Economía
Jueves 13 de Abril de 2017

Allanaron sedesde la ProcuraciónGeneral de la Nación

Investigan supuestas irregularidades en la compra de un inmueble por parte del organismo que conduce Alejandra Gils Carbó

Cuatro sedes de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, fueron allanadas ayer por la Justicia federal en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la compra de un inmueble por parte de ese organismo.

Por orden del juez Julián Ercolini, y tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, la Policía Metropolitana realizó allanamientos en cuatro sedes oficiales y dos inmuebles particulares en búsqueda de documentación.

Los allanamientos incluyeron una sede de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores, que participó de la operación de compra-venta del edificio donde funciona la Procuración General, y la casa de Guillermo Bellingi, el funcionario del organismo que fue separado de su cargo a raíz de este expediente.

En los allanamientos se secuestró la computadora de Bellingi y en el edificio central de la Procuración se hizo entrega de los registros de visitas al despacho de ese ex funcionario.

Se realizaron operativos en la sede administrativa de la Procuración, ubicada en la avenida de Mayo (en el edificio de la polémica, y en otras dos dependencias del organismo emplazadas en la calle 25 de Mayo y en la avenida Belgrano.

Bellingi (contador) se desempeñaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y había sido subdirector general de la Procuración.

La investigación se inició a partir de una denuncia contra Gils Carbó por los presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de la compra en 2013 del edificio de la calle Perón 667, donde la procuradora tiene su despacho.

Fue el fiscal federal Carlos Rívolo quien realizó la investigación preliminar que apunta no sólo a Gils Carbó sino a su ex marido Héctor Alonso, vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación.

La sospecha surgió a partir del pago de una comisión de 8 millones de pesos a Jaureguiberry Asesores por parte de la firma Arfinsa SA, mientras que la primera de ellas subcontrató a Juan Thill para que intercediera en la operación.

Thill es hermano de Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración cuando se hizo la compra y ahora quedó bajo la lupa.

Ayer a la mañana Gils Carbó separó a Bellingi de su cargo y ordenó un sumario administrativo para que el fiscal Sergio Rodríguez, cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, examine lo actuado respecto de la licitación que terminó con la compra del edificio.

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