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Lunes 13 de Junio de 2016

Denuncian en la Justicia la instalación de antenas "ilegales" en San Lorenzo

Tras cinco años de reclamos administrativos, un abogado inició una demanda por daño ambiental agravado

Después de cinco años de reclamos administrativos respaldados por más de mil firmas de vecinos y autoridades institucionales, un abogado de San Lorenzo se presentó en la Justicia para que investigue el posible delito de "daño ambiental agravado", "conexiones clandestinas", y las responsabilidades que pudieran caberles a los distintos poderes del Estado local y sus órganos de contralor por el presunto incumplimiento de su poder de policía. El motivo: el emplazamiento en un radio muy reducido y sumamente concurrido de una serie de antenas de telefonía móvil, cuya permanencia es, argumenta el denunciante, ilegal.

Gabriel Filippini ingresó a la Fiscalía Regional de San Lorenzo una denuncia formal "por derecho propio y en ejercicio de representación pública y notoria de vecinos, instituciones intermedias y educativas del radio urbano de San Lorenzo".

Su objetivo es que sea la instancia judicial la que ordene las "medidas efectivas conducentes" hasta el desmantelamiento y remoción de las estructuras, que "no cuentan con los recaudos necesarios para ser habilitadas ni pueden seguir funcionando en el estado en que se encuentran".

El profesional considera que el Estado incumple "gravemente sus obligaciones al permitir la instalaciones de estas antenas en zonas que no lo permiten y con el agravamiento de que están instaladas de manera clandestina".

La situación denunciada se hace visible con sólo levantar la mirada desde la llamada esquina de los bancos, en Urquiza y San Martín, pleno corazón financiero, administrativo e institucional de la ciudad. Allí, en una sola manzana, se levantan cuatro antenas: una de radio y tres de telefonía, estas últimas de distintas dimensiones y características, además de un container donde funciona un potente acondicionador de aire que refrigera una de la estructuras.

Invocaciones. En su argumentación, el abogado invoca el artículo 41 de la Constitución nacional, las ordenanzas vigentes, y pasa por las leyes provinciales y nacionales, precedentes en otras ciudades como Rosario, y jurisprudencia internacional, además de enumerar los reclamos hechos en la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Medio Ambiente provincial, la Comisión Nacional de Comunicaciones, el Concejo y el municipio.

El reclamo tiene dos patas. La primera tiene que ver con que se garanticen los principios de prevención y precaución por los cuales, en aras de priorizar la tutela del ambiente y la salud de los habitantes, "sólo resulta suficiente la existencia potencial de causar un daño por la contaminación electromagnética para que se torne procedente la adopción de medidas concretas". Es decir, que la sola sospecha de que las radiaciones que emiten estas estructuras puedan ser perjudiciales para la salud es suficiente para tomar medidas preventivas.

La segunda es más visible, y tiene que ver con la seguridad de la gente. La posibilidad de que algunas de esas antenas pudiera caerse y causar una verdadera tragedia no es una simple especulación tremendista y ficcional. El 29 de agosto de 1993, un tornado ocasionó la caída y desmoronamiento de una anterior estructura, que si bien no causó víctimas fatales, generó "graves daños materiales y peligro potencial de electrificaciones, ya que al caer derribó todo lo que estaba a su paso". Otro antecedente, que no figura en la denuncia, se puede hallar en Rosario, donde el 27 de noviembre de 2000 una antena instalada en el Club Banco Nación se desplomó, causó serios destrozos y mató al operario Adrián Godoy, de 25 años.

Pero es el primer argumento (el de tutelar la salud de la población) el que se lleva la mayor parte del compendio argumentativo de la presentación. Allí se apela al principio precautorio, que fija que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá usarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente. Esto significa, palabras más, palabras menos, que no se debe esperar a demostrar que algo es dañino para tomar medidas, sino lo contrario: tiene que quedar debidamente comprobado que no lo es para justificar la permanencia.

También invoca el principio de prevención, por el que deben atenderse en forma prioritaria los problemas ambientales tratando de prevenir efectos negativos sobre el ambiente.

Filippini advierte que "si bien la comunicación por telefonía móvil constituye un elemento de progreso, es necesario que se desenvuelva bajo los límites de un desarrollo sustentable para la sociedad".


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