y de 122 por ciento en los casos de mayor consumo, contra 174 por ciento de aumento que se impulsaba antes.
Las facturas serán "para los consumidores de bajo consumo (56 por ciento del total) de 107 pesos promedio mensual antes de impuestos. Un hogar que no tiene acceso a la red y lo sustituye por un combustible alternativo, como el gas licuado de petróleo, termina pagando 299 pesos", comparó.
Los de categoría media, el 31 por ciento del total, pagarán 371 pesos por mes antes de impuestos, y la categoría más alta (13 por ciento del total) pagará 953 pesos.
En lo que respecta a los usuarios comerciales, se indicó que el 99 por ciento pagará una factura promedio de 488 pesos antes de impuestos, en tanto el 1 por ciento de mayor consumo (más de 22.366 metros cúbicos por mes) deberá abonar 24.579 pesos.
En los dos casos, el aumento será del 500 por ciento, menos que el 696 y el 575 por ciento, respectivamente, de la propuesta anterior.
Según Aranguren, el sistema de suministro de gas es "distorsionado, desigual, injusto y arcaico".
Al puntualizar sobre lo "injusto" del sistema, dijo que el año pasado los argentinos, incluso los que "no tienen acceso a la red de gas natural", pagaron subsidios por "5.700 millones de dólares".
Ese monto "lo hemos soportado, abonado todos para sostener el sistema", afirmó.
Gradualismo. Por ello, el gobierno "propone una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años", de modo de llegar "a cero en octubre de 2019, excepto "la Patagonia, Malargüe, y la Puna", que los tendrán "hasta octubre de 2022".
La administración mantendrá "la protección sobre los más vulnerables", con una "tarifa social que llegue a quien la necesita", sostuvo.
En la primera jornada de la audiencia los representantes de las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras defendiendo las rentabilidad del sistema, mientras los defensores del pueblo y dirigentes de las asociaciones de consumidores objetaron el cuadro tarifario.
En las exposiciones el aumento del gas fue calificado de "inconstitucional", se lo consideró "imposible de pagar" y "extemporáneo, por no conocerse la base del cálculo para establecer los aumentos", como el precio de boca de pozo y de transporte, por la mayoría de las organizaciones de defensa del consumidor (ver aparte).