Edición Impresa
Sábado 14 de Diciembre de 2013

Derecho a conocer los derechos

Un recorrido sobre la revisión que dio lugar a los contenidos que conforman la educación ética y ciudadana en las escuelas

Tras la última dictadura cívico-militar, convivían en las aulas las mismas autoridades que habían acompañado con entusiasmo las proclamas golpistas, con otras que las habían resistido de manera más o menos abierta o sutil. Las lecturas del ciclo que se cerraba no eran unánimes y, tanto en las aulas como en la sala de maestros y profesores, se entremezclaban las voces de quienes repudiaban de raíz al régimen depuesto y quienes sólo denostaban sus supuestos excesos, errores o incoherencias. También suscitaban discrepancias las evaluaciones sobre el período previo al golpe de 1976 y, si bien había consenso en considerar que algún rumbo se había perdido, no lo había al enumerar los hitos que daban cuenta de ese extravío. Por otra parte, nada garantizaba que perduraría el nuevo ciclo democrático y el entusiasmo que despertaba convivía con temores comprensibles.

En ese contexto, la revisión de los contenidos de educación ciudadana se inició prontamente, en el verano de 1984, para dar a luz a la materia "Educación cívica", que se caracterizó por enunciados quizá débiles y escasamente atractivos para los adolescentes de entonces, pero abierto a un pluralismo hasta ese momento desconocido. Se buscaba enseñar a participar, aunque pocos enseñantes podían acreditar ricas experiencias en una sociedad que había desdeñado repetidas veces las formas republicanas y estaba teñida de autoritarismo.

Una década más tarde, al amparo de la ley federal de educación, entre los Contenidos Básicos Comunes (CBC) se incluyó un capítulo de "Formación ética y ciudadana". Con fuerte protagonismo de la ética, la ciudadanía se expresaba bajo un sesgo filosófico, con algunos aditamentos jurídicos y psicológicos, según lo indican las fuentes de aquella prescripción. Estos contenidos agregaban solidez conceptual, pero recibieron una destemplada objeción del tradicionalismo católico, que devino en una temprana modificación inconsulta. Por otra parte, el contexto de fuerte exclusión social y segmentación del sistema educativo tiñó la implementación de aquel programa. Curiosamente, varios libros de texto de la época se manifestaban críticos del neoliberalismo imperante y denunciaban tanto el achicamiento del Estado como el debilitamiento de los derechos sociales.

Ley nacional. En los años recientes, la ley de educación nacional contribuyó a reorganizar el sistema educativo, pero el espacio curricular destinado a la educación ciudadana se diversificó tanto en sus denominaciones como en sus enfoques. En el nivel secundario, coexisten asignaturas diversas entre las provincias y, en los diseños de nivel primario, la formación ciudadana se difuminó o quedó atrapada en las páginas de fundamentación general, sin presencia entre los contenidos específicos. Como contrapartida, nuevas efemérides contribuyeron a enfatizar la expectativa de forjar ciudadanía a través de los rituales y el tratamiento periódico de algunos hitos significativos del pasado nacional.

A tres décadas de aquella transición, aun adeudamos un debate rico y fecundo sobre la educación política que ofrecemos en nuestras aulas. La estabilidad en el nombre sería un buen primer paso hacia la consolidación de políticas públicas y la construcción de un campo específico de reflexión didáctica, que permitiera intercambiar experiencias, enfoques y propuestas. Se trata de constituir un cuerpo sistemático de saberes y quehaceres para la participación en el ámbito público. Se trata del derecho a conocer derechos, a descubrirlos y recrearlos, a denunciar las grietas irresueltas de la sociedad y deliberar sobre los modos de resolverlas. Se trata de concebir la enseñanza como un espacio de provocación cultural, porque enseñar en y para la ciudadanía significa habilitar al sujeto político que cada estudiante ya es, para que tome posición frente al mundo y proyecte los modos de transformarlo y transformarse en él.

(*) Artículo publicado en el Nº 32, de diciembre de 2013, de la Revista El Monitor del Ministerio de Educación de la Nación (elmonitor.educ.ar)

Comentarios