Política
Miércoles 18 de Mayo de 2016

Echegaray negó ante el juez haber protegido al empresario patagónico

El ex titular de la Afip Ricardo Echegaray negó ayer ante el juez federal Sebastián Casanello que no se hayan investigado a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas al empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero.

El ex titular de la Afip Ricardo Echegaray negó ayer ante el juez federal Sebastián Casanello que no se hayan investigado a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas al empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero.

Ante el juez federal presentó un escrito y contestó preguntas en las que explicó que quien tenía competencia directa en la investigación era la Dirección General Impositiva (DGI), no él, que cumplía un rol de "recaudador" de impuestos por el organismo que conducía.

Según Echegaray, cada dirección tiene su propia estructura y es la que dirige las investigaciones, y que por ello está además de la DGI, la Aduana y la Dirección de Seguridad Social, y él tenía la función de cumplir con la "meta de recaudación".

Echegaray fue indagado a raíz de que existen sospechas que protegió a las empresas de Báez, Austral Construcciones, así como las radicadas en la ciudad de Bahía Blanca, grupo Penta SA, Calvento SA y Constructora Patagónica Argentina SA, entre otras, y que habrían proveído a aquel de facturas apócrifas.

Según la acusación sobre Lázaro Báez, el lavado de dinero por el cual fue procesado tiene como delito precedente en el uso de facturas apócrifas.

Además, en la indagatoria el juez Casanello le preguntó por qué dispuso Echegaray el cierre de la regional Bahía Blanca, a lo que el empresario contestó que fue ante un conflicto gremial que arrastraba desde el 2010 esa sede de la Afip por los empleados que resistían una "unificación de horarios" de trabajo.

El ahora titular de la Auditoría General de la Nación fue acompañado por los abogados León Arslanián y Martín Arias Duval, ex director nacional de Migraciones y ex subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Junto con un escrito de descargo acompañó un pen drive con un video de una teleconferencia en la cual él instaba a distintos directores regionales a continuar con las investigaciones, y en especial a aquellas que proveían facturas apócrifas.

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