Policiales
Sábado 06 de Agosto de 2016

Dura denuncia por violencia institucional en Rosario

Distintas organizaciones sociales, políticas, académicas y de derechos humanos que acompaña a familiares de víctimas de la violencia institucional presentaron un pedido de audiencia al Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal, para denunciar "la grave situación que se registra en el departamento Rosario". Y manifestaron que "se trata de un fenómeno extendido, sistemático y con casos de extrema gravedad, entre los que se cuentan tres desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte", en referencia a Franco Casco, Gerardo "Pichón" Escobar y Alejandro Ponce.

Distintas organizaciones sociales, políticas, académicas y de derechos humanos que acompaña a familiares de víctimas de la violencia institucional presentaron un pedido de audiencia al Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal, para denunciar "la grave situación que se registra en el departamento Rosario". Y manifestaron que "se trata de un fenómeno extendido, sistemático y con casos de extrema gravedad, entre los que se cuentan tres desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte", en referencia a Franco Casco, Gerardo "Pichón" Escobar y Alejandro Ponce.

Según el documento, "el fenómeno se caracteriza por una inadecuada e insuficiente respuesta judicial, tanto por parte de los jueces como del Ministerio Público de la Acusación (MPA)". Y remarcaron que "por un lado hay investigaciones que directamente no se trabajan; en otras se incumplen los estándares internacionales para la adecuada detección, investigación, producción de pruebas y sanción llegando a la impunidad". Así, dicen, "estos hechos se siguen repitiendo mientras que el Ministerio Público de la Defensa (MPD) denuncia y litiga en los sistemas de Naciones Unidas y en el Interamericano".

Récord. Tras recordar que "en 2013 se registró un récord de homicidios dolosos en Rosario y se llegó al récord de casos de gatillo fácil", el documento sostiene que "en 2015 el MPD registró 274 casos de víctimas de violencia institucional, 407 casos de torturas y 15 casos de ejecuciones extrajudiciales en Rosario. Y, además, se relevaron 29 casos de violencia institucional desde que se implementó el nuevo sistema penal hasta diciembre de 2015".

"En relación al abordaje judicial de la violencia institucional (dice el texto) denunciamos patrones de respuesta policial y judicial inadecuados que producen impunidad. En la mayoría de los casos, las primeras actuaciones las realiza la policía. En algunos, incluso, los mismos policías autores o participes de los hechos, lo que permite la construcción de una versión de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos". Y manifiestan que eso "hace posible también la alteración de los escenarios, la introducción de evidencia falsa y el ocultamiento de evidencia incriminatoria".

Finalmente, el documento denuncia "dilaciones en las investigaciones judiciales y falta de impulso de los fiscales; o directamente la no investigación de los policías involucrados, intentos por calificar los hechos de manera menos gravosa que la que correspondería y de cerrar las causas con juicios abreviados, esto es sin investigación".

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