No fue hace tanto, pero parece que pasó un siglo: el Foro Social Mundial de Porto Alegre organizado por el PT convocaba a estrellas como Noam Chomsky y a entusiastas argentinos que todavía no habían descubierto las imaginarias cualidades revolucionarias del kirchnerismo. Hoy, Lula se hace ministro de apuro para tener fueros y evitar la prisión por enriquecimiento ilícito, sus hijos son sospechosos “empresarios”, su fundación recibe donaciones de gigantes corporativos a cambio de favores de su jefe ante gobiernos africanos y sigue un interminable etcétera de venalidades. En el medio hay 13 años de poder. Paralelos y diferencias -abismales- con el kirchnerismo: éste se inicia aquel mismo año como un típico gobierno del PJ, su radicalización es muy posterior; Lula empieza como el “primer presidente obrero”, pero ese primer gobierno se hace rápidamente conocido por desilusionar al público del Foro de Porto Alegre con sus políticas económicas ortodoxas. Y José Dirceu, entonces mano derecha de Lula, se ve comprometido al poco tiempo en actos de corrupción. Hace pocos meses, Dirceu estaba cumpliendo detención domiciliaria por aquellos delitos iniciales cuando el juez Sergio Moro lo encarceló por el “Petrolao”. Aquella primera corrupción petista era racionalizada por las bases como inevitablemente necesaria para hacer política y no terminar en un efímero paso por el poder, un breve paréntesis de 4 años entre los gobiernos conservadores de las élites brasileñas. Aquel primer escándalo hundió a Dirceu, además de José Genoíno, presidente del PT, y Delúbio Soares, tesorero. Nombre del affaire: “Mensalao”. Eran coimas para tener votos en el Congreso. Pecados veniales de un gobierno en minoría y hostilizado por las élites, sería la racionalización de entonces. Pero en ese tiempo ni el entonces presidente Lula ni nadie denunciaba “golpismo judicial” como ocurre ahora. Ante cada denuncia, ante cada arresto, la Presidencia sacaba un solemne comunicado en el que ratificaba su estricto respeto al Poder Judicial. Los jueces hacían un artificial recorte para dejarlo a Lula a salvo. Era un pacto tácito, que ahora el juez Moro y los fiscales dejaron totalmente de lado. Lula y Dilma, que siempre entregaron las cabezas de sus ministros cuando los jueces las requerían, ahora, cuando ven que vienen por ellos, denuncian el complot derechista. Esta acusación maniquea y oportunista no se sostiene. Entre otras cosas porque con el “Petrolao” o “Lava Jato”, antes que a Dirceu y el nuevo tesorero del PT, Joao Vaccari, ha mandado presos y condenado a los hijos dilectos de las élites empresariales. Marcelo Odebrechet acaba de ser condenado a 20 años; no fue ni será el último. ¿Las élites, presuntas autoras del complot destituyente, sacrifican a sus miembros más distinguidos con tal de terminar con Lula? Es esta otra diferencia esencial con el Mensalao y demás escándalos de los primeros años de Lula: entonces estaban involucrados típicos amigos del poder que se hacen empresarios gracias al dinero público. Figuras marginales, nunca reconocidas como pares por el establishment. La tesis del complot de la derecha tampoco funciona cuando se observa que la investigación golpea al principal partido opositor PSDB y a su máximo líder, Aécio Neves, acusado de tener cuentas secretas en el exterior, y que esta acusación la publica la revista Epoca, parte de esa prensa que supuestamente tiene la orden del “poder fáctico” de voltear a Lula. Lo mismo vale para el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha. Pero además, la acusación de golpismo desconoce lo más básico: si Dilma fuera destituida por el Congreso, no será un “golpe”, sino simplemente resultado de aplicar un mecanismo previsto en la Constitución. ¿Si se lo aplica al conservador Collor de Mello es un procedimiento ejemplar, si lo sufre Dilma es un acto golpista? La Constitución ordena estos procedimientos de emergencia cuando el presidente se queda, por su mala conducta, sin autoridad ante la sociedad, como le pasa hoy a Rousseff.
Ocurre, además, que el Poder Judicial y su brazo investigador, los fiscales y la Policía Federal, tienen en Brasil real independencia. Hace menos de un mes, por orden de Lula, se echó al ministro de Justicia, acusado de “no controlar” a la Policía Federal. El juez Moro cometió una falta grave al entregar las grabaciones a los medios. Pero respondió a otro exabrupto, el del gobierno al nombrar a Lula jefe de Gabinete para que tuviera fueros y se salvara de ir preso. El apuro en publicar su nombramiento en el Boletín Oficial habla a las claras de esto, y esas grabaciones pintan de cuerpo entero a un poder que obscenamente trata de salvarse como sea. Es este un PT que ya no tiene casi nada de aquel de 2003. En su lugar aparece un grupo de veteranos dirigentes demasiado acostumbrados al poder y a sus mieles.