El Ministerio de Educación Nacional resolvió iniciar las clases el 25 de febrero en la certeza de que la extensión del año escolar a 190 días implicará una democratización de la educación. La Ctera reclama —con razón— que la medida debió ser consultada con los trabajadores de la educación y advierte obstáculos, tanto por razones operativas como por condiciones concretas para su aplicación. Las buenas intenciones del gobierno y las observaciones críticas del magisterio nos convocan a reflexionar sobre si esta medida mejorará la educación que el Estado debe garantizar como derecho social. El problema no se ciñe a asegurar el acceso sino a establecer qué educación debe propiciarse.
La definición de "buena educación", lejos de concitar posiciones unánimes, es materia de controversia y disputa. Para la perspectiva tecnocrática neoliberal, la buena educación sería el resultado de operativos estandarizados de evaluación aplicados sobre poblaciones estudiantiles cuyos objetivos son establecer pisos de rendimiento, compararlos, responsabilizar a maestros y directivos por los potenciales fracasos, imponer una determinada visión del mundo a través de un currículo prescripto y convertir al Ministerio en un órgano evaluador de una competencia sistemática entre alumnos, docentes y establecimientos escolares.
Esta concepción impone unos contenidos incuestionables presuponiendo la primacía del saber experto, despliega un verdadero acto de violencia simbólica (pues impone un punto de vista y sanciona a quién no lo reproduce), subordina la práctica a la teoría, reduce a los docentes a aplicadores de un paquete pedagógico externo (enajenándolos) y condena a los educandos a la repetición de unos saberes hostiles y fetichizados que cobran el poder de premiar y castigar.
Perspectiva. Una perspectiva emancipadora se propone lograr la soberanía cognitiva y del entendimiento; el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad (saber pensar, saber decir, saber sentir, saber hacer, saber convivir); la formación de gobernantes para una democracia protagónica y participativa así como productores concientes para un modelo de trabajo liberador. Se trata de una educación para la vida, vinculada al territorio, que configura un modelo de trabajo docente desenajenado y colectivo, supera la fragmentación del conocimiento, repiensa los modelos de gobierno de la educación, las formas de planificar y evaluar, revisa la organización del tiempo y el espacio.
Precisa revisar las condiciones de enseñar y aprender: tiempos institucionales de trabajo; formación desde la práctica; promoción de una didáctica investigativa; salarios dignos, condiciones edilicias y una cantidad razonable de estudiantes por curso rehaciendo un modelo de trabajo docente bajo condiciones materiales, simbólicas y subjetivas adecuadas inspiradoras de una pedagogía liberadora, siempre en construcción.
Aspectos. La "buena educación", para nosotros, debe contemplar tres aspectos. Primero es asegurar adecuados niveles de redistribución, logrando garantizar el acceso, permanencia y egreso de toda la población al sistema educativo así como la apropiación crítico-reflexiva de saberes y conocimientos que contribuyan a un proyecto individual y colectivo de buen vivir.
Segundo, el reconocimiento entendido como soporte de las múltiples culturas que portan los actores que integran la comunidad en la que las instituciones escolares hacen vida. Configura construcción curricular que ponga en diálogo las culturas coexistentes.
Tercero, la participación plena y pertinente de los afectados en las decisiones, propiciando la formación de una ciudadanía responsable en un proyecto colectivo sustancialmente democrático.
Proyecto. Esta educación emancipadora demanda la responsabilidad indelegable del Estado y el acompañamiento de la sociedad en su conjunto. La Argentina impulsó desde 2003 un proyecto democratizador. Revalorizó el papel de la política como instrumento de transformación y va reconfigurando al Estado como una relación social y una red institucional enfilados a garantizar derechos sociales y humanos.
En materia de política educativa, se avanzó en la democratización del acceso a la educación, pero está pendiente reconstruir un gobierno nacional de la educación —democrático y participativo— capaz de contribuir a la configuración de un modelo pedagógico emancipador, a tono con los vientos de cambio profundo que arrecian en Nuestra América. Es sólo bajo estas definiciones que amerita el debate y la decisión alrededor de los 190 días de clase, asumiendo para qué, cómo y bajo qué condiciones se construye, de modo colectivo, una educación emancipadora.
(*) Secretario de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.