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Lunes 24 de Marzo de 2014

Cuando las palabras terminan anticipando hechos concretos

Escuchas registradas en la Capital Federal activaron las sospechas de un magistrado rosarino sobre un plan para matar funcionarios.

El 16 de marzo pasado, es decir, hace ocho días, una investigación ordenada por la Justicia Federal detectó a dos personas presas conversando por teléfono cada uno en su lugar de detención. Tres días después de ese hecho, el juez a cargo de la causa, Carlos Vera Barros, leyó en su despacho la transcripción de esas escuchas y creyó que podía haber en marcha un plan tendiente a la eliminación física de funcionarios judiciales de Rosario. Por esa razón, libró ese mismo día un oficio de urgente trámite a la Fiscalía General a cargo de Julio de Olazábal para que actuaran al respecto.

Las escuchas, como está en la prensa desde hace dos días, aludían, entre otros, al juez Juan Carlos Vienna, al fiscal Guillermo Camporini y al policía de la División Judicial Luis Quebertoque. Los tres nombrados, sin que esto exprese juicio de valor sobre sus desempeños, tuvieron protagonismo en la persecución de delitos violentos conectados al narcotráfico en la que es, sin duda, la causa más resonante de los últimos dos años en la región. Quienes hablaban por teléfono aludían con bastante claridad sobre obtener domicilios, de conseguir vehículos en los que algunas de estas personas se movían, referían rutinas y decían tener personas para hacer el trabajo.

En algún momento decían: "Hasta que no muera un juez o un fiscal, en Santa Fe no va a pasar nada". Todas esas referencias no son más que palabras. Palabras que completan 26 páginas de un par de documentos judiciales que no significan prueba de nada. Lo único que hay de real al respecto son las escuchas y ninguna evidencia categórica siquiera de los actos preparatorios de un delito en gestión.

Pero las palabras a veces anticipan hechos concretos. La misma causa judicial donde se captaron esas palabras es un ejemplo. Hace 40 días, Vera Barros supo por escuchas que un grupo de rosarinos preparaba un tráfico de estupefacientes desde Salta. Por lo que esas palabras traían bajo la investigación de los fiscales ordenó un operativo en varias localidades del norte. El resultado fue la detención de cuatro personas y el secuestro de 80 kilos de cocaína.

Referencias que no eran más que palabras, y que entonces no eran prueba de nada, permitieron el decomiso de un cargamento de cocaína y el procesamiento, la semana pasada, de seis personas por ese delito. No todos los hechos son iguales. Pero estábamos entonces frente a indicios serios de tráfico de droga. Y estamos ahora ante indicios que a un juez le parecieron la antesala de un posible atentado. Y las dos cosas ocurren en la misma causa judicial.

Algo destacable frente a la polifonía de interpretaciones políticas surgidas a propósito de estos hechos es que las escuchas se realizaron fuera de la provincia.

La transcripción de lo captado la hizo el policía E.A.A. de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en un ámbito por completo ajeno a la esfera del Poder Judicial de Santa Fe.

Fue en una investigación iniciada en septiembre por el fiscal federal Juan Patricio Murray que, como es de dominio público, enfrentó por cuestiones de procedimiento las actuaciones de Vienna que tocaban a Los Monos.

La criminalidad, la violencia y el narcotráfico en Rosario son, desde hace dos años, eje de atención nacional. En Santa Fe el tema es epicentro de un debate político público que se mueve a intervalos entre la racionalidad y el acaloramiento. Entre los actores que discuten hay quienes tienen más y menos elementos de juicio, lo mismo que de análisis.

En ese marco, a partir de lo dicho, se discute si se puede o no hablar de un plan para matar funcionarios. Frente a ello, lo primero a decir es que quien lo hizo fue el juez federal ni bien tuvo en sus manos las escuchas. Vera Barros suscribe en el oficio 1.140 del miércoles pasado que "se encontraría en plena elaboración un plan para atentar contra la integridad física y/o vida de funcionarios judiciales y/o jueces y/o fiscales". Y lo remite "dada la gravedad de los posibles hechos sobre los cuales se refieren y la inminencia de los mismos".

Lo segundo a formular sería: si aparecen escuchadas dos personas hablando de la casa que un juez tiene en el departamento Rosario, lo que coincide con la realidad; si los interlocutores mencionan disponer de la dirección del policía Quebertoque; si Vera Barros indica que hay una persona que se moviliza en un Peugeot 207 que ejecutaría algún tipo de plan y que el usuario del teléfono intervenido sería su ideólogo, si remarcan que hay que actuar con celeridad, ¿es discutir si se trata de un plan o no la parte más relevante del asunto?

Las dos personas a las que se atribuye estar hablando, lo que también deberá ser probado, son Germán Almirón y Arón Treves. El primero es un policía de la División Judicial detenido por facilitar la fuga de un preso en una investigación sumaria en la que colaboró su compañero Quebertoque. El segundo es un hombre procesado por transporte de pasta base de cocaína y como partícipe de un homicidio.

Los dos tienen motivos, desde sus posiciones subjetivas, para estar irritados con las personas que se mencionan como posible blanco de un ataque. Eso no los convierte en culpables pero deposita un motivo razonable de sospecha frente a lo elocuente de su diálogo.

El tratamiento de esos temas en la prensa abre inevitablemente juicios públicos o interpretaciones sobre los periodistas que los refieren, sus alineamientos políticos, sus intenciones. No es bueno ni malo: apenas inevitable. Pero es un poco agobiante que frente a la evidencia de un posible atentado mucha gente se pregunte, cómo hecho principal, para quién juega el que escribe. No se trata de eludirla.

El gobierno de Santa Fe dice que todo esto es consecuencia de que frente a la criminalidad se está actuando bien. Es una interpretación, como no podía ser de otra manera, política. Y admite ser rebatida de maneras múltiples. Estar haciendo algo no es equivalente a estar haciéndolo bien. Pero eso, a criterio de quien firma, es campo de otra discusión. Decir que Vienna, Camporini o Quebertoque aparecen como blanco de amenazas no significa, tampoco, una manifestación de simpatía o antipatía por ellos. Significa simplemente, aunque eso no pueda ni deba quedar allí, hacer constar lo que un juez federal sospechó, a partir de unas escuchas registradas de modalidad directa en la ciudad de Buenos Aires.

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