Economía
Sábado 08 de Julio de 2017

Cumbre en Rosario de inquilinos de todo el país para impulsar un proyecto de ley

El Frente Nacional de Inquilinos realiza un congreso en la ciudad. Acuerdo con gremios para impulsar el proyecto de ley de alquileres

El Frente Nacional de Inquilinos y representantes de organizaciones gremiales, sindicales y de las pequeñas y medianas empresas se reunieron ayer en Rosario y firmaron un acta acuerdo para impulsar en forma conjunta el proyecto de ley de alquileres que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y ahora espera su tratamiento en Diputados.

El encuentro —que se convirtió en la previa al Congreso Nacional de Inquilinos que se desarrollará hoy en la ciudad y contará con la participación de entidades de gran parte del país— tuvo como eje principal que "los trabajadores destinan el 50% de sus ingresos al alquiler y esto no puede ser así".

Ansafé Rosario, ATE, Empleados de Comercio, Luz y Fuerza y Apyme unieron sus esfuerzos para que se vuelva a tener en cuenta el rol social de la vivienda y se salga de la lógica rentista de la tierra que llevaron a que "hoy un trabajador debe comprometer más de la mitad de su salario en alquiler, la expulsión de amplios sectores populares de los centros urbanos a las periferias, miles de viviendas ociosas fruto de la especulación inmobiliaria y aumentos constantes de los precios afectando la economía familiar".

Desde las entidades se instó a los legisladores a incluir en la agenda pública y que se plasme en políticas la problemática de los inquilinos.

Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular, recordó que "la problemática de la vivienda es muy grande y el eje del alquileres es uno de los principales". En ese sentido, precisó que "hoy 7 millones de argentinos alquilan".

"Ya conseguimos con la lucha de todas las asociaciones del país una media sanción en el Senado de la ley nacional de alquileres pero claramente el oficialismo esta frenando esto mediante el diputado (por Cambiemos Daniel) Lipovetsky. Más allá de eso pretendemos que los diputados de todo el país apoyen esto", explicó Roldán.

Vivienda digna

La necesidad de vivienda digna es tal que Roldán anticipó que se trabajará con Amsafé en la posibilidad de impulsar una política de vivienda pública en alquiler. Es decir que sea posible que el inquilino tras 20 años de contrato pueda acceder al inmueble.

El referente local contó que durante el encuentro se debatirá sobre la posibilidad de lanzar una consulta popular para sensibilizar a toda la población y explicar que los derechos de los inquilinos no deben ser vulnerados.

"La única forma de garantizarlos es mediante una movilización fuerte, que pretendemos hacerla en todo el país pero que va a comenzar en Santa Fe para que se garantice una nueva ley de alquileres, un registro de contrato de alquileres y un servicio público de alquileres", apuntó.

Roldán recordó que el proyecto de ley de alquileres que ya tiene media sanción abarata un 30% el contrato de alquiler y le permitiría mayor seguridad al inquilino en el marco de un contrato de alquiler más justo. Además, si por la inflación es necesario un reajuste se establecería mediante un coeficiente que toma en cuenta el salario y el costo de vida, y no de forma arbitraría, como se realiza hasta el momento.

Sobre el registro de contratos —que no está en la ley pero si se está discutiendo en la Cámara de Santa Fe— Roldán indicó que garantizaría saber quienes son los propietarios, que no haya abusos en esos contratos y garantizar una política pública diferente. "Que el Estado garantice el equilibrio que hoy no existe entre inquilino y propietario. Hay abusos permanente sobre los inquilinos que realmente son lamentables", subrayó.

La movida de los inquilinos continúa hoy de 10 a 18 en Empleados de Comercio con la realización del congreso nacional, que contará con la participación de referentes de 14 provincias, jurisdicciones en donde ya se han conformado agrupaciones que defienden los derechos de los inquilinos.

Durante el congreso se afinarán los detalles para poner en marcha una consulta popular en defensa de la vivienda digna y alquileres justos. La idea es imitar el sistema que se implementó para la consulta popular contra la pobreza en diciembre de 2001.

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