La fortísima suba del combustible le puso piso a la inflación en julio y abrió una nueva temporada de aumentos de precios, tanto regulados, tal el caso de las prepagas, como los que están vinculados al sistema concentrado de comercialización de productos de consumo masivo. La devaluación de las últimas dos semanas aportó lo suyo con el efecto de indexación que tiene sobre la economía.
La devaluación fue la más rápida desde la de diciembre de 2016, cuando el dólar saltó en un día de menos de 10 pesos a más de 14. El gobierno minimiza la escalada y la considera una corrección necesaria. Entre otras cosas, para alentar la liquidación por parte de agroexportadores. Alguna inquietud tendrá, no obstante, ya que en los dos últimos días de la semana volcó a los bancos públicos y privados amigos a mejorar la oferta de dólares en el mercado para frenar la escalada, después de haber subido a 26% las tasa implícita de las letras del organismo (Lebac) en el mercado secundario.
La venta de bonos de deuda, la suba del riesgo país, las previsiones de un endurecimiento de la política monetaria en el exterior, los desequilibrios fiscal y externo, y el estancamiento de la economía local, aceleran las decisiones de pases de carteras de inversores. En la línea que inició hace varias semanas el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian, el "mercado" expresa su inquietud por la pericia del gobierno nacional para realizar los ajustes que esa criatura política financiera reclama.
La respuesta del gobierno a ese núcleo duro del electorado fue profundizar el ajuste y ofrecerlo para su plebiscito en las elecciones de octubre.
A la andanada de ataques del presidente a trabajadores, abogados laboralistas y gremios; la escenificación de recortes brutales en las pensiones sociales y las subas de tarifas; se sumó la difusión oficiosa de un plan de reformas previsional y laboral después de los comicios.
En todos los casos, con la mira puesta en la reducción de derechos y beneficios a los sectores de medios y bajos ingresos.
Al ritmo de las encuestas y en medio de la escalada del dólar y los precios, el jefe de gabinete Marcos Peña volvió tibiamente sobre sus pasos esta semana y dijo no muy convencido que no habrá ajuste después de las elecciones.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal postergó su sueño de convertirse en la Tatcher argentina y firmó un acuerdo salarial con los gremios docentes que perfectamente habría podido suscribir al inicio del año lectivo. Quedó en evidencia la apuesta política que realizó al profundizar un conflicto. En el sector privado, el gremio de camioneros arregló una paritaria del 27% real que llevó la pauta general de aumentos por encima del 25% y dejó en off side a sindicatos que se apresuraron a firmar por menos.
En el dividido panorama del sindicalismo argentino, perforar el techo de la paritaria es un premio a los gremios que se atrevieron a disputar ingresos, aun cuando el desempleo se profundiza, incentivado como política de Estado nacional. Mientras la Nación juega como el gato maula con los obreros de Mefro Wheels respecto del pago de los subsidios comprometidos cuando se sacaron una foto de campaña, decide intervenir tardíamente en el caso de Vassalli, la empresa que fue rescatada el año pasado por los concesionarios, el gobierno provincial y el gremio.
La irrupción es algo perversa: los nuevos dueños de la compañía gestionan su inclusión en el Programa de Transformación Productiva, el programa que brinda facilidades para desprenderse de personal en el marco de una supuesta reconversión.
"No hay Repros para nadie pero sí hay plata para financiar despidos", se quejó un referente de la UOM de Firmat en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde la empresa, que tiene ahora un mejor panorama que el de hace un año atrás, planteó el retiro a 150 obreros.
La obsesión volvió a aparecer en la reunión que la intendenta Mónica Fein mantuvo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para pedirle el financiamiento de obras que se perdió por la extraña negativa del PRO a votar el endeudamiento. La devolución, denunció la jefa de gobierno, fue que la planta de personal de la Municipalidad estaba sobredimensionada. La doble presión contra el empleo y los gobiernos locales, que se ven obligados a poner en marcha políticas contracíclicas para amortiguar los efectos del ajuste nacional y atender a los desplazados agrega en el escenario local un condimento extra a la disputa electoral que se viene.