Economía
Martes 21 de Marzo de 2017

Caso Sala: cruces entre organismos y funcionarios argentinos

Organizaciones sociales y de derechos humanos se cruzaron ayer duramente con representantes de los gobiernos nacional y jujeño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Organizaciones sociales y de derechos humanos se cruzaron ayer duramente con representantes de los gobiernos nacional y jujeño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington por la situación de la dirigente Milagro Sala, incluso cuando el tema estaba fuera de agenda.

Se trató de una audiencia solicitada por organismos que denuncian la criminalización de la protesta social en Jujuy y en la que no se trató especialmente el caso de la líder de la Túpac Amaru, teniendo en cuenta que la Cidh estudia una solicitud de medida cautelar para pedir por su liberación, aunque el tema sobrevoló el debate.

Durante la audiencia, las organizaciones peticionantes (derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), Horacio Verbitsky) denunciaron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una "intolerable persecución" por parte del gobernador, el radical Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada.

Además, el Cels denunció la "supresión de derechos políticos y sociales" a sectores que realizan protestas en Jujuy y la "criminalización" del acampe por el que se acusó y detuvo a la líder de la agrupación y referente del kirchnerismo.

En respuesta a las acusaciones, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en la provincia "está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse".

"En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social", afirmó Miranda, quien señaló que durante 2016 hubo "1.191 manifestaciones" y que sólo se iniciaron "nueve causas" judiciales por las protestas.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos nacional, Claudio Avruj, dijo que hay "un compromiso manifestado por el presidente (Mauricio Macri) de avanzar en una sociedad que se base en el respeto" y expresó la voluntad del gobierno de "colaborar" con la Cidh.

"La Nación trabaja permanentemente en relación con las provincias, en este caso con la de Jujuy, analizando todos los temas. Creemos que estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina", señaló Avruj.

Poco después, el funcionario aseguró que el caso Sala "fue presentado como una cuestión política" en la audiencia y que la líder de la Túpac Amaru "no es una enemiga para el gobierno".

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