La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, negó ayer en un escrito enviado al Senado que haya adulterado las cuentas públicas y violado la Constitución, en uno de los últimos pasos de su juicio de destitución. Rousseff, suspendida de su cargo desde el 12 de mayo, optó por no dar su testimonio en persona ante la comisión especial de impeachment (juicio político), donde su fuerza es minoritaria, y su defensa fue leída por su abogado, el ex ministro de Justicia Eduardo Cardozo. "Lo que más duele en este momento es la injusticia, lo que más duele es percibir que estoy siendo víctima de una farsa jurídica y política", dijo Rousseff en su carta a los senadores. "No cometí ningún crimen de responsabilidad (...) Jamás desvié un solo centavo del patrimonio público para mi enriquecimiento personal o de terceros", añadió en el escrito que recorrió parte de su biografía, incluyendo su tiempo en prisión durante la dictadura militar (1964-1985). La presidenta, una economista de 68 años que militó en una guerrilla marxista en su juventud, no descartó defenderse en persona cuando el caso llegue al plenario del Senado, donde deberá superar dos votaciones antes de llegar a una sentencia.